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JAVIER SLUCKI

 

Desde el vamos, la Unión Industrial Argentina (UIA) buscó mostrarse cercana al gobierno de Javier Milei, al punto de apoyar con firmeza el mega DNU, incluso ante la Corte Suprema. Sin embargo, su derrotero no fue ajeno al del resto de la economía, y hoy la principal asociación de empresas industriales del país se encuentra en el Congreso pidiendo cambios en el RIGI de la Ley Bases, con temor a que su aprobación profundice todavía más la caída de la actividad del sector pyme.

"La UIA ponderó que las modificaciones incluidas propicien la creación de empleo formal, y que garantice la provisión de servicios esenciales y de importancia trascendental, a la vez que sancione expresamente los bloqueos a empresas. La UIA consideró que la nueva normativa 'brinda previsibilidad y sustentabilidad a los procesos productivos y mejora las condiciones de empleabilidad y respeto a la iniciativa privada'", decía en diciembre pasado la propia cámara patronal en referencia al DNU 70/2023, tras juntarse con el entonces secretario de Trabajo, Omar Yasín, un día después de publicado el decreto.

El apoyo de la UIA al DNU se centró, como no podía ser de otra manera, en la reforma laboral, que, entre otros puntos, redujo las indemnizaciones por despido, limitó el derecho a huelga, extendió el período de prueba, flexibilizó la ultraactividad y desfinanció a los sindicatos a través de las obras sociales.

Nunca fueron confirmadas oficialmente las sospechas de que Bruchou&Funes de Rioja, el estudio del titular de la UIA Daniel Funes de Rioja, estuvo detrás de la redacción de parte del DNU  Pero lo cierto es que, según reveló El Destape, durante el período en que el decreto se estaba redactando tres abogados de este bufete ingresaron más de una vez a la Casa Rosada. 

La suspensión de toda la reforma laboral en la Justicia, a raíz de un pedido de cautelar de la CGT, puso a la UIA en pie de defensa del Gobierno. Así, a mediados de enero pasado la cámara patronal se presentó ante el fuero laboral como amicus curiae para apoyar el DNU. "Las reformas planteadas sientan las bases para que las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles, una vez que se materialice la recuperación económica", destacó en ese momento la entidad. Semanas más tarde, y por esa misma causa, también se presentaría como amicus curiae ante la Corte Suprema.

Los cuestionamientos de la UIA al gobierno de Javier Milei

Sin embargo, la caída de la actividad terminó por arrastrar a la posición de la UIA. Según midió la propia entidad en meses posteriores, la industria cayó un 12% interanual en enero y un 6,8% en febrero, con un 8,3% global en el bimestre. La preocupación comenzó a verse con más claridad a mediados de marzo. En ocasión de la apertura a las importaciones de productos básicos terminados, la cámara empresaria manifestó su "preocupación por lo que consideran un trato desigual para la industria". "El anuncio realizado hoy afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país", advirtió en un comunicado. 

A fines de abril, la entidad pasó a pedir abiertamente la implementación de "políticas para sostener la actividad". La Junta Directiva señaló entonces "la urgente necesidad de implementar políticas que permitan sostener la demanda, considerar el impacto en la industria nacional de la apertura comercial sin antes bajar impuestos, los recientes aumentos de tarifas y la pérdida de empleo".

Así, la discusión por la Ley Bases, que entre otros puntos buscaba revalidar la reforma laboral del DNU, encontró a la UIA en una postura política diferente a la que tuvo cuando se sancionó ese decreto. Si bien apoyó oficialmente el tratamiento del proyecto, el punto que generó los resquemores fue RIGI.

"Coloca a los proveedores locales en una situación de desventaja frente a los productos importados, toda vez que la importación no paga aranceles de ningún tipo mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con todas sus obligaciones en materia arancelaria e impositivas", advirtió sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, mientras pidió que las empresas argentinas puedan convertirse en proveedoras de las nuevas inversiones.

En este contexto, fuentes del sector industrial revelaron a El Destape que dirigentes de la UIA mantuvieron, el último lunes, una reunión con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. El objetivo fue manifestarles que, si en el Senado el RIGI no es aprobado con modificaciones que atiendan los cambios pedidos por la entidad, la propia UIA impulsará una ley complementaria para pymes, que seguramente tenga en cuenta la posibilidad de que las pequeñas empresas provean a las grandes inversiones.