La presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó como “mentira absoluta” la tapa de Clarín publicada el domingo, que señalaba que se sacaban presos de las cárceles para llevarlos a actos. “Es una cadena nacional del miedo, del desánimo, y, yo diría, del encubrimiento”, sostuvo la Presidenta y criticó que se utilice el dolor de los familiares de las víctimas “para atacar al Gobierno”. Clarín dijo que “se sacaba a los presos de las cárceles para llevarlos a actos políticos, pero quiero decirles que el Servicio Penitenciario Federal es un modelo”, enfatizó la Presidenta. Tras remarcar que el ministro de Justicia, “Julio Alak, tuvo que salir a desmentir la tapa de Clarín” del domingo. Aunque sin nombrarlo, se quejó porque sus funcionarios fueron obligados a dar explicaciones sobre el tema, mientras que al bonaerense Daniel Scioli no se le hizo el mismo requerimiento ante la fuga de un peligroso preso hace varios días de una cárcel provincial.

“No hubo ninguna figura política teniendo que dar explicaciones” cuando a días “de ser condenado a 29 años de prisión” por la Justicia bonaerense “un delincuente peligrosísimo se escapó de la cárcel obviamente con complicidad”, advirtió la mandataria. Los medios “tratan de involucrar siempre al gobierno nacional”, agregó.

Al hablar en Casa de Gobierno, donde se presentó un nuevo sistema para controlar el ingreso a los estadios de fútbol, Cristina Fernández de Kirchner dijo que de los presos del sistema federal que “tienen título universitario, salvo el caso de (Sergio) Schoklender (acusado por malversación de fondos), no hay ninguno que haya reincidido”. La Presidenta aseguró que algunos medios de comunicación “para determinadas cosas aplican la figura del encubrimiento, no les importa un pito la verdad, lo que sufren las víctimas o sus familiares tampoco, sólo quieren ver cómo manipulan este dolor para atacar al Gobierno”, afirmó.

Fernández de Kirchner defendió la participación de presos “en actos culturales” fuera de los establecimientos carcelarios porque el objetivo es “resocializarlos”. Sin embargo, aclaró que ese objetivo debe cumplirse “con autorización judicial, no a actos políticos sino culturales, porque es obligación de la ley la reinserción social del preso”. Con una copia de un ejemplar de Clarín en la mano, el matutino que denunció la participación de Eduardo Vázquez, el músico condenado por asesinar a su pareja, la Presidenta negó irregularidades en el procedimiento y defendió al Servicio Penitenciario Nacional por entender que “es un modelo” en su especialidad. Manifestó que la población carcelaria nacional –de unas 9700 personas de un total de 60 mil en todos los establecimientos del país– “hoy todos tienen documentos y el 70 por ciento trabaja y puede estudiar”.

En ese momento de su discurso reivindicó la ayuda de sindicatos como el de la construcción y mecánicos, las iglesias y “veinte ONG, entre ellas Vatallón Militante”, la agrupación mencionada por Clarín como la responsable de sacar a los presos para actos políticos. Y destacó que todas las irregularidades en las cárceles denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “son de prisiones de las provincias”,

Las salidas transitorias autorizadas por la Justicia están previstas como método de reinserción de las personas privadas de su libertad. De hecho, el ex reducidor de autos Carlos Alberto Telleldín es uno más de los presos que gozaron no menos de cincuenta veces de este beneficio, y sus primeras salidas fueron a apenas tres años del atentado contra la AMIA. En Neuquén hubo un escándalo cuando el cabo Darío Poblete, condenado a prisión perpetua por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, fue fotografiado por las calles de Zapala, pero la fiscalía de esa ciudad informó que esto habría sucedido unas 22 veces. Otros presos mediáticos afirman que más allá de la autorización judicial, el Servicio Penitenciario no deja salir a “cachivaches”, como llaman a los reos peligrosos. Pero tampoco salen quienes no acceden a los informes favorables de conducta. En este punto, varias fuentes coinciden en que los mismos están “tarifados” y que hay antecedentes de decenas de denuncias por manejo discrecional y corrupción para obtener esas evaluaciones que habilitan las salidas.