En los últimos días, el kirchnerismo ha salido a negar dos cuestiones: que haya un viraje político para endurecer el accionar contra el delito y que las razones hayan sido los guarismos de las PASO. Sin embargo las últimas acciones no sólo parecen responder a una de las preocupaciones del electorado sino a la necesidad de Daniel Scioli de tomar un rol activo en la campaña tras la irrupción en el escenario electoral de Sergio Massa.
La polémica frase no sólo sintetiza la decisión de desdoblar el Ministerio de Justicia y Seguridad sino un paquete de medidas tendientes a una misma inquietud: responder, desde una política más severa, a un problema que en la agenda de la campaña fue incluido por el líder del Frente Renovador.
Es que, por más que se busquen otras explicaciones, no las hay. El Gobierno a largo de “la década ganada” ha evitado definirse sobre un tema, que ahora figura entre sus primeras preocupaciones.
Sin ánimo de impartir una suerte de “gataflorismo”, en buena hora la preocupación y ocupación del tema, aunque queda pendiente que se reconozca que la mirada “progre” ha incluido aristas tan polémicas como desconcertantes: entre ellas la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. Es tan agudo el giro, que el paquete de medidas ha despertado críticas de propios y ajenos.
En este sentido, la designación de Alejandro Granados como titular de la cartera de Seguridad puso al descubierto una contradicción entre el nuevo funcionario y el gobernador. Mientras el mandamás de Ezeiza llama a que el pueblo se arme para enfrentar “la guerra”, Scioli propone políticas de desarme. Además, el intendente está catalogado como un portador de políticas de “mano dura” en su distrito, tras el episodio de inseguridad que vivió a fines de los ’90, calificativos que van a contramano de las políticas aplicadas desde 2003.
La hipótesis de viraje e incoherencia política se refuerza con la militarización del Conurbano, tras el envío de fuerzas federales a velar por la seguridad ciudadana, una decisión que por su improvisación no organizó ni el hospedaje ni traslado de los efectivos. Fue el flamante ministro de Seguridad el encargado de disipar las sospechas de ligar la decisión a una situación de campaña y aseguró que los efectivos vinieron “para quedarse”.
A las últimas decisiones se le suma la aprobación de la reforma del Código Procesal Penal que instaurará el Juicio por Jurado en territorio bonaerense. El nuevo mecanismo, que estaba contemplado en la Constitución provincial y en la nacional desde 1994 tiene antecedentes en Córdoba y Neuquén, aunque no fue incluido en la Reforma Judicial de la Nación.
"Va a ayudar a que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra, es una herramienta que en muchos países del mundo ha servido para combatir la inseguridad", señaló Scioli criticando elípticamente a la Justicia.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, fue aprobada por la mayoría de los bloques y en el medio de la ausencia de los massistas que se retiraron del recinto tras la segunda negativa de tratar sobre tablas la Policía Municipal.
Tras la presentación del paquete de medidas en torno a la seguridad, el espacio político que lidera el tigrense ha convertido la creación de esa fuerza en su caballito de batalla, y la pelea por su implementación se ha convertido en una suerte de capricho político, que el pasado jueves despertó la críticas del oficialismo y del resto de los bloques de la oposición tras la decisión de no permanecer en la sesión del Senado.
En medio de la campaña, en su deseo por reducir la ventaja electoral del tigrense, el oficialismo ha cambiado su discurso y ha hecho del endurecimiento del abordaje de la seguridad su bandera electoral. La efectividad de la estrategia será palpable en la merma o no del nivel delictivo. Aunque, claro, quedará pendiente cuánto funcionará para alcanzar el podio en octubre.
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