El Congreso después del veto

El Congreso después del veto

El oficialismo busca frenar la actividad para recomponer el vínculo con el peronismo “dialoguista” y retomar la iniciativa después del Mundial de fútbol. El debate sobre el aborto y el desafuero de CFK, entre los temas que se vienen.

El Congreso entró en modo Mundial de fútbol. El Gobierno busca clausurar el debate parlamentario mientras intenta recomponer su dañada relación con el peronismo “dialoguista” después del veto presidencial a la ley que retrotraía los tarifazos en los servicios públicos. La excepción será el debate en el recinto de Diputados por la interrupción voluntaria del embarazo, previsto para 13 de junio. La otra excepción llega por el lado judicial: el debate sobre el pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner que Cambiemos quiere retomar esta semana en el Senado. La intención oficialista es postergar una cargada agenda opositora que incómoda al Gobierno mientras dure el torneo en Rusia y así lograr un respiro para luego tratar de recuperar la iniciativa política y avanzar con su propia agenda. En contraste, la oposición trabaja para evitar el parate que impulsa el oficialismo. 

La derrota parlamentaria del Gobierno por el aumento de las tarifas, que obligó a cargar al Presidente con el costo político del veto, diluyó la agenda oficialismo en el Congreso. La posibilidad de retomar su propia agenda parece relegarse al segundo semestre del año. La única excepción en la Cámara de Diputados será la continuidad del cronograma del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El martes se producirá la disputa por el dictamen de mayoría, entre el proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y quienes se pronunciaron por su rechazo. El debate llegará al recinto el miércoles 13 de junio, donde los legisladores “indecisos” terminarán por inclinar la balanza.     

Los proyectos más anhelados por Cambiemos seguirían en carpeta. Uno de ellos irá en paralelo con la negociación con el Fondo Monetario Internacional: la postergada y resistida reforma laboral, ahora desdoblada. Una apuesta complicada en medio de los múltiples reclamos sindicales y sociales contra la política económica. Lo mismo sucedería con el nuevo Código Penal que impulsa el Gobierno y el otro capítulo de la reforma política: el financiamiento de los partidos políticos, tras la frustrada iniciativa para implementar la Boleta Unica Electrónica a nivel nacional. 

Una de las opciones que el oficialismo tiene para intentar volver al recinto en una sesión “sin conflictos” antes del Mundial, es la aprobación de la reforma de la ley de trasplante, a la que el Senado dio media sanción esta semana antes de abordar la ya vetada Emergencia Tarifaria. De avanzar, Cambiemos se arriesgaría a que la oposición también busque avanzar con las iniciativas que incomodan al Gobierno.     

Esto también se produce en medio una raleada agenda de comisiones. En algunas, le será difícil al oficialismo frenar su inercia legislativa con temas que lo complican. Una de ellas será la continuidad de la tarea de la Comisión Bicameral Investigadora de la desaparición del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes. El martes por la mañana recibirá en el auditorio del anexo del Senado los testimonios del contralmirante retirado Guillermo Lezana, ex inspector general de la Armada, y quien lo sucedió en el cargo, el contralmirante Eduardo Pérez Bachi. Ambos marinos ya declararon ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez. 

Ese mismo día también está citada la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja para continuar con el trámite de desafuero de la diputada radical chaqueña Aída Ayala. El macrista Pablo Tonelli la había convocado para analizar el expediente de la causa de la jueza Zunilda Niremperger que involucra a la ex candidata a gobernadora de Cambiemos en hechos de corrupción y “lavado de dinero”. Para el oficialismo parecía un simple trámite, luego que el abogado de Ayala, el ex camarista y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, lograra la eximición de prisión sobre el primer pedido de al jueza. Pero el viernes Niremperger notificó a Ayala su procesamiento y pedido de prisión preventiva, con embargo incluido. 

Desafuero 

La estrategia oficialista por dilatar la resolución sobre Ayala en la Cámara expone la doble vara de Cambiemos en el Senado. Allí, en una maniobra poco habitual para el protocolar funcionamiento de la Cámara alta, el oficialismo quiere apurar el desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un intento de recuperar la iniciativa y cambiar la agenda política tras la derrota por las tarifas.

Los senadores de Cambiemos pidieron para este martes una sesión especial para discutir el desafuero a CFK porque consideran que podrían vencerse los plazos del pedido de prisión del juez federal Claudio Bonadio en la causa iniciada por la denuncia del ex fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman. Sobre este tema vuelven a la carga de la mano de otra resolución judicial: el fallo de la Cámara Federal que sostiene que Nisman fue asesinado y lo vincula con la acusación que realizó contra la ex presidenta por el Memerandum con Irán. Aunque cerca de CFK y del propio peronismo dialoguista la consideran una “maniobra” para tapar los reclamos económicos y sociales, la embestida está en marcha.

Esta sería la principal iniciativa del oficialismo en el Senado, mientras vuelve a postergar otros temas más incómodos como el tratamiento de los pliegos para la designación de jueces en el fuero federal y el proceso para intentar encumbrar a la candidata de Mauricio Macri, Inés Weinberg de Roca, como la nueva procuradora general.

En tanto, la oposición, en especial en la Cámara de Diputados, trabaja en busca de consensos sobre proyectos para impulsar el funcionamiento del Congreso y evitar el receso invernal anticipado que busca imponer el oficialismo. El temario va desde el pedido de informes al Ejecutivo sobre la intención de incluir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior; pasa por una ley nacional para frenar la avanzada de Farmacity y el traspaso de las distribuidoras de energía Edesur y Edenor y la estatal Aysa pasen a manos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, hasta la derogación de la reforma provisional respaldada por un millón de firmas. 

La pulseada ya comenzó.

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