Elisa Carrió presentó una denuncia contra el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli por lavado de activos a partir de "distintos delitos contra la administración pública".

La denuncia, firmada por la propia Carrió a través de "información anónima", fue presentada en la UFI 11 a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y pone el foco en funcionarios de la anterior administración: el ex presidente de Aguas Bonaerenses SA, Guillermo René Scarcella, y el ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez.

 

Carrió advirtió en su presentación sobre hechos que dan cuenta de "un gran desmanejo de los recursos públicos de la provincia", a través de maniobras con "cajas negras" del Estado que "no solo habrían engrosado ilegalmente el patrimonio de los denunciados, sino que el fruto del dinero obtenido podría haber sido ocultado a través de maniobras de conversión, transferencia o disimulación de bienes provenientes de ilícitos penales".

 

"Los fraudes a la administración bonaerense se cometieron a través de distintas ‘cajas’ de la administración, y sobre estos delitos que el gobernador podría haber sido autor, participe o encubridor, ya que sin su intervención y aquiescencia no se podrían haber sido perpetrados", indicó la diputada a través de un texto al que LPO pudo tener acceso.

 

Agregó que "esta estructura ilícita de vaciamiento se realizó a través de diferentes reparticiones, especialmente concentradas por medio de la Jefatura de Gabinete de Buenos Aires, a cargo de Pérez".

 

Algunas de las "cajas" que pidió al Ministerio Público investigar son la administración de Aguas Bonaerenses (ABSA), a cargo de Scarcella; y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, para analizar "la posible adulteración de los sistemas online de las máquinas de los bingos para registrar porcentajes menores a los juegos realizados", entre otros puntos.

 

Además, pidió investigar "la expropiación cooperativa Wasserman", para determinar si el Estado provincial "pagó varias veces más el monto del verdadero precio de la fábrica"; otros "casos de corrupción e irregularidades en la construcción del Puerto La Plata y la posible contratación fraudulenta de personal en él que nunca trabajó".

 

Finalmente, la referente de Cambiemos reclamó al fiscal que analice "estafas, sobreprecios y posibles falsas prestaciones en la obra social de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA)", sobre lo que ya se presentaron denuncias penales por parte de la nueva administración de la provincia.

 

"Todos estos posibles hechos de corrupción (...) son vox populi en la Ciudad de La Plata y a esta altura pueden ser investigados también como delitos precedentes de las maniobras de lavado de activos posiblemente cometidas por las más altas esferas de las administraciones de Scioli, exfuncionarios y empresarios ligados a él", indicó la presentación.

 

Y agregó que estas maniobras "no podrían haber sucedido sin la complicidad de representantes del Ministerio Publico y del Poder Judicial de la provincia, por lo que deberían de excusarse de intervenir en este expediente".

 

Mencionó, entre ellos, las fiscalías de "Investigaciones Complejas" de cada departamento judicial, en el caso de La Plata la UFIJ 8, a cargo del agente fiscal Jorge Paolini, quien -advirtió- avaló el "sobreseimiento irregular de Scioli" en la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

 

Carrió sostuvo, al respecto, que "estas fiscalías manejan con total discrecionalidad la investigación de los delitos cometidos por funcionarios públicos, siendo la actual Procuradora de la provincia de Buenos Aires María del Carmen Falbo la máxima responsable estos procederes".

 

Por eso, Carrió pidió que "debería investigarse el proceder de esta fiscalía en las investigaciones realizadas contra funcionarios públicos a efectos de verificar si no fueron meramente superficiales juzgando fraudulentamente algunos casos de corrupción".

 

 

 

El "prestanombres" Scarcella

 

 

 

La denuncia de la excandidata presidencial avanza sobre la figura de Scarcella, "el tandilense de extrema confianza de Daniel Scioli y sindicado uno de sus recaudadores de la campaña electoral", quien -advierte- "podría ser un prestanombres" del ex gobernador "o una persona vinculada a los fraudes a la administración de la provincia en tanto su rol como presidente de ABSA".

 

Carrió señaló, al respecto, que Scarcella "forma o formó parte de múltiples sociedades comerciales de diverso objeto social", algunas de las cuales "tienen que ver con los juegos de azar, rubro conocido en el mundo por sus cualidades para lavar activos, y agropecuarias que podrían ser titulares, entre otros, de algunos de los campos" que posee.

 

"Las sospechas de corrupción sobre ABSA, los estrechos vínculos de Scioli y Scarcella, el hecho que se lo haya indicado como uno de los recaudadores de la campaña electoral del exgobernador y Vicepresidente de Néstor Carlos Kirchner, su patrimonio plagado de sociedades que deben ser investigadas, sus vínculos con jueces y operadores judiciales, sumado a las versiones que lo señalan como un posible testaferro, merecen la más exhaustiva de las investigaciones sobre su patrimonio, consistencia y verdadera titularidad", completó Carrió.

"Cooperativas truchas"

 

Respecto a Pérez, la diputada denunció que a través de "irregularidades de las partidas presupuestarias, habría funcionado como "caja" la Dirección Provincial de Subsidios donde se podrían haber desviado subsidios a través de Cooperativas truchas".

 

"Por otro lado, a través de las partidas extra presupuestarias habría habido dos modos de sacar los montos de dinero: a través de la cuenta DNI que se integraba con un aporte que la Provincia cobraba por cada DNI nuevo y, por otro lado, a través de la cuenta Decreto N° 1348 que se formaba por los pagos de exposiciones policiales, perdida de celular, etc", indicó la denuncia.

 

Y agregó que "de ambas cuentas de Tesorería de Jefatura de Gabinete se habría sacado el dinero en efectivo a los fines de hacer falsos eventos donde facturaban proveedores que no habían realizado prestaciones o sobrefacturaban".