“Puede la democracia sobrevivir al capitalismo global?”, es el título del libro del pensador americano Robert Kuttner, publicado previo a la pandemia, pero con una hoja de ruta que hoy se encuentra más vigente que nunca en el debate internacional. Frente a las amenazas neofascistas o a las explosiones de disconformidad en el mundo entero sobre los fenómenos de marginación social, cabe analizar lo que está ocurriendo a nivel global para sacar lecciones que sirvan para la Argentina de este tiempo.

Tomemos el caso de la concentración de los mercados y la falta de competencia que asfixia el intercambio de bienes y servicios.

Los oligopolios perjudican a todos los consumidores, pero el impacto es mayor sobre los más vulnerables que no cuentan con herramientas financieras o legales para defenderse del incremento colusivo de los precios. Este desafío de evitar los efectos de la concentración en el proceso de formación de precios no es exclusivo de la Argentina ni de los países en desarrollo.

La economía estadounidense, vista en muchas partes del mundo como un ejemplo en materia de innovación y productividad, se enfrenta a un viejo reto compartido por muchas naciones, la proliferación de monopolios revestidos con nuevas coberturas de datos y algoritmos. La tendencia es preocupante, el porcentaje de creación de nuevas empresas en Estados Unidos se redujo casi un 50% desde los años setenta.

Hace pocas semanas, el presidente Joe Biden firmó un decreto para fomentar la competencia y proteger a las pymes y los trabajadores “frente al poder creciente de las grandes empresas”. La orden ejecutiva consistente en 72 medidas a cargo de 12 agencias federales que regulan la actividad industrial, el sector agropecuario y los servicios, y abordan temas como la transparencia en la fijación de los precios y la defensa del consumidor.

La respuesta del mundo desarrollado es más regulación y no menos

A partir de este conjunto de resoluciones, los organismos estatales deberán priorizar a las pymes en las compras públicas y en sus decisiones de gasto, las empresas de servicios estarán obligadas a divulgar información para facilitar la comparación de precios, los contratos no podrán tener cláusulas excesivas de cancelación anticipada, el Estado evitará que no se produzcan adquisiciones tempranas que frenen la competencia, ni sirvan para la acumulación desproporcionada de datos personales.  

Medidas similares se tomaron en otras geografías. Por ejemplo, el principio de neutralidad en la red fue adoptado a nivel regional por autoridades regulatorias europeas para garantizar la interoperabilidad y el acceso abierto en internet, la transparencia en las cadenas digitales de valor y la no discriminación de usuarios.

La respuesta del mundo desarrollado ante esta problemática común es más regulación y no menos. Un Estado presente y no zonas liberadas. Políticas públicas inteligentes al servicio del bien común es la reacción más civilizada ante la anarquía del todo vale.

El capitalismo algorítmico, sin oportunidades de inclusión solo genera más riqueza para los súper ricos y más desamparo para los siempre pobres. Es lo que describe en un libro apasionante el sociólogo de Edimburgo, Donald Mackenzie –Comerciando a la velocidad de la luz–, que analiza el origen e impacto de la automatización de compra y venta de activos financieros guiados por algoritmos a una supervelocidad, en un proceso a menudo especulativo denominado “High Frequency Trading”. Se plantea aquí para los reguladores estatales distinguir, esencialmente, si la orden de compraventa proviene de un algoritmo o de un humano, el impacto del lobby del HCT sobre agencias reguladoras y la opacidad de la información que alimenta a ritmo extraterrestre la caja negra de los algoritmos.

Como contracara, en la economía real, la revolución 4.0 de las nuevas tecnologías es fundamentalmente una revolución de productividad. El economista Jeremy Rifkin popularizó el concepto en su libro La sociedad del costo marginal cero. Atrás va quedando el modelo fordista de producción en cadena. La economía de las plataformas integra a consumidores y productores en un híbrido donde los nuevos usuarios no suman costos adicionales. Por el contrario, generan dividendos digitales en un modelo propenso a la concentración donde unas pocas corporaciones pueden llegar a dominar mercados globales.

En América Latina, el 1% más rico concentraba el 27% de todos los ingresos antes de la pandemia, mientras que el 50% más pobre se quedaba con solo el 10%. La crisis sanitaria y la digitalización acelerada incrementaron esta desigualdad. Mientras la pobreza subió de 30% a 33,7% en la región, según advirtió el PNUD, el patrimonio de los sectores más ricos aumentó 40%.

Si queremos modificar esta situación no podemos confiar en la teoría del derrame automático. Las ideas de crecer cómo sea para distribuir quién sabe cuándo se estrellaron una y otra vez contra la ventana de la realidad. Los intentos frustrados dejaron secuelas. América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta.

En la Argentina, recientes decisiones de políticas públicas tienden a favorecer la competencia y proteger al consumidor. En esa línea se encuadra el proyecto de ley para la Promoción de la Alimentación Saludable o etiquetado frontal que tuvo un amplio respaldo en Diputados, el Código de Buenas Prácticas Comerciales, la Ley de Góndolas, la iniciativa de compras públicas para fomentar la innovación.

Pero no alcanza con iniciativas a nivel local. Una nueva arquitectura financiera global debe edificarse a partir de múltiples acciones coordinadas, evitando la concentración, impidiendo prácticas abusivas.

La comunidad internacional dio pasos firmes en esta dirección, que requieren ser profundizados. Con la reciente aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la distribución de Derechos Especiales de Giro (DEG), cuyo destino final debe contemplar a los países en condiciones más vulnerables de renta media. También con las más de 130 naciones que ya apoyaron formalmente la implementación del impuesto mínimo a los ingresos de las grandes corporaciones, un paso inicial sobre el cual aún resta mucho por andar. Aún subsisten miradas esclerosadas en las burocracias y mentalidades de teoría económica que no se condicen con la evidencia empírica de estos años.

La democracia se deteriora cuando la concentración de recursos influye sobre la sociedad

En un sentido promisorio también apunta la decisión de focalizar el accionar de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) y movilizar recursos del sector privado en operaciones vinculadas a la lucha contra el cambio climático, en línea con la propuesta de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen y de los ministros de finanzas del G20, que instaron a los BMD a desarrollar mercados de bonos verdes, reducir la contaminación y proteger los ecosistemas. El crecimiento no puede darse a cualquier precio, a costa de mayor daño ambiental o menor cohesión social. La puesta en marcha de canjes de deuda externa por compromisos ambientales es otra urgencia que une a la crisis climática con la crisis financiera.

Mercados globales altamente concentrados en rubros heterogéneos, desde compañías calificadoras de riesgo a gigantes tecnológicos o grandes laboratorios farmacéuticos, también necesitan una acción conjunta regulatoria de la gobernanza mundial que fije límites contundentes, reglas de juego inclusivas y sustentables.

No existe otra alternativa. La calidad de la democracia se deteriora cuando la concentración de recursos influye sobre la vida política de la sociedad y pretende encorsetar la voluntad popular. La mano invisible no es la excusa. Se requieren manos visibles –y un realismo audaz– para tomar las decisiones correctas en la aldea glocal (global más local). Como diría Franklin Roosevelt en los tiempos del New Deal: “Antes sabíamos que el egoísmo excesivo era una mala moral. Ahora sabemos que también es una mala economía”.