Así como en Mendoza, en una actitud de sus dirigentes que los honra, se logró poner un límite a la reelección indefinida de los intendentes, en otras partes del país está aconteciendo lo contrario. Un hecho muy negativo.

Ocurre con los intendentes del conurbano bonaerense, dueños de un poder de fuego enorme a fuerza de acumular votos, no pocos de ellos logrados a costa de la práctica de un clientelismo desvergonzado. Intendentes que sin distingo partidario alguno han resuelto abrazarse en medio de la tormenta para acabar con la ley que les impide estar en el poder por más de dos períodos. Y cuentan para ello con la bendición presidencial, lo que no es poco respaldo para sus intenciones aviesas.

La ley votada en 2016 por un acuerdo entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa establecía dicha limitación, fijando como último mandato el iniciado en diciembre de 2019.

Previsores y mirando hacia un 2023 distante, oficialistas y opositores están buscando el atajo, ya sea por la vía de la derogación o de la reinterpretación (por aquí siempre hay una Corte Suprema de Justicia dispuesta a hacerlo) para presentarse de nuevo. Esto permite conjeturar que si lo logran ya se les ocurrirá algo para 2027. Y así sucesivamente, mientras les quede vida o impulso político.

Solidario, el mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández, los ha respaldado al afirmar que “si los vecinos los votan, no podemos ir en contra de la voluntad popular”. Olvida, por cierto, que la falta de ofertas electorales diferentes es una visible y lamentable limitación a la voluntad popular, a la que se condena a elegir siempre lo malo conocido, en un simulacro de democracia. ¿O será un primer paso para habilitar una reforma constitucional que libere el camino para quien quiera perpetuarse en el poder?

Nadie debería sorprenderse por esta situación, considerando que en nuestro país las leyes se votan para ser incumplidas, modificadas o derogadas, pero sí por el aval del primer mandatario a prácticas que erosionan aún más –si ello cabe– a una democracia agobiada por el fuego cruzado que a diario se abate sobre toda forma de institucionalidad.

Las secuelas de atraso y corrupción que las dilatadas permanencias en el poder de gobernadores e intendentes traen aparejadas están a la vista: unos y otros acaban convertidos en verdaderos señores feudales.

Esta feudalización de la democracia sólo puede ser afrontada desde la alternancia y el cumplimiento estricto de las leyes que la imponen, eludiendo el fácil amparo de la supuesta voluntad popular.