La historia, a veces, se repite. Como si se tratara de un déjà vujudicial, el futuro de otra demanda multimillonaria contra la Argentina quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Antes había ocurrido con el juicio de los fondos buitre. Ahora, con la demanda por la estatización de YPF. Como aquella vez, en Washington creen que la opinión del gobierno de Donald Trump sobre el caso tendrá influencia en la decisión que tome el tribunal.

El máximo tribunal de Estados Unidos le pidió la opinión al procurador general, Noel Francisco, el abogado de la Casa Blanca ante la Corte, sobre la demanda por YPF antes de decidir si el caso debe ser tratado en un tribunal de Estados Unidos, como quieren los demandantes, o de la Argentina, como busca el gobierno nacional.

"En última instancia, los tribunales decidirán el caso según los méritos legales. La opinión de la Casa Blanca tendrá una influencia limitada, aunque sea difícil de creer para muchos argentinos dada la historia de influencia política sobre los jueces argentinos", señaló Benjamin Gedan, director del Argentina Project en el Centro Woodrow Wilson.

En 2014, durante el gobierno de Barack Obama, el entonces procurador general, Donald Verrilli, ofreció una encendida defensa a favor de la postura de la Argentina ante el máximo tribunal en la larga batalla judicial con los fondos buitre liderados por NML, de Elliot Management, la empresa insignia del magnate de Wall Street Paul Singer. Pese al respaldo del gobierno de Obama -y de una ola de informes amicus curiae a favor de la Argentina-, la Corte decidió por una mayoría abrumadora a favor de los fondos: 7 a 1. Luego vino el default "técnico", y, con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, la negociación y el fin de la cesación de pagos.

Para la elaboración de su informe, es probable que Francisco pida informes de varias áreas de la administración Trump, quizá del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el propio Departamento de Justicia. El gobierno argentino buscará ejercer su influencia y explotar la fluida relación entre Macri y Trump para obtener un informe que sea lo más cercano a la defensa argentina. La embajada argentina en Washington desplegará, seguramente, horas de gestión para cumplir con los fines de la Casa Rosada.

Pero, aun con un informe que cuadre con los deseos del gobierno de Macri, la decisión en última instancia dependerá de los nueve jueces de la Corte Suprema. El tribunal ha quebrado su equilibrio ideológico tras los nombramientos por parte de Trump de los jueces Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch. Ahora tiene un nuevo perfil, con cinco magistrados "conservadores" y cuatro "progresistas".

Así y todo, la ideología de los jueces no parece que vaya a ser un factor central en la decisión sobre una disputa que se inició con la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de estatizar YPF y la forma en la cual la ejecutó.