Los bonistas que ingresaron al canje de títulos públicos emitidos bajo legislación internacional en agosto del año pasado (papeles que hoy cotizan a precio de default), pasaron ya a la acción. Y no para presionar sólo a la Argentina, sino al propio Fondo Monetario Internacional (FMI); al que le exigen en estas horas dureza con la Argentina para que el organismo que dirige Kristalina Georgieva les aplique un duro plan de ajuste para los próximos 10 años. Y que este les garantice que el país obtendrá hacia el 2025 en adelante los dólares suficientes como para cumplir con el compromiso de pago firmado en el momento del canje. Sólo así, consideran, sus bonos volverán a detentar cierta competitividad en los próximos meses que les haga recortar las pérdidas. Y, eventualmente, poder colocarlos en los mercados perdiendo la menor cantidad de dólares posibles.

Ayer presentó batalla el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos del Canje de la Argentina (Exchange Bondholders), un grupo de fondos de inversión de rango medio que ingresaron al canje en agosto pasado y que viene criticando los pasos que dio el gobierno argentino desde el cierre de esa operación. A través de un comunicado, afirmaron que “el Gobierno argentino está entrando en su tercer año sin articular un plan económico. Analizamos los problemas en febrero y nada ha cambiado. Dirigir una economía no debe ser un ejercicio político ni académico. Requiere soluciones reales, no dilaciones y fantasías interminables”.

El Exchange Bondholders ya había publicado en febrero una carta que decía que “Argentina necesita desesperadamente un acuerdo con el FMI”, ya que éste “es la única fuente probable de anclajes políticos y un marco creíble a medio plazo que pueda aportar estabilidad”. Dijo además que “el Gobierno parece estar contemplando seriamente la posibilidad de retrasar un acuerdo con el FMI para tener la libertad de continuar con sus políticas insostenibles aún más tiempo. Con las reservas ya en niveles peligrosamente bajos, tal estrategia equivale a una apuesta temeraria” y que “un acuerdo con el FMI, que se necesita desesperadamente, ha quedado subordinado a la política”. Algo en lo que tenían razón.

El objetivo del Exchange Bondholders (como infantería del resto de los bonistas) es conseguir que el organismo le exija al país fuertes condiciones en el eventual Facilidades Extendidas. Esto incluye las metas monetarias, fiscales, cambiarias y macroeconómicas más duras posibles. Alertados por los rumores que surgen de las negociaciones entre el gobierno argentino y los funcionarios del organismo, sobre la posibilidad de un acuerdo algo light y a dos años; comenzaron desde la semana pasado un operativo para que Fondo endurezca su posición y le exija al país “las condiciones habituales para un acuerdo de este tipo”, según la interpretación que uno de los fondos le transmitió a este medio.

El temor de los fondos es concreto y puntual. Consideran que sin la firma de un Facilidades Extendidas clásico (en su dureza) y la exigencia de un cumplimiento de metas concretas durante el período en el que el país no debería hacer pagos (hasta el segundo semestre del 2026), sus tenencias en bonos reestructurados continuarán en precios de default. Y, en consecuencia, seguirán con sus activos financieros a un valor inferior al Valor Presente Neto de corte del canje de agosto del año pasado, de 54,8%. Los títulos lanzados en la reestructuración muestran hoy un valor de entre 32,8 y 37,9%; un nivel que los analistas califican de “distressed”. El principal temor de los bonistas, es que recién hacia fines del 2024, año en donde debería comenzar a aplicarse el pago de capital de los bonos; esos títulos públicos prácticamente no tendrían valor comercial en el mercado de capitales internacional; con lo cual deberían permanecer en las carteras de los inversores. Obviamente se trata de un problema que para el equipo económico que maneja Martín Guzmán, no está en las prioridades de la negociación con el FMI. Por esto saben los fondos de inversión que la única bala debe estar dirigida hacia el FMI.