Mariano Llorens, presidente de la Cámara, tiene que resolver si la criptoestafa, que involucra a Javier Milei, y las negociaciones incompatibles contra su hermana siguen investigándose separadas o si se agrupan. También debe determinar si quedan en el Juzgado de Servini o el de Martínez de Giorgi.
Por: Ariel Stemphelet
@stempheletariel
La disputa por la competencia que se desató la semana pasada en la causa $Libra llegó este miércoles a la Cámara Federal porteña. La semana pasada, el juez Ariel Lijo -en reemplazo de María Servini– declaró la incompetencia del Juzgado Federal N°1 en la causa por presunta estafa y otros delitos, y se la mandó a su colega Marcelo Martínez de Giorgi, para que la agrupe con otra contra Karina Milei. Como este la rechazó, se desató un conflicto de competencia que será dirimido en los próximos días.
Será el presidente de la Cámara, Mariano Llorens, el encargado de decidir el futuro de la investigación que tiene al presidente Javier Milei como principal imputado y que genera sensibilidades en la Casa Rosada. Este martes llegaron las actuaciones a la Secretaría Especial encargada de ese tipo de definiciones.
Es la segunda vez que este magistrado intervendrá en una disputa entre ambos Juzgados por la causa en la que se investiga el lanzamiento del token que tras ser promocionado por el mandatario escaló a valores cercanos a u$d 5 y luego se desplomó.
Los dos Juzgados que están en disputa son el 1 y el 8, a cargo de Servini y de Martínez de Giorgi, respectivamente.
Lo que pasó fue que el miércoles pasado el juez Lijo, que cubre la licencia de Servini, declaró sorpresivamente la incompetencia de ese Juzgado en la causa $Libra. Para hacerlo, estimó que gracias a las medidas de prueba que recolectó el fiscal Eduardo Taiano “la situación varió y existe una mancomunidad probatoria (y de personas imputadas) que, a los fines de lograr una mejor administración de justicia y evitar un dispendio jurisdiccional, exige la tramitación conjunta de ambos actuados”.
Un día después, el 18 de septiembre, Martínez de Giorgi rechazó la competencia atribuida a su Juzgado y devolvió las actuaciones. Básicamente, el magistrado argumentó que ya en abril pasado la Cámara Federal había intervenido en un similar conflicto de competencia y que había optado por la tramitación separada de la causa $Libra y la que tiene como apuntada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Días atrás, Tiempo había consignado que frente a la incompetencia de Lijo tomaba fuerza la posibilidad de que el conflicto de competencia termine dirimiéndose frente a la Cámara Federal, algo que era señalado como una salida “prolija” por fuentes judiciales.
¿Ambas causas a lo de Martínez de Giorgi?
Uno de los factores que deberá tener en cuenta Llorens para zanjar la cuestión fue planteado por Martínez de Giorgi en una resolución a la que accedió este medio.
“Frente a la evidencia de que hay acuerdo entre los juzgados en danza acerca de la comunidad probatoria existente entre ambos sumarios (…) no puede soslayarse, en un nuevo y más minucioso análisis de la cuestión, que los hechos que conforman la causa 772/25 (NdR: donde Karina Milei está denunciada) (…) se retrotraerían en el tiempo a épocas anteriores a la fecha en que tuvo lugar el lanzamiento de la criptomoneda $Libra”, planteó Martínez de Giorgi.
Para el juez, ese punto “se erigiría como una causa plausible para asignar a este juzgado el conocimiento de ambas investigaciones”.
En síntesis: Martínez de Giorgi planteó que si se decide agrupar ambas causas, su Juzgado sería competente para quedárselas, puesto que los hechos que investiga son anteriores al lanzamiento de $Libra.
Ese expediente se originó por una denuncia de diputados de la Coalición Cívica contra Karina Milei. Según pudo saber este medio, allí se investiga un presunto mecanismo mediante el cual la secretaria general de la Presidencia “habría facilitado audiencias a cambio de dinero con el Presidente de la Nación”.
Los denunciantes habían planteado que sobre esa base de cobros se habría gestado el encuentro entre Milei y Hayden Mark Davis, el “empresario” que desarrolló el token presidencial investigado en Argentina y Estados Unidos por posible estafa.
Mismo fiscal
Las dos causas están delegadas en Fiscalía, esto quiere decir que es el Ministerio Público Fiscal el que lleva a cargo la investigación. Y en ambas interviene el mismo fiscal, que es Eduardo Taiano. Esto quiere decir que si las causas se agrupan y cambian de Juzgado mantendrán el fiscal que investiga seguirá siendo el mismo.
Según planteó Lijo, en ambos expedientes hay “mancomunidad” de pruebas y de personas imputadas. En la causa $Libra está en desarrollo un análisis de las comunicaciones que dos de los imputados mantuvieron con el presidente y su hermana, algo que está en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). Es una medida crucial que podría arrojar como resultado pruebas de peso para el objeto de la investigación.
En ese expediente el principal investigado es el presidente junto con su hermana. También están imputados los empresarios cripto Hayden Davis, Julian Peh, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales y la madre y la hermana de Novelli. Ellas dos, María Pía Novelli y Alicia Raffaele están sospechadas de haber retirado dinero de una caja de seguridad de Novelli el primer día hábil después del lanzamiento del token, cuando ya había estallado el escándalo.
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