A contramano de la reciente determinación de un puñado de provincias y de las negociaciones que avanzan en el sector privado, la Casa Rosada no está dispuesta a ceder ni un centímetro en el reclamo sindical por un plus salarial frente a la escalada inflacionaria. No habrá un bono de fin de año para los empleados públicos y docentes cuyos sueldos sean abonados con dinero proveniente de las arcas nacionales.

Así lo informó ayer a LA NACION y a otros cinco medios una alta fuente del Ministerio de Trabajo. "Todavía no están dadas las condiciones ni hay razones objetivas para dar un bono. Tampoco hay un desborde inflacionario. Es más, los principales sindicatos del país acordaron aumentos que compensaron y, en muchos casos, superaron la suba de precios acumulada a lo largo del año", argumentó la fuente.

De esta manera, en el ministerio que dirige Carlos Tomada se alinearon con la postura que habían trazado hace unas semanas el secretario de Comercio, Augusto Costa, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Tomada intentará no interferir en las negociaciones que llevan adelante las provincias con sus empleados ni tampoco las que avanzan en el sector privado. Intervendría únicamente en caso de que un acuerdo salarial condicione a todo un sector o a una actividad, como está sucediendo en el Sur con la ola de reclamos de los gremios petroleros.

El gobierno nacional solía dar retribuciones extraordinarias, pero fueron suspendidas hace tres años por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa. Sin embargo, en algunos organismos descentralizados los pagos extras continuaron, informaron fuentes de los gremios estatales de ATE y UPCN. Esos pagos, si persisten, podrían ser ahora objetados por el Ministerio de Trabajo.

A diferencia de otros años en que la inflación estaba más controlada, hubo gremios que en 2014 incluyeron por primera vez en sus convenios colectivos el pago de un plus salarial. Lo hicieron a pesar de haber cerrado alzas salariales de entre un 28 y un 39%, según consta en informes del Ministerio de Trabajo.

"La mayoría de los sectores que acordaron aumentos salariales presentan un incremento del salario de convenio superior a la suba del índice de precios al consumidor [del Indec]. Asimismo, los sectores con menos mejoras del salario real, tienen acordado aumentos salariales adicionales que le permitirían superar el ritmo de incremento de los precios", explicó ayer el Ministerio de Trabajo en un comunicado. Sin embargo, el mapa salarial que escenificó el organismo no coincide con las demandas del sindicalismo.

Desde la CGT oficialista, hay sindicatos que exigirán el pago de un adicional por la inflación. Lo harán hasta los metalúrgicos, cuyo referente, Antonio Caló, está al frente de la central afín a la Casa Rosada. También lo reclamará el jefe de la Uocra, Gerardo Martínez, a quien en el Gobierno observa con desconfianza por su acercamiento a Hugo Moyano y sus pronósticos casi apocalípticos sobre la inflación.

Más preocupado por la parálisis en la creación de empleo genuino y por el "estado de cautela" al que se llamaron los empresarios, el Gobierno parece no estar dispuesto a ceder al reclamo de los gremios para compensar la inflación.

"No daremos un bono, mucho menos cuando el piso de los acuerdos salariales fue de un 28%", se plantó un funcionario que tiene trato cotidiano con gremialistas y empresarios.

CGT: APURAN LA UNIDAD

Con la excusa de debatir sobre la política de transporte, el jefe de los maquinistas de La Fraternidad, Omar Maturano, citó para hoy a sectores de las tres CGT, lo que se interpreta como la primera convocatoria para avanzar en la reunificación sindical. Irían Omar Viviani (CGT oficialista), Roberto Fernández y el moyanista Juan Carlos Schmid..