El gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, llegó ayer hasta la Corte Suprema de Justicia con su reclamo de deudas previsionales a la Nación por $1.040 millones, pero el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, rechazaron que exista deuda alguna y opinaron que el planteo delasotista es “el de un político en campaña”. El choque se produjo en la audiencia de mediación que había convocado la Corte Suprema, que naufragó ayer al mediodía. El mandatario aprovechó luego para disparar munición gruesa contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que acusó de “firmar acuerdos con la mano y borrarlos con el codo”.

La fallida mediación fue dirigida por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien ahora evaluará junto al resto del tribunal el reclamo cordobés, aunque sin plazos para expedirse. Desde fines del año pasado, De la Sota intenta volver a cobrar las cuotas de la asistencia financiera que la Nación giraba puntualmente a su provincia hasta 2010 para cubrir el déficit de la caja previsional provincial, que abona haberes mensualmente a 92.000 jubilados y pensionados.

La pulseada derivó en una crisis política provincial el mes pasado, cuando De la Sota anunció que postergaría por seis meses las dos tandas de aumentos de haberes previstas para el segundo semestre del año. Los sindicatos estatales salieron a protestar contra la medida y fueron reprimidos por la policía mediterránea.

Ayer De la Sota aprovechó los micrófonos y cargó duro contra la Casa Rosada: “Hablemos, señora Presidenta. Los cordobeses le prestaron más de 1.000 millones y queremos recuperarlos en paz, hablando, en un acuerdo en el que ninguno salga perjudicado”, dijo. Y pidió “dejar de lado cualquier tipo de vanidad” en la discusión.

“No somos destituyentes, conspiradores ni enemigos del Gobierno ni estamos en una pulseada de poder. Queremos cobrar lo que nos deben. En este caso no hay dudas, hay un contrato firmado que el Gobierno firmó con la mano y ahora pretenden borrar con el codo”, agregó De la Sota.

La respuesta de Bossio y Lorenzino llegó en estéreo, primero en Tribunales y luego en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. “No hay deuda con la provincia de Córdoba”, enfatizó el ministro de Economía, quien más tarde informó sobre la audiencia a la Presidenta en su despacho de la Rosada. “Nosotros no le exigimos al gobernador que modifique ninguna pauta previsional”, agregó el jefe de la ANSES.

Lorenzino desalentó cualquier especulación en torno a un ahogo financiero a la provincia al destacar que entre el 2003 y el 2011 “las transferencias del Gobierno Nacional a esa provincia han crecido más del 600 %” y que solo con la refinanciación de su deuda, el estado provincial se ahorró este año de pagar 1.351 millones de pesos.

Lo que sí exige la Nación es que Córdoba “armonice” los haberes que cobran los jubilados de su caja provincial con los de la ANSES. Hoy los primeros ganan en promedio cuatro veces más que los pasivos nacionales, gozan del privilegio del 82% móvil –sus haberes se ajustan en función de lo que perciben los empleados de puestos como los que ellos ocupaban– y no tienen topes de cobro, como sí tienen los de la ANSES. La diferencia se nota más porque los socios de la caja provincial son sólo el 16% de los pasivos de la provincia. El 84% restante cobra de la Nación.

Como en 2009, el gobierno cordobés se comprometió a realizar esa armonización y no lo hizo, la Nación considera que el convenio se cayó y que no está obligada a cubrir el rojo que también se comprometió a financiar. “Pero ellos nunca nos intimaron por el incumplimiento del acuerdo. De un día para el otro dejaron de enviar el dinero, hace veinte meses”, protestó anoche ante BAE el jefe de gabinete provincial, Oscar González.