Oposición y oficialismo dicen tener los votos, pero aún hay incógnitas y el resultado está abierto. Si se sanciona, será la primera ley anti-K de fuerte peso político y económico
La oposición sumó en las últimas semanas expresiones públicas de senadores afines al oficialismo, situación que amaga con inclinar la balanza en favor del arco antikirchnerista. Entre ellos, resalta el apoyo al proyecto del chubutense Marcelo Guinle, quien, al igual que el peronista pampeano Carlos Verna, firmó el dictamen para que el texto llegue al recinto. Ambos plantearon diferencias porque la iniciativa no establece fuentes claras de financiamiento para llevar las jubilaciones mínimas de 1.046 pesos a $ 1.426 este año y a $ 1.508 desde 2011; con mejoras previstas en más del 50 por ciento para el resto de los haberes, en cumplimiento de los fallos Badaro y Sánchez, de la Corte Suprema.
En el oficialismo la novedad cayó como una bomba. Y si bien el conductor del bloque, Miguel Pichetto, buscará dialogar con Guinle hasta último momento, para saber si la disidencia que planteó en el dictamen puede llegar a plasmarse en un voto en contra de la iniciativa; hay quienes ya descartan la posibilidad de contar con el chubutense.
Sin embargo, también el kirchnerismo sumó apoyos inesperados, como el de la santafesina Roxana Latorre –quien al comenzar el año parlamentario militaba en las filas opositoras y hoy está definitivamente alejada de Carlos Reutemann– y el del radical correntino José María Roldán; dos pronunciamientos que ayudaron a configurar el escenario de fuerte equilibrio de cara a la sesión del miércoles. Además, en las cuentas de ambos sectores figuran como incógnitas los votos del neuquino Horacio Lores; el oficialista misionero Luis Viana, y el ex presidente Carlos Menem, quien las últimas semanas estuvo de licencia por enfermedad.
Ante un eventual empate, la votación será definida por el vicepresidente Julio Cobos, quien ya se pronunció a favor de la medida; o –ante su ausencia– por el presidente provisional del Senado, José Pampuro. De convertirse en ley, ministros del gabinete nacional aseguraron que la Presidenta la vetará. Ella, sin embargo, aún no se pronunció públicamente al respecto.
La iniciativa propone afectar recursos públicos por entre 20 mil y 40 mil millones de pesos anuales –según la estimación sea de la oposición o del oficialismo–, aunque no indica de dónde debe el Gobierno tomar esos fondos. Por lo pronto, en el proyecto de ley de Presupuesto 2011, el Ejecutivo asignó a la Anses 162 mil millones de pesos, destinados a jubilaciones como las actuales, además de la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares y el seguro por desempleo.






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