Un sutil pase de facturas sobrevuela por estas horas entre el Palacio del Congreso y la Casa Rosada. Es que la decisión en plena madrugada de la sesión de Diputados de desenganchar a los regímenes jubilatorios especiales (diplomáticos, judiciales, etc) del congelamiento de la movilidad previsional, es vista como un "error no forzado" del Gobierno que complicó fuerte la sanción de la emergencia económica.

 

 

 

El argumento del oficialismo fue real: los beneficiados de ese régimen podían interponer juicios. Pero el privilegio consagrado le dio una bandera a la oposición que el radical Mario Negri agarró en el aire para enrostrar al peronismo que limitaba los aumentos jubilatorios a los ciudadanos de pie, mientras mantenía los privilegios para los poderosos, que además cobran las jubilaciones más altas.

 

 

 

Fue tanto y tan alto el costo político que el Gobierno empezó a pagar por el cambio, que se trasladó al Senado y puso en riesgo los dos tercios que necesitaba la norma. Así en el pico de la tensión, en lo que pareció un paso orquestado para salvar la ley, la mendocina Anabel Fernández Sagasti anunció en pleno recinto que el Gobierno había tomado la drástica decisión de enviar un proyecto para eliminar los regímenes especiales de jueces y diplomáticos y leyó un tuit de Alberto Fernández confirmando el anticipo, para luego acercarse a hablar con Cristina Kirchner, 

 

 

 

Con esa movida, Cristina y Alberto mostraron reflejos y salvaron la sesión, pero el costo no es menor: El poder judicial se abroqueló en defensa de sus jubilaciones y contra la Casa Rosada. Una pelea que recién empieza.

 

 

 

El problema es que según confiaron a LPO fuentes al tanto de lo ocurrido, el conflicto fue innecesario. "Es verdad que la ley como vino de la Rosada dejaba abiertos futuros juicios de los beneficiarios de los regímenes especiales, pero no era necesario anticipar esa discusión. Se podía saldar en la reglamentación o directamente esperar que surjan las primeras demandas y ahí darle una respuesta", señaló una de las fuentes consultadas.

 

 

 

En ese sentido, las fuentes, apuntan a una falta de conducción o de lectura política por parte de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien junto a la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, fueron dos de las interlocutoras elegidas para monitorear la sanción de la ley de emergencia.

En el Congreso sugieren una falta de conducción o de lectura política por parte de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien junto a la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, fueron dos de las interlocutoras elegidas para monitorear la sanción de la ley de emergencia.

 

 

 

Sin embargo, en la Rosada se desentienden del tema y señalan que Vilma Ibarra sólo realiza un control de "legalidad" de las normas propuestas y en todo caso no tiene capacidad de incidir ni marcar límites a una negociación que se dio en Diputados, al interior de la coalición oficial.

 

 

 

Como sea, es evidente que el exceso de celo por cubrir eventuales riesgos legales, terminó empujando al oficialismo a la extraña situación de primero modificar una ley propia que no hacía distinciones para proteger a los beneficiarios de los regímenes especiales, para luego anunciar directamente su próxima eliminación.