Por ARI LIJALAD

Mauricio Macri compartió abogados con Maria Lilia Gómez Alonso, la jueza que fue clave para que el caso Correo Argentino siga sin resolverse desde hace casi 22 años. Se trata del estudio Cassagne, uno de los más poderosos de la city porteña, que primero patrocinó a los Macri en la causa paralela donde quieren sacarle miles de millones al Estado por el caso Correo, luego los asesoró cuando se hizo público el escándalo del intento de condonación de la deuda con el Estado y finalmente fueron los abogados de la jueza Gómez Alonso para quedarse atornillada en el cargo pese a que había pasado los 75 años que establece la Constitución. En el medio los Cassagne eran los que armaban los proyectosde Participación Público-Privada (PPP) donde Macri plasmaba sus negociados con la obra pública. Servicio jurídico completo.

Todo está documentado y revela el nivel de relaciones promiscuas con las que Macri manejó el caso Correo. En la causa de los Macri contra el Estado el abogado fue Ezequiel Cassagne; en el intento la jueza Gómez Alonso de quedarse en el cargo fue Pablo Sanabria. Ambos son socios del Estudio Cassagne, solo hay que mirar su página web.

 

 

Cassagne por la guita

Los Cassagne fueron uno de los estudios de la city con mayor influencia durante el gobierno de Macri. En su edición de agosto de 2016 revista Apertura los describió así: “El ‘movedizo’ -al decir de un competidor- Ezequiel Cassagne gastó suela en los pasillos de la Casa Rosada, el Palacio de Hacienda y Cancillería, involucrado en la elaboración de la ley de Participación Público Privada (PPP). Sancionada en diciembre, se reglamentó en marzo. Hoy, Cassagne Abogados trabaja en 20 proyectos de inversiones privados, en fase de pre-factibilidad y factibilidad, dice. El estudio, también, asesora al Gobierno porteño y otros distritos en este tema”. Efectivamente Cassagne figura muchas veces en la planillas de acceso a Casa Rosada. Y lo que revela esta revista del empresariado es que le armaron el esquema al gobierno de Macri y luego tuvieron como clientes a las empresas que se beneficiaron de ese mismo esquema. Mientras tanto eran abogados de la familia Macri. Combo completo.

¿En que causa aparece el estudio Cassagne como abogado de los Macri? En uno de las que, tal como informó El Destape, quieren sacarle dinero al Estado por la quita de la concesión del Correo. Pero no en cualquiera, sino en la que iniciaron en 2016, en la maniobra a dos puntas donde por un lado Macri le condonaba la deuda a su familia y por el otro su familia demandaba al Estado.

En esa causa, que tramita en el fueron Contencioso Administrativo, los Macri demandaron al Estado por 2.365 millones de pesos. En el expediente figura que Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino de los Macri, fue patrocinado por Ezequiel Cassagne y Jaime Kleidermacher. Así figura en el expediente.

 

 

La cronología de esa maniobra doble en 2016 es clara. El 13 de junio Correo Argentino demandó al Estado Nacional por daños y perjuicios, sin poner aún un monto para ahorrarse la tasa de Justicia del 3%. Quince días más tarde, el 28 de junio, el Gobierno de Macri aceptó la propuesta de la familia Macri de pagar su histórica deuda con el Estado con una quita del 98,82%, una condonación de más de 70.000 millones de pesos. El 12 de agosto los Macri ampliaron su denuncia por daños y perjuicios y establecieron el monto: 1.794 millones por la apropiación de instalaciones de Correo Argentino más 570 millones por otros rubros. Total: 2.365 millones que la familia Macri quiere que el Estado le pague.

Sobre los 1.794 millones que reclaman donde incluyen inmuebles y supuestas inversiones pusieron que “esta suma deberá ser actualizada hasta la fecha de su efectivo pago, mediante la adición de los intereses correspondientes sobre el capital adeudado”. Dentro de los 570 millones restantes incluyeron un ítem insólito: aseguran que pagaron 110 millones de pesos de más por el canon de la concesión del correo (que en realidad dejaron de pagar, de ahí su deuda con el Estado) y “ajustados y repotenciados” les da un total de 200 millones de pesos. Real: los Macri dicen que pagaron de más.

Cuando la fiscala Gabriela Boquin frenó la condonación de la deuda que Macri intentó desde la Casa Rosada los Cassagne también asesoraron para contener el escándalo. Los abogados jugaban también a dos puntas.

A principios de abril los Macri reclamaron que se apure esta causa. Lo lograron. Final abierto para esta nueva estafa.

Cassagne por el cargo

En su último acuerdo, el pasado 4 de julio, la Corte Suprema declaró abstracta la causa donde la jueza Gómez Alonso buscaba atarse a su cargo por encima del límite de 75 años que marca la Constitución. La ahora ex jueza había iniciado un expediente para quedarse, algo fundamental para los intereses de los Macri, pero la Cámara Contencioso Administrativa lo rechazó y desistió de seguir con el pleito. En todo el proceso el abogado de Gómez Alonso fue Pablo Sanabria, socio del estudio Cassagne.

 

 

Como presidenta de la Sala B de la Cámara Comercial la jueza Gómez Alonso fue clave en el letargo judicial gracias al cuál el ex presidente y a su familia no pagan la multimillonaria deuda que tienen con el Estado y más de 700 acreedores hace más de 20 años. Cumplió 75 años el 17 de noviembre del 2021. La Constitución dice que tenía que jubilarse pero demandó al Estado para quedarse en el cargo. Puso como abogados al estudio Cassagne, que atendía también a los Macri en el caso Correo.

Gómez Alonso logró un primer fallo a favor de parte del juez Pablo Cayssials, el mismo que anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley audiovisual, que tuvo a su vez una de las demandas de los Macri contra el Estado por el Correo y que fue clave para lograr en su momento el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó. El argumento de Gómez Alonso que compartió su colega Cayssials es que se le aplique el fallo que logró Carlos Fayt, que se quedó en la Corte Suprema hasta los 98 años. Pero los últimos antecedentes le juegan en contra. El Gobierno apeló el fallo y citó el caso del juez Leopoldo Schiffrin donde la propia Corte revirtió lo dicho en el caso Fayt y dijo que el límite que puso la reforma de 1994 es de plena aplicabilidad.

Finalmente los jueces Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Alemany, de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, le dijeron a Gómez Alonso que no podía seguir en el cargo hasta que la Corte decidiera. La aliada de Macri no quiso seguir.

Jueza desde mayo de 1982, Gómez Alonso llegó a la Sala B de la Cámara Comercial en 1988. No es un nombre que pase desapercibido en la política judicial. Llegó a a presidenta de la Asociación de Magistrados, uno de los poderosos arietes del conservadurismo judicial. Fue la primera mujer en lograrlo.

Este medio reveló que Gómez Alonso visitó la Casa Rosada en plena ebullición del caso Correo. Fue el 12 de septiembre de 2018 y se reunió con Pablo Clusellas, el Secretario Legal y Técnico, integrante de la Mesa Judicial de Cambiemos, histórico gerente SOCMA y uno de los funcionarios más cercanos a Macri. No hay ninguna justificación para esa reunión. Por entonces, Gómez Alonso presidía la Asociación de Magistrados, una de las asociaciones civiles que reúne funcionarios judiciales. Sin embargo, no hay ningún nexo entre esa función y la Secretaría Legal y Técnica que comandaba por entonces Clusellas. El vínculo institucional entre la Asociación y el Gobierno era y es a través del Ministerio de Justicia.

Por esos días los Macri insistían con desplazar a la fiscala Gabriela Boquin, que frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos; la familia del presidente había hecho una nueva propuesta que en los hechos implicaba que les perdonen la deuda; y el propio Macri preparaba los decretos para dar por cerrada la investigación interna sobre los funcionarios que ejecutaron esa maniobra para beneficiar a su familia. La letra de esos decretos estaba en manos de Clusellas, quien se juntó con la jueza Gómez Alonso.

La hija de la jueza, Agustina, trabajaba con el ministro de Justicia Germán Garavano hasta que la premiaron con un cargo de jueza en un procedimiento plagado de irregularidades. El hoy fallecido esposo de la jueza era Héctor “Negro” Díaz Cordero, conocido operador judicial en materia comercial. Parecía un negocio familiar. Cuando falleció, la rutina García Lupo de leer los avisos fúnebres de La Nación reveló su arco de relaciones, incluidos buena parte del funcionariado macrista.

Parece que no compartían solo el abogado.