"Los radicales son huéspedes de la Argentina, los peronistas son los dueños. Los radicales piden permiso para sentarse en su propio living; los peronistas dicen: ‘vos te ponés acá, este otro se sienta allá y aquel que agarre sus cosas porque se va’". Así definía días atrás un inteligente parlamentario conservador las fuerzas mayoritarias. El peronismo, en realidad el peronismo disidente, ha comenzado a tomar nota de la peligrosidad de esa cultura del avasallamiento, de su alto contenido irritativo y del escollo que significa para la construcción de un sistema de partidos. El kirchnerismo, lejos de pensar en desembarazarse de esas características que emponzoñan su relación con las clases medias, las ha convertido en un atributo de gestión. Se postula como la más exasperada versión de ese "adueñamiento": ha convertido en política la confiscación de la palabra, lo que no es si no un modo de confiscar –y reescribir– la realidad y la historia.

El domingo 21, la Presidenta reunió en Olivos la totalidad de su milicia legislativa. Se trataba de imbuirlas del espíritu de victoria o del coraje necesario para condenarse al sacrificio. Habló y no los escuchó. Poco dotada para electrizar auditorios, impartió una lección de técnicas parlamentarias –a ellos, en muchos casos veteranos en esas lides–, larga y autorreferencial. Contó de qué modo las minorías en los recintos, de buenas a primeras, se transforman en mayorías en la calle. Y si la contienda se pierde, les dijo, siempre quedará el veto, una facultad constitucional que, si está allí, es para ser usada. Los fantasmas de la Presidenta, sus obsesiones, también fueron convocados al quincho. Un triángulo conspirativo que sintetizó en la anécdota de una diputada y el chasco de una denuncia basada en un error periodístico. La Presidenta apuntaba a una legisladora del Acuerdo Cívico a la que omitió identificar porque "son tan intrascendentes que no vale la pena ni nombrarlos". Olvidaba que la diputada en cuestión había sido votada por 344 mil porteños, es decir por un 50 por ciento más de electores que los que contiene el padrón de la provincia de Santa Cruz. Fue un largo monólogo. Lo sabía Luis Viana, el senador misionero, cuando desistió de concurrir porque presintió que se trataría de "una reunión social en la que sólo hablará la Presidenta". La anfitriona había confiscado la palabra de sus legisladores y adelantaba que confiscaría la de un Parlamento hostil, pero fácilmente reemplazable por el decreto y el veto.

El 24, en el aniversario del golpe militar, la voracidad expropiatoria alcanzó una cota más alta. La jornada puso en juego la masa crítica con que los patagónicos buscaron blindarse y compensar la orfandad con que llegaron a la Casa Rosada. Una "transversalidad" en la que se amontonaron socialistas, antiguos miembros de organizaciones guerrilleras, organismos de derechos humanos, ciudadanos biempensantes, ex menemistas, frepasistas desocupados y hasta los radicales de Julio Cobos. La amalgama mágica era la suma de dos promesas: el castigo a los delitos de lesa humanidad y la certeza de que ese desconocido que arribaba al poder no dejaría sus principios en la puerta de la Residencia. A qué principios se refería el nuevo presidente Néstor Kirchner siempre fue un misterio a descifrar. Los juicios a los represores siguieron su ritmo cansino y cada crisis del gobierno fue acompañada por la captura de algún nuevo o viejo verdugo. Para volver a los antiguos fervores, este 24 de marzo debía ser un día kirchnerista. Y lo fue. El Gobierno confiscó para ello la plaza y la voz. Tres grupos, con una cronología estricta y escalonada, se disputaban el derecho a expresar con qué contenido se traía al presente aquella fecha aciaga. Sin embargo, el secretario de la Presidencia Oscar Parrilli había zanjado de antemano la discusión con la instalación de un tinglado descomunal desde el que Hebe de Bonafini oficiaría de alter ego de los Kirchner. La presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo agradeció el privilegio con un llamamiento a seguir sosteniendo a la pareja presidencial y a escuchar únicamente las verdades cristalinas que surgen de las pantallas del Canal Encuentro, de Canal 7, los micrófonos de Radio Nacional y los de la propia emisora. Las otras dos convocatorias habían quedado arrinconadas, confinadas a los márgenes de la Plaza, a los suburbios de los espacios televisivos. Era el resultado de un largo y grosero proceso de confiscación. El Gobierno había logrado imponer su voz en la Plaza.

Por la mañana, en la ESMA, la ceremonia oficial había culminado con dos discursos y un único protagonismo, el de Cristina Fernández, que dirigió el último tramo de su intervención a un interlocutor presente, la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, y a otro ausente, el Grupo Clarín. Los nombres de Ernestina Herrera de Noble y de Felipe y Marcela Noble Herrera estaban detrás de las alusiones a "la impunidad del poder mediático" y "la identidad que usted está tratando denodadamente de buscar". El homenaje a las víctimas de los años sombríos era la caparazón que camuflaba el nuevo capítulo de una guerra personal. En la pequeñez de esa escaramuza no hubo lugar para Jorge Julio López y Luciano Arruga, un anciano y un muchachito desvanecidos en el aire, dos desapariciones de estos tiempos que bien podrían adjudicarse a la barbarie estatal y paraestatal.

Pero el Gobierno, metamorfoseado en guardián de la memoria, ha colocado fecha de caducidad a las violaciones de los derechos humanos. La fecha de nacimiento de sus preocupaciones es, en cambio, borrosa. Milagros Pierini, antigua luchadora del MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) de Santa Cruz cuenta que en los aniversarios del golpe militar, el entonces intendente de Río Gallegos y luego gobernador Néstor Kirchner solía impedir que las puertas de los polideportivos provinciales se abrieran para hacer lugar a los actos de recordación. Ella jamás obtuvo una audiencia. El 24 de marzo nunca fue feriado en Santa Cruz.

Como una cuña entre el encuentro de Olivos y los actos del Día de la Memoria, la muerte de dos adolescentes desataba una pueblada en Baradero. Las cacerías cotidianas de los agentes de tránsito y las multas con que se llenaban las arcas municipales habían sido la chispa. El pasto seco sobre el que hizo combustión –lo dicen los mozos, los comerciantes, los concejales opositores, los periodistas y los compañeros de colegio de los chicos fallecidos– fue el estilo estatuario impuesto por una estirpe que administró la ciudad con mano dura durante 20 años. "No registra la realidad. Esto era una olla a presión. Todo se resuelve entre el intendente y dos más. Los llaman los tres mosqueteros. Y bueno, tiene de dónde aprender ¿no?", es la explicación generalizada. Los baraderenses hablan, de algún modo, de esa misma confiscación. El gobierno nacional guardó un silencio sepulcral respecto de esos hechos: ignorar los sucesos desagradables (sobre todo cuando el objeto de la furia es un hombre de sus filas) forma parte de su estilo.