El prosecretario de la Presidencia uruguaya, Diego Cánepa, aclaró ayer en conferencia de prensa que "el tema no fue tratado en el Gabinete Productivo" celebrado por la tarde, como habían especulado que sucedería algunos medios de comunicación locales.

Cánepa detalló también que "ni la Presidencia ni el presidente (José Mujica) van a transmitir o dar ninguna opinión sobre el tema en las próximas horas", porque "se cree que hay que tomar un tiempo prudencial para las evaluaciones".

La reunión del Gabinete Productivo congregó a Mujica en la Torre Ejecutiva, la sede presidencial uruguaya, con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo; de Industria, Roberto Kreimerman; y de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, indicaron fuentes oficiales.

Por la presencia de Almagro, se esperaba que el asunto fuera estudiado y que los resultados fueran difundidos posteriormente por el propio canciller en la conferencia de prensa, pero finalmente el funcionario abandonó la sede gubernamental sin dar declaraciones.

El fin de semana pasado, Buenos Aires informó que había pedido a Montevideo la suspensión de la inmunidad del diplomático Francisco Bustillo, presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).

El Gobierno nacional reclama a Uruguay que haga lugar a un exhorto judicial para que el funcionario uruguayo declare en una causa por supuestos sobornos para favorecer a la empresa holandesa Riovía en el contrato para el dragado y profundización de ese canal situado en el Río de La Plata.

Solicita también que responda por la supuesta "intermediación de firmas fantasmas y adulteración de documentación en vehículos de lujo que Bustillo", anteriormente embajador uruguayo en Argentina, "pretendía vender a través de unas franquicias, en clara contravención" a las normas diplomáticas.

Respecto a este segundo caso, el diplomático manifestó ayer al diario uruguayo El Observador que esa causa fue archivada el 22 de mayo pasado por la Corte Suprema de la Argentina.

Según el periódico, Bustillo habría denunciado meses atrás ante sus superiores en la cancillería ser objeto de "una persecución política" y pidió autorización para demandar al canciller argentino, Héctor Timerman, canalizador de las acusaciones, pero Almagro rechazó su pedido.

El caso del supuesto intento de soborno surgió en mayo pasado cuando el oficialismo uruguayo denunció que fue ofrecido un millón de dólares a funcionarios de la CARP para apoyar en el proceso de licitación a Riovía.

A partir de las denuncias, el Tribunal de Cuentas de Uruguay realizó un informe de auditoría que sostiene que el Gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández, demoró el proceso de licitación para favorecer la extensión del contrato de unos 15 millones de dólares con la firma holandesa.