Otras medidas lanzadas en el frío invierno de 2009 para mejorar la imagen del Gobierno ante los mercados internacionales quedaron, en cambio, sepultadas por Néstor Kirchner en los jardines de Olivos. Ni se avanzó con la transparencia del Indec; ni se normalizó la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI); ni tampoco, como consecuencia de lo anterior, pudo reestructurarse la deuda con el Club de París.

El exitismo con que el Gobierno presenta el fin del default para revertir las expectativas no sólo contrasta con su peligrosa subestimación de la actual aceleración inflacionaria. Quizá, lo más llamativo de la euforia oficial por el canje es que haya generado en el kirchnerismo algunas reacciones típicas de la demonizada década del 90. Más de una vez, Cristina Kirchner ha resaltado que la suba de los títulos públicos y la consiguiente baja del riesgo país son un indicador de confianza en la economía argentina. En realidad, es la respuesta natural de los "mercados" a la decisión de un gobierno, que, después de cinco años, aceptó reconocer con la emisión de nuevos bonos una deuda con quitas que había borrado literalmente de sus cuentas públicas, incluidos ahora intereses impagos. Aun así, el discurso oficial omite que el actual nivel de riesgo país de la Argentina todavía resulta tres veces más alto que el de Brasil (cuando a comienzos de 2007 era idéntico); cuatro que el de Perú y México, y cinco que el de Chile.

Como el canje responde, más que por virtud, a la necesidad de abrir fuentes de financiamiento externo que estaban cerradas, en el Gobierno también comenzó a tomar cuerpo otra peligrosa tendencia "noventista": endeudarse para financiar gastos corrientes, a tasas que hoy podrían ubicarse en torno al 10% anual en dólares. La idea no sería objetable si respondiera a un plan económico con metas definidas. Pero hoy el único plan a la vista es aumentar el gasto público todo lo posible (en febrero creció al 36% anual), sin discriminar su destino ni utilidad. La pregunta del millón es si esa eventual obtención de créditos habría de reemplazar parcialmente o sumarse, al engranado uso de reservas del BCRA para fondear al Tesoro, hoy en zona de déficit. Aunque el costo aconsejaría pensarlo dos veces, detrás del Palacio de Hacienda también empezaron a formar fila varias de las provincias más necesitadas de fondos, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Tienen a su favor la reforma de la ley de responsabilidad fiscal sancionada velozmente el año pasado. La nueva ley suspendió límites al aumento del gasto y al destino del endeudamiento (no permitía financiar gasto corriente), así como la relación entre el pago de servicios de la deuda y la recaudación. El jubileo rige, sugestivamente, hasta fin de 2011, después de las elecciones.

¿Recursos o refinanciaciones?

Los crecientes apremios fiscales de las provincias serán el eje del almuerzo que compartirán mañana en Olivos los gobernadores oficialistas y semioficialistas con la presidenta CFK. El objetivo de la convocatoria está claro desde un principio: evitar que los legisladores de esos distritos se vean tentados a votar una coparticipación más igualitaria del impuesto al cheque, que el heterogéneo arco opositor en el Congreso ideó para poner en aprietos financieros y políticos al kirchnerismo.

No por casualidad la presión más visible de la Casa Rosada comenzó por advertir que si se le retacearan recursos (del orden de $ 9000 millones anuales), deberá compensarlos reduciendo transferencias a las provincias, que hoy se canalizan a través del Plan de Asistencia Financiera (PAF). El PAF les permite refinanciar vencimientos de deudas con la Nación y tiene un presupuesto global de 11.000 millones para 2010.

Pero esto es sólo una fachada que oculta una serie de trueques políticos. Muchas provincias hoy reciben discrecionalmente más fondos vía PAF que los que obtendrían automáticamente con la reforma del impuesto, y que, además, deberían coparticipar con sus municipios. De manera que la opción implícita será mantenerse alineados con el matrimonio Kirchner para acordar refinanciaciones "flexibles" (y liberar fondos para otros gastos), u obtener recursos de manera automática, pero sometiéndose a los avatares de la recaudación y sin seguridad de pedalear deudas. Estas obligaciones, que abultan enormemente los déficits provinciales, podrían cancelarse con ATN (Aportes del Tesoro Nacional), según un proyecto que, en su momento, presentó el ex diputado Jorge Sarghini y que aún duerme en el Congreso, pese a que últimamente fue despertado por el senador Carlos Verna. No obstante, esos fondos (casi 10.000 millones de pesos, que en realidad pertenecen a las provincias) fueron canjeados en 2009 por el Ministerio del Interior por una letra del Tesoro Nacional. Las provincias, cuyos ingresos por coparticipación apenas les alcanzan para pagar sueldos, financiaron, así, a la Nación.

Pero no sólo el PAF integra el juego de acuerdos e intercambios de favores. El actual esquema fiscal hace también que la caja K concentre la distribución y financiación del 90% de las obras públicas; la aprobación de proyectos que se financian con el fondo de la soja; el reparto de planes de trabajo social, y hasta el giro de recursos del fondo de incentivo docente. Los pocos gobernadores que no concuerdan con este criterio (como Mario Das Neves, de Chubut, o Alberto Rodríguez Saá, de San Luis) no han sido invitados a Olivos; al igual que Mauricio Macri, quien también espera endeudarse en el exterior, pero para financiar la demorada ampliación de la red de subtes.

Lo curioso es que en el Congreso hay prominentes legisladores opositores que, en voz baja, ya dan por descontado que CFK habrá de vetar la ley del impuesto al cheque si, finalmente, llegara a ser sancionada. De todos modos, piensan que así le harán pagar al kirchnerismo el costo político de otro avance contra el federalismo. Y, de paso, contribuirían a neutralizar otro eventual veto presidencial, cuando llegue el momento de reformar el Consejo de la Magistratura. Para agregar más tensión al cuadro, en el Senado la ley del cheque debería votarse en la misma sesión que decidirá el futuro de Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA.

Oficialistas y opositores, sin embargo, tienen una coincidencia: la reforma al régimen de coparticipación de impuestos que anunció días atrás el matrimonio Kirchner -y que, tal vez, vuelva a proponerse mañana en Olivos- será sólo otra fachada para hablar de federalismo sin practicarlo, aunque sea un mandato constitucional pendiente de cumplimiento desde hace 16 años. Si no se pudo discutir cuando había superávit fiscal, menos se podrá ahora con déficit y en el año previo a las elecciones. Los memoriosos recuerdan que Néstor Kirchner formó en 2003 una comisión de estudio que, luego de una reunión, quedó disuelta de hecho, sin pena ni gloria.