Borda, a dos meses

Borda, a dos meses
Noticias Urbanas recorrió el neuropsiquiátrico y comprobó que el panorama sigue siendo desolador. Varias ONG presentaron un proyecto para intentar impedir la construcción del Centro Cívico.

Como si hubieran sido poseídas por el espíritu inquieto de Durand-Durand, aquel genio maligno que martirizaba en forma paradójica a Barbarella, las autoridades del Gobierno porteño no intentaron hasta ahora reparar el daño que causaron el 26 de abril último, cuando lanzaron a la Guardia de Infantería de la Policía Metropolitana contra pacientes psiquiátricos del hospital Borda, enfermeros, médicos, periodistas, diputados y sindicalistas que protestaban contra la decisión estatal de demoler el Taller Protegido N° 19.

Por el contrario, dos meses después del apaleamiento masivo que llevaron adelante los uniformados, la situación en el hospital sigue en proceso de deterioro progresivo, con instalaciones derruidas y servicios de agua, luz y gas interrumpidos en distintos sectores del neuropsiquiátrico.

Tamaña negligencia está motivada en que tienen otros planes para utilizar las 14 hectáreas en las que se erigen el Borda, su hospital neuropsiquiátrico vecino, el Braulio Moyano, el hospital de salud mental infanto-juvenil Tobar García y el antiguo hospital Rawson, hoy convertido en un geriátrico.

En ese mismo lugar se erigirá el moderno Centro Cívico de Barracas, un grupo de edificios que albergará a todos los ministerios de la Ciudad, cuyas oficinas se encuentran dispersas por el centro y el microcentro.

De todos modos, tal como informó Macri el mismo 26 de abril, al intentar explicar lo inexplicable en conferencia de prensa, el Taller Protegido N° 19 –que fue demolido el mismo día de la represión– había sido previamente reconstruido a unos 150 metros de donde estaba el original. El nuevo edificio cuenta con aire acondicionado y se muestra en buenas condiciones. Pero ese era solo un problema arquitectónico, que fue resuelto por una empresa constructora.

Una cadena de desaciertos

El 14 de diciembre de 2012 se realizó en el Edificio del Plata la audiencia pública para decidir el destino de los terrenos en los que se erigen los tres hospitales de salud mental y el Rawson. En ella, los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado y la Asociación de Profesionales del Borda advirtieron que iban a resistir la demolición de los edificios y la erección del Centro Cívico.

El ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, conocía perfectamente el panorama con el que iba a chocar, pero en esa circunstancia, apenas cuatro meses después, saltando por encima del sistema judicial, que lo obligaba a resolver dos situaciones previas, decidió enviar a un grupo de trabajadores y solicitar un número mucho mayor de policías metropolitanos para demoler un taller que no podía demoler.

La primera razón era que existía una resolución judicial emanada por la jueza Elena Liberatori en enero de este año por las que ordenaba la inmediata reapertura de los talleres del Borda, en los que los pacientes se resocializan. Días después de los hechos represivos, la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo –conformado por los jueces Esteban Centanaro, Esteban Russo y Nélida Daniele–, que debía resolver un amparo por el que se intentaba frenar la construcción del Centro Cívico, les impuso una multa de 20 mil pesos al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri; al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y al procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, por la demolición que habían llevado a cabo, una obra para la que no existía autorización.

La segunda razón por la que no se podía echar abajo el Taller Protegido N° 19 era que en el Código de Planeamiento Urbano, los terrenos en lo que están erigidos los cuatro hospitales están catalogados como Uso Hospital, precisamente. Chain encontró una solución digna de un aficionado inexperto a esta “nimiedad”. Firmó un acta-convenio con el Ministerio de Salud, por la que este le cedía los terrenos y asunto arreglado.

Pero existe un problema. Para cambiar el uso de un terreno, cualquiera sea este, es necesario que la Legislatura dicte una ley, porque ese sencillo acto implica la modificación de un Código. No se puede, mediante un acta-convenio, reemplazar a la Legislatura. Lo peor es que no es la primera vez que Chain depone una ley, sino que es un deporte que suele practicar habitualmente, junto con sus animosos escuderos Héctor Lostri y Antonio Ledesma.

Pero esto no termina aquí. Cada vez que Chain debió exponer sobre el proyecto del Centro Cívico, evitó cuidadosamente ubicar con exactitud el lugar en el que este iba a ser construido. Solo se sabía que la obra iba a estar aproximadamente en los terrenos que circundan al Borda. Todo lo hizo en silencio y por la espalda, casi como si fuera un ocupante clandestino del Ministerio de Desarrollo Urbano. Un “okupa”.

Un día de furia

El 26 de abril pasado fue viernes. A las 5.30 de la mañana, unos obreros llegaron al hospital Borda con la orden de demoler el Taller Protegido N° 19. Los acompañaba un número indeterminado de policías, que debían custodiarlos para el caso de que existieran incidentes con los combativos sindicalistas de ATE.

El que solicitó al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, la presencia de los policías fue el propio Chain, aunque una semana después, ante los legisladores de la oposición –en estos casos, los diputados del Pro se quedan mudos–, negara enfáticamente su responsabilidad en la presencia de los uniformados en el Borda.

A las nueve de la mañana, cuando la sorpresiva demolición ya había terminado, llegaron los sindicalistas a la escena. Ante la presencia de muchos policías, comenzaron a llamar a sus compañeros para que acudieran en su ayuda. Casualmente, los policías hicieron lo mismo y los refuerzos no tardaron en llegar.

Casi todos los argentinos recuerdan aún la brutal represión que se desató a partir de esos momentos.

La pregunta es obvia: ¿por qué los policías metropolitanos no se retiraron a las nueve de la mañana, si la demolición ya estaba cumplida? La respuesta es sencilla: tenían que instalar un obrador para seguir con las obras. ¿No se podía esperar para realizar esta tarea? ¿Todo debía hacerse en ese mismo momento, aun a riesgo de enfrentar la posibilidad de una represión extrema?

Estas preguntas, que aún aguardan respuesta, posiblemente seguirán sin ser respondidas. Al menos, hasta ahora no lo fueron y nada hacer prever que eso ocurrirá.

Queda como reflexión otra pregunta flotando en el aire. ¿Se resolverían los problemas de los pacientes psiquiátricos cerrando los hospitales destinados a la salud mental? ¿Vale la pena construir una gran ciudad judicial en ese lugar?

El espacio –14 hectáreas– es grande y quizás pueda albergar a la Ciudad Gubernamental y a los cuatro hospitales, pero esto exige la formulación de una política de salud mental y de una política urbanística paralela.

Hasta ahora, ambos elementos brillan, pero por su ausencia.

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