Por Virginia Porcella.

Propios y ajenos al Gobierno lo consideran, desde hace meses, el problema más urgente de la economía argentina. La cuestión fue uno de los temas centrales en el que se enfocó la campaña electoral del oficialismo desde mayo. Y, a partir de agosto, tras el resultado de las PASO, los contactos y gestiones con inversores privados y también con el FMI se multiplicaron.

Se anunciaron “lineamientos generales” y se dejaron trascender borradores de propuestas. Con quita, sin quita, con prórroga por 2, 3 y hasta 4 años. Con el aval del Fondo, antes del acuerdo con el Fondo. Con unos interlocutores primero, con otros después. Pasó mucho durante las últimas semanas en torno a la reestructuración de la deuda externa pero lo concreto es que se avanzó poco y nada, a excepción de la apertura de casillas de mail en las que se recibieron propuestas hasta la semana pasada y a través de las cuales el miércoles se inició un proceso de identificación de acreedores.

Se trata de un paso indispensable tanto para avanzar “a suerte y verdad” en una oferta previamente consensuada de canje -que siempre implica el riesgo de no alcanzar las mayorías necesarias de acreedores- o, como intentará el comité de acreedores de Nueva York, para renegociar las condiciones de cada bono en vez de canjearlos por nuevos, sin intervención de bancos colocadores. Esto también implicaría reunir a los tenedores de las dos terceras partes de cada de cada serie (66%) para poder ser aplicado a la deuda emitida a partir de 2016. Pero el comité de acreedores aún no alcanzaría a reunir esa masa crítica. Y, claramente, sería un proceso mucho más largo y engorroso que apenas un par de meses.

En cualquier caso, lo que se presumía como una renegociación exprés, con marzo como plazo autoimpuesto por el ministro de Economía, Martín Guzmán, no registra por ahora un ritmo tal que permita vislumbrar un pronto cierre de la discusión. “No hubo ninguna novedad desde el Gobierno ni desde Wall Street y el reloj está corriendo”, aseguró Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones. El analista reconoció que tanto la estrategia de refinanciamiento de la deuda en pesos como la ligera recomposición de reservas, amplía el horizonte y le da algo más de oxígeno al Gobierno, aunque no mucho más de junio.

Por eso, la expectativa del mercado parece haberse trasladado al segundo semestre. A esta altura, no es esa la mayor incertidumbre de los inversores sino que las dudas básicas sobre la estrategia central de Guzmán se acumulan, en lugar de disiparse. Por caso:

● Cuál es el enfoque general, esto es, si el problema de la deuda argentina será tratado como de liquidez, por lo cual se buscará simplemente despejar sólo los vencimientos de los próximos años o si se considera de “sostenibilidad”, en cuyo caso se buscará una reestructuración integral. Más allá de algunas declaraciones de Guzmán haciendo foco en lo segundo, lo cierto es que el propio ministro había propuesto una extensión de los plazos de pago tanto de capital como de intereses pero sin quita. Ahora se descuenta que sí habrá quita pero tampoco hay señales claras. Esto es clave porque el enfoque que se aplique determinará el alcance de los bonos que entrarán y cuáles no en la renegociación.

● La deuda elegible es, en ese sentido, una de las dudas que crece en el mercado. Aunque en principio se consideraba improbable, ahora no se descarta que en la renegociación se incorporen los bonos resultantes de los canjes anteriores, de 2005 y 2010. Estas emisiones no tienen la cláusula de acción colectiva (CAC), que se incorporó en la deuda emitida a partir de 2016, por la cual se pueden modificar las condiciones de los títulos si los tenedores de las dos terceras partes de la serie lo aceptan. Por eso, sumar esa deuda a la reestructuración, si bien podría aportar mayor ahorro, tiene sus riesgos.

Tal como explican los abogados expertos en estas negociaciones, los bonos “pre-Macri” como los PAR y Discount tienen “un ángulo judicial” para los fondos buitres. “Si el Gobierno hace canje de bonos Par y Discount y no paga los siguientes vencimientos, los fondos de deuda distressed que ya han tomado posiciones podrían eventualmente iniciar una causa bajo la cláusula de pari pasu. Eso no lo podrían hacer los tenedores de bonos bajo ley de NY emitidos a partir de 2016”, detalló el abogado especialista en reestructuración de deuda soberana Marcelo Etchebarne.

● La renegociación con el Fondo Monetario es otro enorme signo de interrogación para la economía argentina. ¿Se avanzará al mismo tiempo con los acreedores privados que con el FMI o primero con unos y después con el otro? El presidente Alberto Fernández había anticipado una misión del organismo, que no ocurrió, para la primera semana de enero. En vez de eso, llegaron unas declaraciones del jefe para el Departamento Occidental, Alejandro Werner, el funcionario a cargo del caso argentino, elogiando la vocación fiscal demostrada por el Gobierno en su primer mes pero pidiendo, otra vez, ver “el plan económico integral”.

La negociación con el organismo que conduce Kristalina Georgieva es clave porque, de acuerdo a cómo se reprogramen los pagos con el organismo a partir del próximo año será la capacidad de pago resultante para el resto de los acreedores. Estas tratativas son bien complejas porque exceden lo meramente técnico y económico sino que también resultan de vital importancia los gestos en materia política exterior de Alberto Fernández hacia el gobierno norteamericano de Donald Trump, cuestión en la que ya se produjeron algunos cortocircuitos. Sin el apoyo de Estados Unidos en el directorio del FMI, es altamente improbable llegar a un nuevo acuerdo con el organismo

● Por último, y de gran importancia, los acreedores al igual que el FMI también querrán ver el plan económico más temprano que tarde. Es cierto que, en muchos casos, para los fondos de inversión con bonos argentinos, la consigna es encontrar una solución rápida para no afectar sus balances actuales pero, en algún momento de la negociación, cómo es el plan de la Argentina para crecer y, eventualmente, pagar, entrará en discusión.

Eso, hasta ahora, no se ha visto y se plantea el juego del huevo o la gallina: el Gobierno anunció que no presentará el Presupuesto 2020 hasta que no logre solucionar la cuestión de la deuda mientras que, en algún punto, la solución al problema de la deuda depende del plan de crecimiento y sostenibilidad fiscal. A su vez, este plan estará condicionado por cómo se desarrolle y resulte la reestructuración ya que, en definitiva, lo esencial será recuperar el crédito externo. “A este nivel de presión impositiva, sin recuperar el financiamiento, está completamente limitada la posibilidad de desarrollo”, sintetizó Martínez Burzaco.