Tras autorizarles un nuevo incremento del 5% a partir del mes de febrero, el Gobierno modificó este miércoles el Decreto 1993/2011, que reglamenta la Ley de Medicina Prepaga, y quitó a la Secretaría de Comercio Interior del proceso decisorio necesario para autorizar los aumentos de cuotas requeridos por las prestadoras.

Mediante el Decreto 66/2019, el Poder Ejecutivo resolvió "centralizar las actuales competencias en un número menor de jurisdicciones" y acotó el procedimiento administrativo a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, retirando al organismo que, en tiempos de Guillermo Moreno, tenía la potestad de autorizarles los aumentos.

En efecto, durante el kirchnerismo, las entidades debían elevar el requerimiento para incrementar la cuota a la SSS, que a su vez lo remitía al Ministerio de Salud para su aprobación, "previo dictamen vinculante" de la Secretaría Comercio Interior.

Según la norma publicada hoy con la firma de presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y la ministra Carolina Stanley, la participación de ese organismo en la instancia en cuestión, "genera una innecesaria superposición de cometidos y funciones públicas, en detrimento de la simplicidad de los trámites administrativos". 

Fundado en ese argumento, el Gobierno decidió, "con el fin de lograr una más ágil y fluida operatoria", solo los dos organismos antes mencionados intervendrán en el procedimiento de autorizaciones de incrementos de cuotas y valores diferenciales, "fijándole un plazo razonable para adoptar una resolución a los requerimientos que se presenten" las empresas.

El fin de una era

Además de intervenir en las estadísticas del Indec, Guillermo Moreno puso la mira en las empresas de medicina prepaga, desde su cargo en la Secretaría de Comercio Interior durante el kirchnerismo.

A falta de un marco regulatorio, cualquier pedido de aumento en las cuotas solicitado por las prestadoras era resuelto "en exclusiva" por el funcionario, que llegó a autorizar solo dos incrementos por año.

La polémica desatada por la puja entre las empresas y Moreno terminó alumbrando la Ley 26.682, que se aprobó a fines de 2011, y el posterior decreto reglamentario (el 1993), que establecieron un régimen de regulación específico para los actores del sector.

El artículo 5° del decreto en cuestión dispuso que la Secretaría emitiría "un dictamen de carácter vinculante" previo a la autorización de los aumentos por parte del Ministerio de Salud.

La norma también reguló otros aspectos como el del traspaso de una prepaga a otra por parte de los afiliados, permitiendo uno al año; estableció la posibilidad para el usuario de romper el contrato sin pagar eventuales deudas; y que el período de "carencia" no podría ser mayor a 12 meses.