Los industrales de la UIA alertaron por un aumento de la litigiosidad laboral si el Congreso avanza con la sanción de un proyecto que busca modificar la Ley de Contrato de Trabajo para extender de dos a cinco años la prescripción de créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral.  "La extensión de los plazos de prescripción resulta desacertada en el proyecto de referencia, no sólo porque perjudica la previsibilidad de las relaciones del trabajo, sino porque impacta directamente en los incentivos para la inversión y la generación de empleo", afirrmaron los empresarios.

"La iniciativa carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo", afirmaron la UIA.

La dura postura de la entidad fabril dejó abierta la posibilidad de judicializar la iniciativa si es que se convierte en ley. "Debe tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que "la prescripción es una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos" (C.S.J.N., "Fallos", 191-490; 204-626)", destacó la entidad.

Sin embargo, antes apeló a argumentos económicos y productivos para intentar ponerle freno en el ámbito legislativo. "El sector empleador no fue convocado en ninguna instancia", enfatizó un comunicado de prensa.

"La Unión Industrial Argentina manifiesta su preocupación respecto del proyecto S93-20 que modifica plazos de prescripción de créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral, que cuenta con dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión Social", señaló el comunicado.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la Comisión de Trabajo e integrante del oficialista bloque del Frente de Todos, Daniel Lovera (La Pampa) y contó con la aprobación en el debate interno antes de llegar al recinto de la Cámara alta nacional.

De plasmarse, el proyecto busca sustituir el texto del artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, que actualmente establece que todos los créditos de origen laboral prescriben a los dos años, y la reemplazará aumentando los plazos y distinguiendo entre dos tipos de acciones: Tres años, para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral. Cinco años para las demás acciones relativas a las relaciones individuales o colectivas de trabajo.

"La iniciativa carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo", alertó la UIA, quien recordó que, "en la actualidad los plazos en la práctica ya son mayores a los establecidos en la LCT en varias jurisdicciones –habida cuenta de las suspensiones o interrupciones dispuestas–". "Un ejemplo de ello: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el reclamo ante el SECLO suspende el cómputo del plazo de prescripción por 6 meses", destacó.

Según los industriales, la extensión del plazo de prescripción a cinco años "impactará negativamente en los balances de las empresa, que deberán por lo menos duplicar sus previsiones o reservas contables vinculadas a los eventuales reclamos laborales del personal".

Los empresaros consideraron que "el proyecto bajo análisis tensiona y contradice la tendencia actual en materia de prescripción, que busca acortar los plazos", y afirmó que "en un mundo de comunicaciones fluidas, instantáneas y virtuales, se vuelve ocioso y contraproducente disponer una extensión de los plazos de prescripción por un plazo de cinco años".

"La UIA reitera su preocupación por la llegada al recinto de un proyecto que no contó con el tiempo de análisis necesario y sobre el cuál el sector empleador no ha sido consultado. En un contexto signado por la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país, este proyecto no considera las consecuencias inmediatas -el aumento de la litigiosidad laboral- así como los efectos de segundo orden que podrían generarse -el impacto negativo sobre la sustentabilidad de las empresas y los empleos formales-", afirmó la entidad que preside Miguel Acevedo.