El kirchnerismo dice que todo lo que ganen las provincias, si aumentan su participación en lo recaudado por el tributo, lo perderán porque la Nación les enviará menos recursos en obras y transferencias o asistencia financiera.

Pero si así fuera, ¿cuál es el problema? Que los Kirchner perderían mucho poder. El del matrimonio patagónico ha sido, sin ninguna duda, el gobierno más fiscalmente unitario desde el regreso de la democracia. Y ha utilizado el poder político que ello le confiere sin ningún disimulo. Es eso lo que no quiere perder.

Porque si es como dice Cristina Kirchner que lo que reciban las provincias directamente ya no se lo enviará la Nación en la forma de obras y refinanciamientos, ¿dónde está el desfinanciamiento para el Tesoro que denuncia un alarmista Miguel Pichetto? El jefe del oficialismo en el Senado reclama que los que quieren la modificación del reparto digan qué gastos deben recortarse. Es decir que el costo político lo pague la oposición.

Pero es una requisitoria vacía. Ya fue la propia Presidenta la que dijo qué gastos se recortarán: el Programa de Asistencia Financiera (PAF) y las obras que, con cuentagotas y exigiendo disciplina política, reparte el ministro Julio De Vido.

Entre los gobernadores, el cambio de situación no es igual para todos. San Luis quiere el cambio porque recibirá más dinero, puesto que, dicen los Rodríguez Saá, no reciben nada del gasto que discrecionalmente reparten los Kirchner entre sus incondicionales.

Otras provincias tal vez queden empatadas. Y a otras, como Santa Cruz, muy privilegiada en el reparto al sólo arbitrio de los Kirchner, le llegaría menos.

Todo si se cumpliera lo que dice Cristina Kirchner, en cuanto a las compensaciones de recursos y gastos para el Tesoro y el resto de las cuentas nacionales.

Pero es poco probable que ello ocurra así. Los gobernadores, cuando han tenido mucho dinero lo han gastado, y si las cosas empeoraban, trasladaban la presión a la Nación. Les pasó a Raúl Alfonsín, a Carlos Menem, a Eduardo Duhalde y, sobre todo, a Fernando de la Rúa. Sabe bien Néstor Kirchner, que era gobernador de Santa Cruz, cuánto pueden exigir las provincias a la Nación, aunque estén bien de dinero, en particular si hay debilidades políticas.

¿Podrían los Kirchner, con menos recursos del impuesto al cheque, desentenderse de los problemas financieros de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Parece que no.

Una historia reciente muestra hasta qué punto los gobernadores pueden recuperar poder de presión económica ante un gobierno nacional que comienza a perder votos. A varios mandatarios les bastó el año pasado con amenazar con emitir cuasimonedas al estilo de los patacones para lograr que Néstor Kirchner abriera la mano, incluso para quienes no estaban políticamente del todo alineados.

La concepción del matrimonio patagónico es que no se puede hacer política sin dinero, y han llevado ese pensamiento a la acción hasta las últimas consecuencias. Por ello se aterran de que los gobernadores recuperen capacidad de recibir dinero sin tener que rendir pleitesía. No sólo la coparticipación automática ha sido capturada. También se reguló a la baja el precio del petróleo y el gas en boca de pozo, perjudicando la producción local, para evitar que algunos mandatarios obtuvieran mayores regalías, que son una proporción de esos valores.

Prefirieron subsidiar la importación de combustibles, para que se produjeran en Bolivia o Trinidad y Tobago, en vez de recompensar la producción y la exploración aquí con tal de impedir que crecieran quienes con toda seguridad iban a disputarles el poder.

El poder, la autonomía, la capacidad de hacer sin tener que negociar o sin tener que conceder, eso es lo que está en juego en el reparto de los recursos fiscales. Todos piensan en 2011, porque para los políticos "todos los días son electorales".

CONSECUENCIAS

* Recursos adicionales . Las provincias obtendrían como mínimo unos $ 8200 millones adicionales al cambiar la coparticipación del impuesto al cheque; el Estado nacional dejaría de recibir esa suma.

* Compensaciones. El gobierno central podría evitar un aumento del déficit restringiendo transferencias a las gobernaciones; el recorte total podría sumar unos $ 12.000 millones, según cálculos de la consultora Iaraf.

* Deudas. Parte de la reducción afectaría al Programa de Asistencia Financiera (PAF), que refinancia los pasivos que las provincias tienen con la Nación.

* Inestabilidades. Parece poco probable que cuando se trata de provincias grandes el gobierno central, cualquiera sea, pueda desentenderse fácilmente de sus problemas fiscales o financieros, de modo que no sería tan fácil recortarles transferencias.