Aunque el mediador Daniel Pollack se despegó de esta versión porque dijo que las tratativas están cubiertas por acuerdos de confidencialidad, el abogado Matthew McGill, que afirmó representar al 65% de los acreedores con medidas cautelares, detalló que aún falta determinar el modo en que se realizará el pago, pero que los términos generales están arreglados desde el jueves pasado, un día antes de la orden del juez Thomas Griesa. Según McGill, el primer mecanismo de pago propuesto “en lugar de una transferencia, involucraba cheques a recibir por correo”.

Ayer el tribunal de segunda instancia fue el reducto en el que tuvieron los fondos buitre más duros y el estudio Cravath que defiende a la Argentina la audiencia cara a cara que Griesa no otorgó la semana pasada a pesar de los dos pedidos de los holdouts. El motivo fue para discutir la “devolución” a Griesa de la potestad sobre las medidas cautelares, que tenían apelaciones pendientes en esa corte.

Pero el imprevisto de la audiencia sucedió cuando el abogado del estudio Gibson, Dunn & Crutcher tomó la palabra y al responder preguntas de los tres integrantes del tribunal, intentando justificar que esa corte “mantenga” la jurisdicción sobre las injunctions, reveló que sus clientes (dijo que representa al 65% de los holdouts con cautelares entre NML, Aurelius, FFI y FYI) están “así de cerca” (haciendo un gesto con sus manos), que “los términos económicos están acordados” y que aún se negocia la “mecánica de pago”. McGill, además, dijo que el acuerdo es “muy cercano a la oferta pública hecha por Argentina”. “Desafortunadamente hemos tenido algunos problemas con estos mecanismos. El primero que fue sugerido por el special master involucraba cheques que llegarían vía FedEx (empresa de correo). Así no funcionará. Así que estamos tratando de encontrar una forma de pago que funcione. Se trata de una transacción de u$s5.000 millones”, dijo McGill, que reclamó por la fecha límite de 29 de febrero, día de “corte” por el cual los pagos de los que acuerden hasta ese momento serán parte de la garantía para levantar las cautelares. “Si tuviéramos un poco más de tiempo podríamos terminar el acuerdo. Estamos más cerca de los que estuvimos en quince años. Lo que queremos es acordar, no litigar. Argentina podría cambiar las reglas de pago nuevamente, cambiar el trustee (por el cual se cursan los pagos) y nosotros nos quedamos sólo con juicios monetarios y el litigio se extiende por siempre”, concluyó. “La fecha tope es innecesaria y contraproducente”, criticaron desde NML.

El abogado de Cravath, Michael Paskin, por su lado, no detalló particularidades de la negociación, pero fue en el mismo sentido que su colega al afirmar que “las negociaciones con sus clientes (los de McGill) están cerca su culminación”. Paskin calculó que hasta el momento Argentina cerró acuerdos con una cantidad de holdouts equivalente a un monto “de unos 2.000 millones de dólares”. Aunque esa cifra se incrementaría considerando lo que se firmó con los bonistas italianos, sin cautelares en Nueva York. Y desafió a los acreedores que permanezcan afuera de un acuerdo tras el 29 de febrero: “Si hay quienes no arreglaron cuando muchos otros sí, que vayan a apelar y que vean cómo son las reglas”.

El rumor de un acuerdo cerrado con NML se esparció rápidamente tras la finalización de la audiencia. Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas afirmaron que el único autorizado para confirmar un acuerdo es el special master Pollack.

Más tarde, el mediador emitió un duro comunicado en el que dijo que “esa declaración violó la confidencialidad de las discusiones entre las partes, que es un principio inviolable de todas las negociaciones a través mío como special master”. “Si y cuando se firme un principio de acuerdo alcanzado entre aquellos u otros, yo seré el que lo anuncie”.

Segunda instancia garantiza a holdouts plazo para que apelen y pide audiencia ante Griesa

La Corte de Apelaciones también desechó los argumentos de los fondos buitre y devolvió la potestad sobre las medidas cautelares a Griesa tal como lo había solicitado Argentina. De todas formas, el tribunal de segunda instancia decidió darle a los buitres la posibilidad de que puedan tener una audiencia con el magistrado antes del levantamiento de las cautelares y dos semanas de plazo para que puedan apelar la medida de Griesa una vez que se efectivice.

La Argentina había presentado mociones ante el tribunal para renunciar a dos apelaciones pendientes que tenían relación con las medidas cautelares ordenadas por Griesa. En un caso, se trataba de una demanda en la que se discutía el alcance de las injunctions emitidas por el juez en 2012 (a NML y los principales buitres) sobre bonos ley argentina y otro recurso sobre la segunda serie de injunctions determinadas el año pasado para los “me too”. La Corte de Apelaciones, tras escuchar a los abogados de ambas partes, les dio la razón a la Argentina en estos dos casos y le devolvió la jurisdicción a Griesa. De esta forma, se cumplió una de las tres condiciones para el levantamiento de las cautelares. Quedan aún el levantamiento de la Ley Cerrojo y Pago Soberano y el pago a todos aquellos que firmen hasta el 29 de febrero. De esa forma, el pago a los que acuerden hasta esa fecha se convierte en garantía de la anulación de injunctions.

La Corte decidió, también, que Argentina pida una audiencia ante Griesa para que los holdouts puedan exponerle sus argumentos (la semana pasada el juez recibió dos solicitudes pero las rechazó) y otorgó un “stay” de dos semanas para que puedan apelar. Estas dos condiciones, no obstante, quedaría nula si los buitres más duros finalmente llegan a un acuerdo con el Gobierno.