El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano ultimaba ayer su penúltima estrategia con dos objetivos evidentes: imposibilitar que el referéndum revocatorio pueda ser realizado este año e impedir también que la recolección del 20% de las firmas contra Nicolás Maduro se convierta en una avalancha popular contra el chavismo.

Las cuatro rectoras chavistas y el representante opositor recibieron las propuestas de sus técnicos, que confirman que el siguiente paso del tortuoso proceso no se realizará hasta finales de octubre y no en septiembre, como exigía la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). De esta forma son más de 115 días de retraso los cosechados por el chavismo desde que la oposición, a instancias del gobernador Henrique Capriles , iniciara el proceso a principios de marzo.

Una fecha final que es trascendental para el futuro de la revolución: de ser revocado este año el "hijo de Chávez", la Constitución obliga a que se realicen unas presidenciales imposibles para los bolivarianos, según todas las encuestas; de producirse más allá del 10 de enero, el propio Maduro elegiría a dedo a su sucesor, quien gobernaría hasta finales de 2018.

Para redondear la estrategia oficialista, los técnicos diseñaron un plan que sólo contempla la instalación de 5392 captahuellas distribuidas en 1355 colegios electorales, de las 40.000 máquinas que posee el CNE y de las casi 20.000 que pedía la oposición. Una petición en absoluto descabellada: el poder electoral instaló casi 4000 centros de votación durante las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2015.

El CNE estudia cómo dificultar el acceso a los opositores, como ya hizo en la recogida del 1%, todo un calvario: pocas máquinas en los centros de mayor apoyo y más número de votantes y un buen número en lugares alejados y en territorios chavistas. La oposición deberá así pelear duramente otra vez, pese a que entre 11 y 13 millones de venezolanos (68% de los electores) están decididos a revocar a Maduro, según las encuestas.

"Lo que se oye, se ve y se siente es que tenemos 20 millones de venezolanos que quieren expresarse. Tienen terror a que los venezolanos ejerzan su derecho. Ellos, gobierno y CNE, están negociando y sacando cuentas para poner las máquinas y horas justas que permitan poner la huella a sólo 4 millones de venezolanos y no más, para disminuir la participación", adelantó Capriles. La oposición concentró en torno a un millón de personas en Caracas el pasado 1° de septiembre para exigir precisamente las condiciones para el 20%.

Luis Emilio Rondón, único no oficialista entre las cinco autoridades del Poder Electoral, advirtió antes de la reunión que debe imponer el modus operandipara la recogida, que el CNE no puede repetir otra de las trampas del 1%. En aquella ocasión, el poder electoral obligó a que cada estado del país alcanzase la cifra, que ahora sería del 20%, pese a que no lo exige la Constitución. "El cargo de presidente es de una circunscripción nacional. Para activar el referéndum revocatorio que se intentó contra Hugo Chávez en 2004 no se exigió un mínimo de votos por estado", aclaró.

"La Constitución no es papel higiénico. En 2013 el señor Maduro perdió en ocho estados, así que si tomáramos esos resultados, él no podría gobernar todo el país. Si es así, esos estados serían repúblicas independientes en este gobierno", sentenció Capriles.

A las voces de la oposición se han sumado distintos actores, tanto nacionales como internacionales. En Venezuela, el cardenal Jorge Urosa, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, pidió al CNE que no retrase más el revocatorio "sin ninguna razón y de forma indebida".

De la misma forma se han expresado Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y los gobiernos de la Argentina, Colombia y Brasil, entre otros, además de la diplomacia norteamericana.