Mientras el Congreso Nacional aguarda el inicio de sesiones, queda pendiente uno de los proyectos clave en materia energética, no sólo para Santa Cruz, sino para el país en su conjunto. La creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) pondrá fin a una cadena de intervenciones, privatizaciones, hechos desafortunados y denuncias de vaciamientos millonarios. Los planes de la nueva administración y la impronta de un cambio político en la conducción.

La retirada del Frente para la Victoria del Gobierno nacional no pudo hacer pie en retomar el viejo anhelo de la estatización de la empresa carbonífera más grande del país. En diciembre de 2015, desembarcó en 

la Cámara de Senadores un pedido expreso de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para la creación de YCF. Luego de una escandalosa privatización en los noventa y una conflictiva cadena de intervenciones que puso a la firma al borde de la desaparición, el proyecto no prosperó y la falta de quórum dio vacaciones a la iniciativa.

El debate en las sesiones parlamentarias tuvo diferentes aristas y no quedó exento de polémicas partidarias propias del debate político. Los patagónicos hicieron causa común en la iniciativa y el jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, arremetió contra la oposición. Mientras tanto los santacruceños que ostentaban mayoría disidente sumaron su negativa al tratamiento. 

A pesar de las acusaciones, existieron diferentes proyectos que daban cuenta de la necesidad de darle un nuevo rumbo a la firma estatal. Con la firma de Julio de Vido y Aníbal Fernández se solicitó al Congreso: “Declarar de interés nacional el desarrollo de la exploración y explotación del carbón mineral y sus derivados, como recurso para la generación de energía eléctrica”. Tal propuesta incluía la transferencia de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos.

En este contexto, el radicalismo no quedó afuera de la discusión y el diputado nacional Eduardo Costa presentó una alternativa a la propuesta del entonces oficialismo. El legislador apuntó a la creación de una empresa que implique una Sociedad del Estado, mientras que otras proposiciones enfatizaron en la creación de un ente mixto. 

Nueva intervención

Las flamantes autoridades respaldan la propuesta de Costa y es la que estaría evaluando la administración de Mauricio Macri, que buscará como premisa mejorar la productividad del yacimiento carbonífero, como así también las condiciones laborales y la seguridad, tema sensible luego de la tragedia de 2004 que sigue presente en la comunidad santacruceña.

Para llevar adelante este cometido, el Presidente de la Nación decidió romper la tradición de signo político en las intervenciones y puso la mirada en un joven referente de la Unión Cívica Radical y ex candidato a intendente de Río Turbio, Omar Zeidán, quien no desestimó el desmanejo de los últimos doce años y la costosa inversión en la planta, con deficiencias que han quedado expuestas en una cadena de irregularidades (ver cuadro).

Lo cierto es que a pesar de los nuevos vientos que soplan respecto del cambio, aún queda pendiente la definición de dos auditorías que se están llevando adelante (una de corte y otra general) que darán una radiografía de la planta en su extensión.

La tarea no será nada sencilla. Los números dan cuenta de 35 mil millones de dólares invertidos y condiciones precarias no solamente para los obreros, quienes no cesan en sus reclamos por las condiciones de seguridad en cada una de las minas, como también la transformación de la matriz energética en tiempos de crisis para la provincia y el país en su conjunto. Mientras tanto, la crisis económica también influye de manera indirecta. Los cortes de ruta y los constantes reclamos por parte de obreros de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, planta hermana de YCRT (que a pesar de su pomposa inauguración aún espera la puesta en marcha de su usina) comienzan a poner en jaque a la producción. 

Por el momento, la estatización aguarda en los cajones del Senado de la Nación. Sólo queda en la voluntad de los legisladores nacionales y del Gobierno poner primera para crear YCF o bien presentar una alternativa que ponga fin a las constantes intervenciones.