La provincia de Salta anunció este sábado que iniciaba formalmente la Solicitud de Consentimiento, la votación formal para que los acreedores den su aceptación a la última oferta para el canje de su deuda externa. De esta forma, la provincia les dio a sus bonistas hasta el 19 de febrero para que apoyen o rechacen la propuesta.

Las cláusulas de acción colectiva le exigen al gobierno de Gustavo Sáenz el apoyo de los tenedores de al menos el 75% de las acreencias para poder avanzar con la reestructuración y que no queden holdouts.

La oferta ya fue aceptada el viernes 29 de enero por VR Advisory Services, los asesores del grupo Ad Hoc de acreedores de la provincia, que declaran tener el 40% del total de los 350 millones de dólares a reestructurar. La aceptación llegó luego de que el ministro de Economía Jan Touzeau acercara los vencimientos de los bonos dividiendo las amortizaciones del capital en 10 cuotas que se van a empezar a pagar semestralmente desde 1 de junio de 2023 hasta el 1 de diciembre de 2027, la nueva fecha de vencimiento.

Este domingo, la Coalición de Bonistas Provinciales de Argentina (CAPB) le dio su visto bueno al resultado de las negociaciones que ambas partes aseguraron que fueron de buena fe y destacaron que es "La mejor manera para mantener la integridad del mercado de bonos provincial y preservar el acceso al financiamiento que sostiene las inversiones de capital".

La Oferta también propone una reducción de la tasa de interés del 9,125% original por un esquema semestral y creciente que paga el 4% desde la fecha del cierre del canje hasta el 30 de junio de este año y luego 5% hasta diciembre de 2023. Luego se eleva al 7,5% hasta diciembre de 2024 y desde entonces y hasta el vencimiento seguirá pagando 12,5% anual.

 

La deuda que se negocia fue tomada por Juan Manuel Urtubey en el 2016 en el contexto de endeudamiento de todas las provincias hasta 2024 y con una tasa de interés de las más altas del país junto con la de Entre Ríos.

 

De no llegar al 75%, el gobierno seguirá negociando. Es que de no llegar a un nuevo acuerdo, Salta debe empezar a pagar los 350 millones de dólares de capital a partir del año próximo. Las obligaciones en 2022 suman 154 millones entre capital e intereses, más otros 138 millones en 2023 y 127 millones de dólares en 2024.

En cambio, de conseguirlo pasaría a ser la sexta provincia en cerrar su reestructuración. Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro y Córdoba ya llegaron a un acuerdo.