Con violencia en aumento, el Surrbac y Hugo Moyano se disputan la representación de unos 2.800 recolectores en toda la provincia. Crece la preocupación en las empresas y el municipio por el servicio.
De hecho, ya hubo amenazas moyanistas de bloqueos a la circulación de camiones, se realizaron asambleas dentro de las firmas y se denunciaron violentas peleas que involucran a empleados. “Son dos gremios muy pesados, dispuestos a todo y con enorme poder de choque”, repiten en off desde las firmas que emplean a los recolectores. Por encima, chisporrotea un tiroteo cruzado de promesas de “entrar como sea” por parte de los camioneros y de “vengan que los esperamos” espetado por los partidarios de Mauricio Saillén, titular del Surrbac.
El temor compartido entre empresarios y autoridades es que este espiral de agresiones gane aún más virulencia a medida que avanza el trámite de constitución de la obra social propia de Surrbac y se acerque el 14 de mayo, fecha fijada para las elecciones en las que el sindicato renueva autoridades.
Los últimos escarceos entre partidarios de ambos bandos se dieron, precisamente, porque miembros del Surrbac buscaron neutralizar una avanzada de moyanistas dentro de las empresas para impulsar la conformación de una lista alineada a ese sector que compita el 14. Según denunciaron estos últimos y reconocieron no oficialmente fuentes empresariales, parte de los que hacían campaña por Moyano fueron cesanteados para evitar conflictos mayores puertas adentro. Tres de los despedidos exigieron días atrás su reincorporación a Cotreco apoyados por una ruidosa protesta a cargo de militantes de la Federación de Camioneros sede Rosario (ver “Piden…”).
“Estamos siguiendo de cerca este proceso que nos excede, ya que se trata de una disputa gremial. Lo que tenemos muy en claro es que si se llega a afectar el servicio tomaremos todas las medidas correspondientes, eso es algo que no podemos permitir”, apuntaron desde el Palacio 6 de Julio. La batería de “medidas” puede incluir intimaciones a las empresas a cubrir prestaciones, multas y la solicitud de que Trabajo o hasta la Justicia intervengan para resolver conflictos. Todas ellas, vale recordar, han demostrado tener efecto muy acotado en los grandes conflictos protagonizados por estos sindicatos.
Botín en disputa. El doble botín que se tironean las partes es el poder de representación de un pequeño ejército de trabajadores y la jugosa recaudación que representa en materia de aporte sindical y de obra social. Los empleados suman alrededor de 2.800 en toda la provincia, aunque de esos 1.850 pegan en la ciudad entre Cotreco (1.050), Lusa (unos 550) y Crese (250). La primera firma es la mayor, ya que no sólo presta una porción más amplia del servicio en capital sino que hace lo propio en Carlos Paz, Río Tercero, Río Cuarto y Villa María.
Sólo en Córdoba, el aporte sindical y por cobertura de salud del personal de las tres firmas citadas totaliza unos 6 millones de pesos mensuales. El primero queda en manos del Surrbac y el segundo, mucho mayor, aún es percibido por Camioneros, ya que el personal continúa utilizando su obra social. Precisamente el armado de una entidad propia es lo que gestiona con prisa el Surrbac, con el fin de hacerse de esos aportes, cubrir todas las necesidades de sus afiliados y cortar completamente el vínculo con la entidad liderada por Moyano.
Sobre la marcha de ese proceso, uno de los núcleos de la guerra gremial, hay versiones contrapuestas. “La obra social está otorgada, ya se presentó el estatuto y antes el convenio colectivo, cuya aceptación también firmaron las cámaras empresariales. Los trabajadores están renunciando a la de Camioneros y se están afiliando a la de Surrbac. Entre lunes o martes se termina con eso y se presenta todo ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS). Creo que el mes que viene comenzará a llegar la transferencia de aportes”, detalló Ricardo Moreno, abogado del Surrbac.
El dirigente kirchnerista celebró que el trámite que usualmente lleva años o se empantana hasta detenerse en este caso se “resolvió” en dos meses y medio. A la vez, desestimó las denuncias judiciales impulsadas por Hugo Moyano contra la titular de la SSS, Liliana Korenfeld, y el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, por este proceso. “No tienen asidero y serán archivadas, no hay dudas”, opinó.
¿Demorada? A contramano, fuentes del municipio y de las empresas señalaron que luego de los cambios en el gabinete nacional post-elecciones legislativas, los recolectores perdieron a su principal interlocutor y apoyo en este trámite, el ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina. “Todo está demorado”, apuntaron. Desde la intendencia confirmaron que las autoridades de Crese, aún titular de todo el personal de Lusa y Cotreco, no fueron citadas todavía por Trabajo de Nación a la mesa paritaria que debe analizar el nuevo convenio colectivo del Surrbac. “Tenerlo aprobado es un requisito previo a constituir la obra social”, aseguraron, estimando que con mucha suerte el proceso podría llevar unos 120 días.
Moreno negó que los recolectores hayan perdido apoyo en la Rosada por los cambios: “Esta es una decisión de Presidencia de la Nación, todo sigue avanzando rápidamente. La próxima semana tendremos reuniones con Julio de Vido (ministro de Planificación), Jorge Capitanich (Jefe de Gabinete) y Tomada”, anticipó.
“Piden por sus puestos, pero no trabajar”
“Varias personas fueron despedidas, algunas con causa y otras por reestructuración. Es parte de las altas y bajas habituales de la firma”, señaló Santiago Zarazaga, abogado de Cotreco, en relación a los cesanteados que denunciaron persecución por parte del Surrbac y exigieron días atrás su reincorporación con una protesta callejera apoyada por la Federación de Camioneros. Zarazaga explicó que el día de la manifestación frente a la sede de Cotreco, él mismo recibió Sergio Ardaist, Jorge Victoria y José Cabello, despedidos que exigían su reincorporación. “Pedían volver pero sin trabajar, por temor a ser agredidos nuevamente”, dijo sorprendido el abogado, asegurando que se les aclaró que para abrir cualquier negociación debían deponer métodos de presión como la volanteada con bombos que realizaban en la puerta.
Según dijo, luego de ese episodio –en el que se lanzó una amenaza de bloqueo de camiones recolectores si sus demandas no eran satisfechas– no volvieron a saber de los desplazados.
Cronología en alta tensión
8 de agosto. En asamblea general, el Surrbac vota escindirse de la Federación de Camioneros liderada por Hugo Moyano. “Moyano ya no nos acompaña”, justifica el secretario general del Surrbac, Mauricio Saillén. Antes, el camionero había intentado desplazar a Saillén de la jefatura de la CGT Rodríguez Peña, algo que no se concretó en lo formal pero que en la práctica generó dos bandos en la entidad. El quiebre entre los antes estrechos aliados encajó con otra ruptura, la política: mientras el enfrentamiento del camionero con la Rosada llegó a un punto de no retorno, Saillén estrechó como nunca su alineamiento al kirchnerismo. Eso le permitió además lograr el OK para ir por la independencia gremial con obra social propia.
16 de julio. “Anoche estaba cenando en un restaurante en Buenos Aires con mi familia y entró el hijo de Hugo Moyano (también Hugo). Me quisieron amedrentar, diciendo te vamos a matar, que soy un traidor y me mostró el arma que lleva en la cintura. La verdad que con estas cosas no me corren”, denunció Saillén. El gremialista, que comía en la zona de Congreso junto a su esposa y dirigentes del Surrbac, estaba en capital resolviendo trámites vinculados a la nueva obra social de los recolectores.
22 de agosto. Mauricio Saillén se presentó en la fiscalía de Alberto Matheu en Tribunales provinciales para hacer una presentación por amenazas. Denunció que en esos días se habían producido “atentados con armas de fuego contra viviendas a entregarse por el gremio (Surrbac) en Barrio Ituzaingó”. Su abogado, Ricardo Moreno, dijo que había “18 personas oriundas de Buenos Aires que llegaron a Córdoba” y que “habrían sido mandados para intimidar al gremialista” local.
26 de noviembre. Operarios de Crese nucleados en el Surrbac hicieron de 4 a 6 una asamblea en la base operativa de la empresa en Circunvalación. El vocero del Surrbac, Carlos García, señaló que había rumores sobre la llegada de unos 20 colectivos con patotas para “tomar la empresa y el gremio”. García dijo: “Las versiones corrían desde el sábado. Había miembros de Camioneros buscando gente para panfletear y ejercer presión sobre los compañeros. El secretario gremial de la Federación de Camioneros, Pedro Mariani, desmintió desde Buenos Aires el “envío” de barrabravas..
23 de diciembre. Un grupo de despedidos de Cotreco denuncia que militantes del Surrbac los golpearon y amenazaron. También atribuyen las cesantías a gestiones de ese sindicato, que pretende impedir el armado de una lista opositora (moyanista) para las elecciones gremiales de mayo. Protestan frente a la sede de Cotreco apoyados por unos 60 militantes de la Federación de Camioneros y exigen su reincorporación. Hablan de un total de 8 despedidos en Crese y Cotreco por este motivo
29 de diciembre. Pascual Catrambone, director Obrero de Crese y miembro de la cúpula del Surrbac, denunció ante la Justicia Penal que su casa de calle Casa Blanca en barrio Santa Isabel fue baleada a las 3.45 de ese día. Quienes realizaron los cuatro disparos habrían estado a bordo de un Volkswagen Polo. El abogado del denunciante, Ricardo Moreno, señaló que el mismo auto habría participado, semanas antes, en varias “volanteadas” contra el secretario general del Surrbac, Mauricio Saillén, realizadas por integrantes de la Federación de Camioneros sede Rosario.
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