En materia judicial hay un cronómetro que está en cuenta regresiva desde el año pasado, cuando la Corte Suprema consideró como inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura, ordenó que se vuelva a la forma anterior y le dio un plazo de 120 días al Gobierno para que avance con una nueva ley.

Ese deadline, que se cumplirá en abril, se encuentra más cerca de lo que varios piensan al punto tal de que, por estas horas, hay varios que desde la oposición ya dan por descontado que no se podrá sancionar una nueva ley y que se volverá a la composición de 20 miembros, en la que el presidente de la Corte Suprema es el titular del cuerpo.

Diversas fuentes consultadas por BigBang al respecto consideran, independientemente del espacio político o judicial al que pertenecen, que con la composición anterior en un escenario de equilibrio como el que se vislumbra, ante la dificultad del Frente de Todos y Juntos por el Cambio de consensuar una ley debido a que se requiere una mayoría especial de dos tercios de la totalidad de legisladores, los “vicios” del Consejo se mantendrán iguales o peores.

“Si ahora ya es difícil terminar el proceso para elegir o remover a un juez, a partir de abril va a ser mucho más complejo. Casi imposible”, remarcó una alta fuente del Consejo de la Magistratura que se encuentra al tanto de las negociaciones para avanzar. Sobre esto incluso hablaron en la última semana en los diferentes encuentros de bloques en el Congreso. 

“La solución más republicana es que el Congreso dicte una nueva ley orgánica. Los principales puntos que debe contener la ley incluyen que la Corte, a través de uno de sus miembros, integre el Consejo y lo presida, mejorar el procedimiento de los concursos y la gestión presupuestaria, e incrementar las auditorías y controles de gestión del Poder Judicial”, manifestó el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli. 

En el Frente de Todos la situación no es diferente. La intención de la Casa Rosada es que la ley salga, incluso se incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias; pero la salida de la jefatura del bloque de Máximo Kirchner puso un parate en todas las negociaciones al punto tal de que con temario y convocatoria las sesiones extraordinarias brillan por su ausencia. “En este escenario no podemos pensar mucho más allá de conseguir los votos para el acuerdo con el FMI”, se sinceró una alta fuente parlamentaria del Gobierno. 

Dicho eso, el escenario siguiente pasa por la elección de jueces, fiscales y académicos para completar la composición de 20 del Consejo. Aunque todavía hay dudas sobre la fecha de la elección por los abogados, en lo que queda el tercer escenario que se baraja, existe un acuerdo para que todos los cupos sean ocupados por mujeres.

“No hay obligación de paridad pero tenemos que impulsar sí o sí ese cambio”, explican fuentes judiciales. De esta forma, casi la totalidad de los 6 miembros que se sumarán serán mujeres, incluso los que vienen por parte de la política. Pero todavía no está claro que se pueda hacer la votación en sí.

Sucede que había un acuerdo por parte de los abogados para que se haga el 15 de abril. Sin embargo, el Colegio de la Ciudad quiere que sea el 26, junto con la renovación de sus autoridades. Esto generó una presentación judicial. ¿Qué pasa si no hay elección? El Consejo no respetaría un fallo de la Corte Suprema. 

Pero no sólo eso. “Si no puede funcionar porque no tiene su plantilla completa, ¿se paraliza el Consejo? ¿Se dejan de pagar los sueldos de la Justicia? ¿O solamente quedan afuera las cuestiones que se resuelven mediante el plenario? Hay demasiadas dudas todavía con la fecha tan cerca”, agregó otra fuente conocedora de los manejos que se dan en el Consejo.