En esta causa, Echegaray está sospechado de frenar una investigación en la AFIP de Bahía Blanca contra el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, por el uso de facturas truchas. La denuncia fue impulsada por la diputada Margarita Stolbizer. 

Echegaray fue indagado por Casanello en mayo del año pasado. En ese momento, el juez lo acusó de haber tenido conocimiento, por lo menos desde hacía dos años, de la estafa millonaria de Báez contra el Estado nacional a partir de las facturas truchas. Meses después, la Sala II de la Cámara Federal impulsó la investigación y concluyó que los sobreseimientos dispuestos en su momento por juez el juez Norberto Oyarbide eran “una decisión liberatoria de carácter aparente”.

Cuando la causa se encaminaba al cierre, la AFIP reveló a través de un voluminoso informe, con la firma del subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, que la conducción anterior escondió una deuda de Báez de $1.700 millones en impuestos.

Casi al mismo tiempo, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó que se incorpore a la causa la declaración de Mecikovsky en el juicio oral contra el exvalijero Leonardo Fariña.

Ahora, el organismo que conduce Alberto Abad pidió ser querellante mediante un breve escrito. La respuesta del juez Casanello será determinante para el futuro del expediente. La primera reacción fue enviarle un oficio al juez Marcelo Martínez de Giorgi, reemplazante de Oyarbide, para certificar la causa que habían impulsado dos actuales funcionarias del Gobierno, Patricia Bullrich y Laura Alonso.