Coparticipación: qué opinan constitucionalistas

Coparticipación: qué opinan constitucionalistas

Especialistas en derecho constitucional y miembros de la oposición porteña criticaron el decreto mediante el cual el presidente, Mauricio Macri, le otorgó a la Ciudad un mayor ingreso por coparticipación. Desde la Jefatura de gobierno porteño dijeron que se trata de una situación contemplada en la Constitución.

El aumento en el porcentaje de la coparticipación federal que recibe la Ciudad de Buenos Aires para solventar los gastos operativos de la Policía Federal que se traspasó a la órbita porteña generó polémica entre los gobernadores que se quejaron por la falta de recursos que reciben sus respectivas provincias.

El total son cerca de $ 16.000 millones que serán destinados para solventar los gastos operativos de la fuerza.

Sin embargo, tres abogados constitucionalistas consultados por Qué tuvieron diferentes opiniones respecto del tema. Para Andrés Gil Domínguez, se trata de una atribución que no puede tomar el Ejecutivo. “El Senado es el que tiene la potestad para tratar la coparticipación federal”, afirmó. Félix Loñ, por su parte, reclamó una mayor discusión sobre la ley en general, la cual consideró que “asfixia a las provincias que directamente no pueden pagar los sueldos”. En el gobierno porteño sostienen que el traspaso se hizo como lo indica la Constitución. “Se pasaron competencias y recursos” afirmaron.

“Es algo neutro desde el punto de vista económico”, dijo el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. La oposición al PRO en la Ciudad rápidamente salió al cruce. “Mientras Macri obliga a las provincias a endeudarse porque ‘no hay recursos’, más que duplica (más de 168%) las transferencias a la Ciudad que gobernó 8 años”, dijo el ex ministro de Economía y diputado nacional, Axel Kicillof.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el presidente, Mauricio Macri “incumple con lo que fue una de sus promesas de campaña: el diálogo”.

Consultado por Qué afirmó que el decreto que modifica el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires debe ser tratado por el Senado de la Nación.

“Todo lo referido a materia impositiva no solamente tiene que pasar por el Congreso, sino que las modificaciones en la coparticipación son una atribución del Senado, como dice el artículo 75 de la Constitución nacional”, explicó Gil Domínguez, quien también aclaró que la coparticipación además de ser distributiva tiene que ser equitativa entre las diferentes provincias.

Gil Domínguez también señaló que cualquier modificación puede ser introducida si se llegase a convocar a una sesión extraordinaria. 

Eduardo Barcesat

La Justicia debería prohibir su aplicación

Entre los especialistas en derecho consultados porQué, Eduardo Barcesat fue quien esbozó las críticas más duras hacia el traspaso de la Policía Federal y el posterior aumento en el porcentaje de la coparticipación. “Considero que se trata de un decreto nulo e inconstitucional. Junto con el que derogó el que había firmado la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y que reponía el 15% para tres provincias como falló la Corte Suprema”, afirmó en diálogo con Qué.

Barcesat, además, sostuvo que se trató de “una medida que marcó el sesgo autoritario del Gobierno de Mauricio Macri”, como también una clara “tendencia discrecional, absolutamente arbitraria”.

Por último, señaló que el flujo de dinero que ingresará a las arcas de la Ciudad es mucho mayor al costo operativo real, según sus cálculos. Ese mismo argumento fue compartido por varios referentes del kirchnerismo, en especial el diputado nacional Máximo Kirchner, quien lo sostuvo en una entrevista reciente.

Félix Loñ

La discusión de fondo es volver a un sistema más equitativo

Para el abogado constitucionalista Félix Loñ, la discusión por el porcentaje de coparticipación excede la situación con la Ciudad de Buenos Aires. “La ley 23548 que estableció, en 1983, el régimen de coparticipación sostenía que el 56% iba para las provincias y un 44%, para el Gobierno federal. Desde ese momento, Menem primero y el kirchnerismo después, lo bajaron hasta un 28% para las provincias”, sostuvo Loñ en diálogo con Qué.

Loñ, además, consideró que las consecuencias de dichas modificaciones hicieron que las provincias afronten problemas para el pago de los sueldos de sus empleados. “La tendencia de reducir el porcentaje generó una gran angustia a las provincias. Aunque, ninguna de ellas planteó, de forma fuerte, el reclamo”, dijo.

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