Barbara Komarovsky

Franco Picardi asumió al frente de la fiscalía federal 5 hace diez años, por concurso. El fiscal, que en junio cumplió 46 años, investiga la presunta corrupción de la que se habrían beneficiado funcionarios de primera línea del gobierno, entre ellos la secretaría general de la presidencia Karina Milei, y que tenía su base de operaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

 El viernes 14 de noviembre, luego de casi tres meses de investigación, Picardi firmó un dictamen de casi 300 carillas en el que se refirió a las “acciones ilícitas” que se llevaron a cabo por “acuerdos espurios” entre funcionarios y funcionarias de la Andis y “personas del sector privado vinculado a las droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia”.

“Todas estas personas, de manera coordinada y de común acuerdo, integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad y especialmente vulnerable que goza pensiones no contributivas y no posee otra cobertura de salud”, afirmó, y con ese argumento pidió al juez que instruye la causa, Sebastián Casanello, una serie de detenciones e indagatorias que comenzaron esta semana: a partir del martes, por los tribunales federales de Comodoro Py pasaron Miguel Ángel Calvete –a quien señaló como director “para-estatal” de la Agencia–, Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y la ronda de indagatorias continuará hasta la primera semana de diciembre, con otros doce imputados.

Caso ANDIS: las defensas apuntan al fiscal Picardi y al origen de la causa

Picardi ingresó al Poder Judicial como “meritorio” a los 18 años, en 1997, y ocupó “todos los cargos del escalafón”, según describe en su curriculum vitae. Trabajó en el Ministerio Público Fiscal, en el Poder Ejecutivo y en el Ministerio Público de la Defensa. Entre mayo de 2011 y febrero de 2014 fue Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En ese período el titular de la cartera era Julio Alak, hoy intendente de La Plata. Y su segundo, Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense.

En mayo de 2015 obtuvo acuerdo del Senado para acceder a su cargo de fiscal, desde donde hoy investiga la trama de corrupción que preocupa al Gobierno libertario.

El concurso por el que accedió a su cargo en su momento fue objetado por un abogado y la denuncia se archivó por inexistencia de delito. En los diez años al frente de la fiscalía intervino en causas penales de alto impacto, como el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la megacausa de espionaje ilegal y por la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Además de su trabajo en la fiscalía, Picardi es vicepresidente segundo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional en representación de la Lista Celeste, más progresista que su rival, la Bordó, que históricamente gana en las elecciones de la gremial de jueces y fiscales y que responde al sector más conservador de la Justicia.

"Un análisis integral no se debe limitar a la investigación de funcionarios"

En un reportaje que dio a la revista Quórum en marzo de este año, casi seis meses antes de que recayera en la fiscalía a su cargo la trama de presuntos sobornos en torno a la Andis, dijo que “la corrupción es una de las caras de un fenómeno criminal más complejo y más abarcativo, que es la criminalidad económica. Por ende, un análisis integral de este tipo de casos no se debe limitar a la investigación de las personas que ejercen la función pública, sino que debe ampliarse la perspectiva y visión del fenómeno, avanzando hacia la identificación del conjunto de relaciones, actores y sectores involucrados”.

En esa nota también valoró el sistema acusatorio, que delega la investigación de las causas en los fiscales, y la labor de la policía. “Es fundamental el trabajo coordinado y dialogado entre éstas y las fiscalías”, señaló.

Sergio Mastropietro: el nexo entre Federico Machado y la causa de la ANDIS

Federico “Fred” Machado estaba en Guatemala cuando supo que la Justicia de EE.UU. quería hablar con él. Habló con el fiscal y le confirmó que había sacado pasajes a Texas con escala en México, con el objetivo de que nadie dudara de su buena predisposición. Fue un engaño: cuando aterrizó en suelo mexicano, se subió a un avión que lo llevó a la Argentina, donde permaneció cuatro años con pedido de extradición. En el aeropuerto de Buenos Aires lo esperaba un viejo conocido y socio: Sergio Mastropietro, uno de los nombres clave en el entramado de corrupción que describió el fiscal Franco Picardi en la causa de la Andis.

Mastropietro es el apellido que conecta a los dos escándalos más importantes de LLA. Por un lado, en el dictamen del fiscal Picardi es descrito como el operador financiero y persona de confianza de Miguel Ángel Calvete. Por el otro, fue socio de Machado, el empresario investigado por narcotráfico en EE.UU. y que financió la campaña de José Luis Espert en 2019, un dato que se confirmó durante la campaña y que forzó la baja de la candidatura del economista.