El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, calificó de “incomprensible” el pedido de inconstitucionalidad de la ley que regula las relaciones de la producción y el consumo efectuado por el denominado Grupo de los Seis, “por el amasijo y entrevero de intereses existentes entre lo que cada uno de estos grupos dice representar”.

En un artículo de opinión publicado hoy en Página 12, De Vido sostuvo que recibió con “sorpresa e indignación” la presentación judicial efectuada por la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, las cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino.

“La demanda en sí resulta incomprensible por el amasijo y entrevero de intereses existentes entre lo que cada uno de estos grupos dice representar, ya que algunos de ellos, por no decir todos entre sí, están en franca contraposición de intereses en relación con los objetivos de esta ley, como el desabastecimiento o los abusos de posición dominante”, afirmó el ministro.

Tras resaltar el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Conferencia Anual de la UIA esta semana, en el que la mandataria le preguntó al titular de la entidad fabril y de la industria del plástico, Héctor Méndez, “cuál era el sentido de plantear una demanda para interrumpir la vigencia de una ley que defiende a su sector y particularmente a sus pymes”, De Vido señaló que sin esta norma “quedarán a expensas de los proveedores de materias primas, en muchos casos monopólicos”.

El funcionario también se refirió a “las notables y distintas rentabilidades de los sectores que conforman el Grupo de los Seis” que detalló la Presidenta durante su discurso, y subrayó que “en muchos casos, esta diferencia de rentabilidad se transforma en posiciones hegemónicas o dominantes de uno respecto de los demás, tal el caso del sector financiero en relación con el resto”.

“Esto también sucede con los grandes proveedores de la industria sobre las pymes industriales” agregó De Vido, y ubicó además en la misma situación a “las empresas de la construcción y pymes metalmecánicas”, que sufren “el intento indexador y/o dolarizador de los precios por parte de la industria siderúrgica”.

El titular de la cartera de Planificación concluyó que “todo se trata de operar expectativas" desde el poder económico, que "ahora trabaja en forma sinérgica y coordinada con las operaciones que realizan las task force de los fondos buitre y los candidatos de la oposición”.

En este sentido, De Vido resaltó que “desde hace 12 años las decisiones se toman en la Casa Rosada” y lamentó que mientras “los conceptos de la Presidenta estuvieron dirigidos a avanzar en la consolidación de una dirigencia política, social, empresarial y sindical que defienda los intereses genuinos de sus representados”, los empresarios igualmente presentaron la demanda judicial.

“En consecuencia, ante esta presentación judicial sólo podemos decir: a palabras sabias, oídos necios”, finalizó.