Por Hernán Cappiello |

El líder de la CGT, Hugo Moyano , teme ir preso. Por lo menos eso piensan los aliados que se mueven con cuidado a su alrededor para no quedar solos frente al Gobierno o excesivamente vinculados al camionero, en caso de que caiga en desgracia judicial. Causas abiertas en Tribunales no le faltan a Moyano como para alimentar esa preocupación, que se extiende también a parte de su familia, investigada por la justicia federal.

Sin embargo, en ninguno de los seis expedientes abiertos en la Argentina en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se lo investiga por negociados con el gremio, la obra social y empresas en las que su familia maneja negocios que proveen al sindicato, su libertad corre peligro inmediato, dijeron a LA NACION fuentes judiciales que manejan esos expedientes. Los casos están activos, pero caminan con un ritmo que ni la febril intensidad del conflicto sindical de estas semanas logró alterar.

Paralelamente, la justicia suiza pidió a la Argentina datos sobre las causas contra Moyano y su familia porque tiene abierta una investigación a partir de un depósito de 1.870.000 dólares que hizo Ricardo Depresbiteris, dueño de la empresa de recolección de residuos Covelia. Las noticias sobre los supuestos vínculos de Covelia con Moyano -desmentidos por ambos- y las denuncias de corrupción sobre el gremialista hicieron que la fiscal suiza María Antonella Bino pidiera en 2011 informes a la Argentina para determinar si esos fondos son un intento de blanqueo de dinero de origen ilegal. El juez Norberto Oyarbide es quien -tras un año de demora- reunió datos sobre las causas contra Moyano y su familia para enviarlas a Suiza. Los tiempos se dilataron porque la Cancillería entendió que el pedido suizo estaba incompleto.

Esas actitudes hicieron que la diputada Graciela Ocaña denunciara al canciller Héctor Timerman por obstrucción de la Justicia, en una activa causa que tiene el juez Daniel Rafecas. Los suizos siguieron acumulando información sobre los movimientos de esa cuenta y sus depósitos. Y esperan.

A estas causas se le suma la denuncia realizada esta semana por el Gobierno, en la que Moyano está acusado de extorsionar a funcionarios públicos. Ese caso -se discute si lo debe investigar el juez federal Sergio Torres de la Capital o un colega suyo del conurbano- parece destinado a languidecer.

En cambio, tuvo avances este mes la penúltima iniciativa oficial contra Moyano, a partir de la presentación que realizó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a cargo de Guillermo Noailles. Allí Moyano, allegados y funcionarios de la Administración General de Puertos están acusados de recibir de manera irregular por diez años, sin licitación, dos predios en el puerto de Buenos Aires y tener la facultad de cobrar 14 dólares por cada contenedor que se mueve allí, para certificar la integridad de la carga y la aptitud del transportista.

Otra causa que avanzó, salpicando a Moyano, pero sin alcanzarlo, es la que investiga la compra de medicamentos oncológicos realizada por la obra social. Allí el juez Claudio Bonadio detectó que hay unos 200 troqueles del medicamento para la leucemia Herbitux que fueron falsificados para simular así que fueron adquiridos por la obra social y cobrar reintegros del Estado por unos 400.000 pesos.

En esa causa fue procesado el segundo de Moyano en la obra social, el administrador Roberto Nieto, quien va camino al juicio oral y público. Moyano, que es el número uno, no fue alcanzado. Se suma a Hugo Sola, ex titular del APE (Administración de Programas Especiales, el organismo dedicado a otorgar los reintegros). También está procesado Marcos Hendler, de Droguería Urbana, proveedora de remedios para los camioneros. Mientras el caso de las falsas compras de Herbitux va a juicio, Bonadio se concentra ahora en analizar las compras de medicamentos para el sida que supuestamente realizó el gremio de camioneros.

Otra causa colateral, pero en la que también está mencionado Moyano involucra a Covelia por supuesto lavado de dinero. La denuncia fue del fiscal Carlos Stornelli y la causa la tramita el juez Rodolfo Canicoba Corral. Antes de tomarse una licencia, Canicoba Corral ordenó hacer una batería de medidas de prueba. Allí se trata de establecer si Covelia, cuyas oficinas fueron allanadas, lavó 1.300.000 dólares, mediante autopréstamos.

Las investigaciones que acechan al camionero

Paro de camioneros

El líder camionero fue denunciado por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, bajo el delito de extorsión, en el contexto del paro de transportistas petroleros.

Vínculos con Covelia

Pese a que siempre desmintió cualquier relación con la firma, Moyano es investigado por un depósito realizado por un directivo de esa empresa en Suiza.

Administración de puertos

El secretario de la CGT y funcionarios de la Administración General de Puertos están acusados de recibir dos predios sin licitación y cobrar tasas e impuestos.

Compra de medicamentos

El juez Bonadío procesó a dirigentes de APE y al segundo de Moyano en la obra social de Camioneros por la causa de medicamentos oncológicos.

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