La oposición dio ayer un paso importante en la Cámara de Diputados en su intento de acotar el poder del Gobierno para manejar los recursos del Estado: aprobó una iniciativa para eliminar los llamados "superpoderes", como se conoce a la facultad del Poder Ejecutivo para reasignar, sin límites, partidas del presupuesto nacional.

El proyecto, aprobado con 136 votos contra 90, fue apoyado por todos los bloques de la oposición y deja sin efecto la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, por la que en 2006 se había hecho permanente una facultad a la que los gobiernos acudían desde 1999. Al mismo tiempo que ratifica que cualquier modificación en el destino de una partida presupuestaria debe ser resuelta por el Poder Legislativo.

La iniciativa establece, además, que el Gobierno no podrá asignar sin acuerdo del Congreso los excedentes de recaudación no previstos al momento de la aprobación del presupuesto ni tampoco usar, sin consentimiento parlamentario, recursos de otras fuentes de financiamiento, como el Banco Central o la Anses.

El proyecto pasará ahora al Senado, donde en agosto del año pasado se aprobó, por impulso del oficialismo, una iniciativa que fija un tope del 5 por ciento a la reasignación de recursos del presupuesto. Esa propuesta, con la que insistió ayer el kirchnerismo en Diputados y que emula los límites que existen en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se rechazó en la Cámara baja.

"La asignación de recursos es una función ineludible del Congreso de la Nación", sostuvo Adrián Pérez (Coalición Cívica), autor de uno de los proyectos del que surgió el dictamen opositor. El diputado alineado con Elisa Carrió consideró que la ley de superpoderes había convertido al presupuesto nacional "en una mera ficción".

Un instante antes, el oficialista Gustavo Marconato había argumentado que, desde 2004, el Poder Ejecutivo nunca había reasignado partidas por un monto superior al 5 por ciento del presupuesto. "Con esto vemos la prudencia y la responsabilidad que se tuvo en el uso de este instrumento", sostuvo.

El diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur), autor de otros de los proyectos del que surgió la iniciativa opositora, explicó que el dictamen del oficialismo no resolvía el problema, dado que la mayor parte de la asignación de partidas hechas por el Gobierno se había canalizado por medio de decretos de necesidad y urgencia (DNU), con los que se destinaron excedentes de recaudación, que eran producto de una maniobra premeditada de subestimación de ingresos.

Entre 2003 y 2009, el Gobierno reasignó partidas por 148.946 millones de pesos, el equivalente al 20 por ciento del total de los presupuestos de esos años, sin el consentimiento previo del Congreso. De ese monto, $ 103.000 millones, el 70 por ciento, corresponden a excedentes presupuestarios redestinados a través del dictado de decretos de necesidad y urgencia.

"Argumentan que los gobiernos anteriores usaron esta facultad. Es cierto. Y así estamos. Este gobierno dice que los gobiernos anteriores son un horror. Si son un horror, ¿por qué se siguen usando las mismas herramientas? Con un discurso contrario, este gobierno ha repetido la historia", sostuvo Oscar Aguad, jefe del bloque radical, al cuestionar al oficialismo.

Le respondió el presidente de la bancada del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi.

Razonable

"Todos sabemos que el límite del 5 por ciento es absolutamente razonable. Si hemos verificado que la facultad que se le dio al Poder Ejecutivo fue utilizada razonablemente, para reasignar gastos hacia áreas sociales, quitarle esa facultad sería un error", afirmó. "Cuando hay que reasignar excedentes de recaudación, el Gobierno tiene dos instrumentos: una ley o un DNU. El Gobierno seguirá usando esos dos instrumentos", sostuvo.

Si bien destacaron el logro político de haber dado media sanción a la iniciativa, en la oposición reconocían ayer que, incluso si el Senado convirtiera en ley el proyecto aprobado ayer, el Gobierno seguiría teniendo un camino para reasignar excedentes de recaudación, por medio de los polémicos decretos presidenciales.

Como hasta la actualidad, esos eventuales decretos deberían superar después el filtro del Congreso. En la oposición explicaban que, en ese caso hipotético, tendrían un argumento cantado para rechazar los DNU.

A su turno, el diputado de Pro Federico Pinedo destacó que con el proyecto de ley aprobado "se cumple con el compromiso de recuperar las facultades propias del Congreso". Inmediatamente aseguró: "Le devolvimos la dignidad a las provincias postergadas del país".

Todo dependerá, como hasta ahora, de quién tenga la mayoría en el Parlamento. En el Senado no hay un escenario muy favorable para la oposición (ver aparte).

PUNTOS CENTRALES DEL PROYECTO DE LEY

* Obligatoriedad Cualquier reasignación del presupuesto nacional que afecte su monto total, el pago de deuda o la suba de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital, deberá ser previamente aprobada por el Congreso. Este es un requisito obligatorio que impone el proyecto de ley.

* Reasignaciones El Poder Ejecutivo no podrá reasignar, sin aval del Congreso, los recursos extrapresupuestarios, ya sean provenientes de la recaudación tributaria, de la Administración Nacional de Seguridad Social o de cualquier otra fuente de financiamiento del Tesoro nacional.

* Eliminación El proyecto ayer aprobado deja sin efecto la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, por la que en 2006 se había hecho permanente una facultad a la que los gobiernos acudían desde 1999. Y ratifica que cualquier modificación debe ser resuelta por el Congreso.

* Uso discrecional . Desde 2003 hasta 2009, el Gobierno manejó por medio de los "superpoderes" que tiene el jefe de Gabinete más de 148.000 millones de pesos. El 70 por ciento de esa redistribución de partidas la hizo el Poder Ejecutivo por medio de un decreto de necesidad y urgencia.