Apriete K a Corrientes busca frenar el reparto del impuesto al cheque

Como si no bastara la delicada situación fiscal de estados como Corrientes, amenaza con recortar los fondos a provincias si apoyan la maniobra opositora en el Congreso. Pero promete negociar sus déficits. Santa Fe, a la Corte. Corrientes, avalado por su Legislatura, ¿hará lo mismo?
La Casa Rosada se arma para enfrentar a partir de esta semana una contienda clave: el intento opositor de quitarle el manejo discrecional de recursos tributarios y, así, comenzar a minarle el vínculo con los gobernadores.

De esta batalla y algunas cuestiones aledañas como la misión de intendentes radicales de Corrientes que verán si pueden convencer a los legisladores (ver página 3), depende en gran medida el futuro de la situación provincial.

Como se informó en la última semana, y después de los últimos traspiés legislativos, el arco no oficialista buscará este miércoles avanzar en la modificación del reparto del Impuesto al Cheque en favor de las provincias, lo que obligaría al Estado nacional a ceder más de 11.500 millones de pesos anuales. A Corrientes llegarían casi 300 millones de pesos extra por año.

El plan del Gobierno para contrarrestar la cruzada anti-K consta de tres pasos, según confiaron funcionarios y legisladores oficialistas citados por un matutiño porteño:

1) no ceder y denunciar el afán de "desfinanciar" a la Nación;

2) negociar con cada mandatario las deudas provinciales; y

3) una tibia promesa de debatir una nueva ley de coparticipación para agitar la bandera del "federalismo", un tema que abre grietas entre los gobernadores. Como recurso de última instancia, Cristina Fernández vetará una norma que cambie la matriz del gravamen a los créditos y débitos bancarios, sancionada en 2001.

No es ninguna novedad que el punto segundo es lo que le permite a Ricardo Colombi ser optimista, aunque de la actitud de los senadores Nito Artaza y Josefina Meabe de Mathó, del diputado y Lucio Aspiazú depende también el éxito de esa negociación. El gobernador viajará hoy mismo a la Capital Federal. Son horas decisivas.

"No nos parece correcto modificar, entre gallos y medianoche, un ingreso que está contemplado en el ejercicio 2010", explicó al diario Crítica de la Argentina el ministro del Interior, Florencio Randazzo. En la misma línea, el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque oficialista, consideró que no es "serio" cambiar un tributo en forma aislada y propuso un debate más amplio sobre los "niveles de coparticipación".

Más que nunca, por estas horas, Néstor Kirchner, en diálogo permanente con los gobernadores, advierte sobre los "riesgos" de respaldar la propuesta opositora. A cambio, como ha venido ocurriendo, ofrece arreglar, una por una, las necesidades de financiamiento de cada jurisdicción. Un ejemplo actual es el de Corrientes. Hay encomiables esfuerzos por encolumnar con el oficialismo a los senadores Meabe y Artaza, justo cuando el mandatario radical Ricardo Colombi está cerrando un Programa de Acuerdo Financiero con la Nación. El cómico de revista intenta un fino equilibrio entre los intereses de su partido y de su gobernador.

"A quien haya que ayudar, ayudaremos. Pero lo vamos a manejar nosotros, no la oposición", reconoció auna fuente oficial. El otro argumento para enrolar voluntades es el flujo de fondos extracoparticipables enviados al interior, que representan el grueso de los recursos recibidos por las provincias. Ese concepto incluye los planes de vivienda y de infraestructura en general. "La cuenta es fácil. Si quieren mayor coparticipación por el Impuesto al Cheque, entonces que se hagan cargo de las obras. Ningún gobernador, sobre todo de los más complicados económicamente, prefiere eso", graficó un legislador kirchnerista que suele monitorear los temas económicos en el Congreso.

Durante el debate parlamentario, el oficialismo ensayará un discurso "federalista" para contrarrestar los dardos que vendrán desde la oposición. Así, recordarán que la Presidenta, vía un decreto de necesidad y urgencia, creó el año pasado el Fondo Solidario, por el que se coparticipa parte de las retenciones de la soja. En total, se distribuyeron casi 7.000 millones de pesos, una cifra que este año -si se cumple con la expectativa de cosecha récord- se acercará bastante al monto que involucra la modificación de la Ley 25.413.

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