En el marco de un clima tenso por la detención de varios policias y de la esposa de un efectivo que participaron de las protestas que la fuerza provincial llevó a cabo en diciembre, Sergio Berni viajó a Córdoba para reunirse con el gobernador De la Sota.

En diálogo con la prensa, el teniente coronel Berni aseguró que el Gobierno "no permitirá que ninguna fuerza policial extorsione al poder político" y dijo que el motivo de su viaje es coordinar el trabajo de seguridad con el gobierno local. En ese sentido, más temprano el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció el envío de 1.000 gendarmes a territorio cordobés para evitar más protestas.

"Nosotros estamos acá por decisión de la Presidente, porque no vamos a permitir que ninguna fuerza policial extorsione al poder político. Porque las armas que les dio la Constitución son para defender los derechos de los ciudadanos", sostuvo el secretario de Seguridad.

Berni pidió que la Justicia "actúe con celeridad" para castigar "a los malos policías que extorsionan al poder política" e informó que se quedará en Córdoba "el tiempo que el gobernador, el ministro de Seguridad y las operaciones lo determinen".

"La sociedad no quiere ver al policía que cuida su casa por la televisión, saqueando un supermercado, eso no se puede permitir", concluyó.

El gobernador de la Sota, luego de recibir en Casa de Gobierno al secretario de Seguridad de la nación, destacó el "trabajo conjunto para garantizar las paz y la tranquilidad de todos los cordobeses", a la vez que resaltó el aporte de más de 1.000 efectivos federales para realizar tareas preventivas para evitar que se repitan los acuartelamientos policiales.

El mandatario destacó que con Berni se ha conversado "sobre una planificación alternativa frente a cualquier pretensión de alteración del orden público", y que por tal motivo "tomamos la decisión de solicitar la presencia de las Fuerzas Federales para llevarle una tranquilidad adicional a los cordobeses".

De la Sota, al recibir a Berni para formalizar los actos institucionales referidos al envío de los efectivos federales, manifestó en una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno

que "indudablemente los hechos ocurridos el 3 y 4 de diciembre del año pasado originaron un quiebre entre la fuerza policial y la sociedad civil, y estamos trabajando para recomponerla".

"La Policía no puede hacer huelga por la sencilla razón de que los delincuentes no hacen huelga. Es un servicio esencial para la comunidad y no puede haber ningún tipo de reclamo de condiciones laborales o salariales, por justificado que sea, que lleve al abandono de su responsabilidad", enfatizo del gobernador cordobés.

"Necesitamos policías que sientan la responsabilidad del uniforme, que luchen contra el crimen, protejan la vida, la propiedad y la libertad de las personas", resaltó De la Sota.

Por otra parte, calificó como "correctas" las medidas adoptadas por el Tribunal de Conducta Policial en pasar a disponibilidad a cuatro efectivos policiales sindicados como instigadores a cometer un nuevo acuartelamiento.

La Justicia es un poder y "vamos a ayudar a que se esclarezca la verdad poniendo a su disposición lo que pida", dijo refiriéndose a los 17 efectivos policiales detenidos hoy por orden judicial, en el marco de la investigación por el acuartelamiento y los saqueos.

Sobre el tema detalló que hay 54 personas con auto de procesamiento, entre civiles y policías, que de alguna manera participaron en los saqueos o en los hechos que dieron lugar a los mismos.

Asimismo, fue tajante al manifestar que "se terminó el hecho de que cualquiera cree que siendo policía puede protestar de cualquier manera y abandonar a la sociedad a los ladrones.

El que piense eso, que se prepare para ser echado de la fuerza", advirtió al referirse a las protestas que promueven las esposas de los efectivos policiales, argumentando incumplimiento del acuerdo firmado en diciembre para levantar el acuartelamiento.

"No hubo ni un solo incumplimiento de los 14 puntos firmados con los policías", aclaró De la Sota.