El interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados reflotó la discusión de una nueva Ley de  Alquileres, iniciativa que a fines del año pasado recibió media sanción en el Senado, pero intentará imponer un proyecto alternativo para “suavizar” el impacto de la medida, tras las críticas de inmobiliarias.

Si bien no hay una agenda definida, el presidente de la  comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky, quien es coautor del proyecto oficialista, indicó que la idea es “convocar a una reunión informativa en las próximas semanas”,  siempre y cuando “haya consenso” para avanzar en un dictamen unificado. “En la mayoría de los temas, los dos proyectos son complementarios. Hay pequeñas contradicciones que habrá que  zanjar en la discusión”, sostuvo Lipovetsky. 

El proyecto original de la senadora del PJ-Frente para la Victoria Silvina García Larraburu, que había sido votado por unanimidad, fijaba los contratos de alquiler en tres años, en línea con lo pretendido por las asociaciones de inquilinos, y también contemplaba un mecanismo de actualización anual a través de un índice que elaboraría el INDEC en base al promedio entre el índices de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS). De acuerdo al texto, dicha indexación sólo se pondrá en  marcha en caso de que la inflación sea superior al 10 por ciento.  

Además, la iniciativa con medio sanción prevé que las expensas extraordinarias quedan a cargo del propietario, y que las inmobiliarias sólo puedan cobrar hasta un mes de comisión.

Esta última disposición, sumada a la incertidumbre respecto al mecanismo para la indexación del valor del alquiler  generaron un fuerte revuelo, razón por la cual el Ministerio  del Interior trabajó en una propuesta alternativa que presentó Lipovetsky en conjunto con Waldo Wolff (PRO) y Karina Banfi (UCR).

El proyecto oficialista, más moderado, deja en dos años la duración del contrato, tal cual está vigente en la actualidad, y establece que sólo se utilice el CVS para actualizar los alquileres, y exclusivamente para aquellos que no excedan las 840 unidades UVA que se usan para los créditos hipotecarios (actualmente equivale a 15.657 pesos).

El valor del alquiler para aquellos contratos que estén por encima de ese tope podrán seguir siendo acordados libremente  por las partes, como así también definir quién se hace cargo de las expensas extraordinarias.

En cambio, el proyecto de Lipovetsky plantea que para los alquileres inferiores a las 840 unidades UVA, los inquilinos estén eximidos del pago de las expensas extraordinarias.

En ambos proyectos, se establece que la devolución del depósito se realiza al momento de la finalización del contrato que se efectúa con la entrega de la llave, a un valor indexado proporcional al último mes de alquiler.

En cuanto al cobro de comisiones por parte de las inmobiliarias, el proyecto oficialista no se expide, lo cual deja vía libre para que puedan seguir fijando libremente los honorarios como hasta ahora, así como otras condiciones como el mes de adelanto, depósito y gastos administrativos. Este es uno de los aspectos más denunciados por parte de las organizaciones de locatarios, que advierten acerca de “abusos” por parte de las inmobiliarias.

A su vez, las organizaciones de locatarios, que defienden la  redacción del proyecto que llegó con media sanción del Senado, objetan el método de actualización de los alquileres en base al CVS y al criterio de establecer una línea de corte entre aquellos que están por debajo de las 840 unidades UVA y los que  pueden acordarse entre las partes sin intervención. Consideran que este criterio podría acarrear una disparada de precios, ya que los propietarios, a fin de esquivar las regulaciones, podrían subir el valor del alquiler. 

Consultado al respecto, Lipovetsky reconoció que la  “disparada de precios” no es un “efecto deseado”, por lo que aseguró que la medida “podría reverse”.

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, acusó días atrás al Gobierno de “dilatar la aprobación de la ley” que viene del Senado y advirtió que “la intención de fondo es que no se vote ningún proyecto”.

La iniciativa que cuenta con el aval de la Casa Rosada cuenta además con un régimen de fomento a la construcción de viviendas para alquiler, con beneficios impositivos a desarrolladores inmobiliarios.

“La ley tiene que ser una norma que proteja al sector más débil que son los inquilinos pero que no afecte a la oferta de inmuebles. La idea es aumentar la oferta de departamentos y generar empleo en la construcción”, fundamentó Lipovetsky.

La comisión de Legislación Penal que él preside tiene en consideración otros diez proyectos para regular los alquileres, pero el diputado del PRO reveló a esta agencia que  lo más probable es que la discusión termine pivoteando entre la iniciativa del Poder Ejecutivo y la que fue aprobada el año en  la Cámara Alta.

Pese a las intenciones de poner en marcha el tratamiento de la ley de alquileres, fuentes parlamentarias del oficialismo  admitieron que “los tiempos legislativos son complicados” dado que la comisión de Legislación Penal ya tenía programada una agenda cargada de temas a tratar.

También advirtieron que las organizaciones de inquilinos están demasiado influenciadas por la “política partidaria” vinculada al kirchnerismo y que que por lo tanto no son demasiado proclives a hacer concesiones en pos de los “consensos necesarios” para llegar a una redacción común.