Cámaras, funcionarios judiciales, empresarios e incluso vendedores ambulantes ayudan a desentrañar un conflicto que lleva más de dos décadas de debate. Las Saladitas, manteros y otras modalidades de formato informal (bolseras, venta online, etc...) comercializan mercadería que ingresa en forma ilegal al país y que genera desde pérdidas económicas en la industria regulada hasta enormes disrupciones en toda cadena formal que paga impuestos, cargas sociales, que apuesta con inversiones tecnológicas a generar mejoras productivas para mantenerse competitiva. Una problemática compleja de un mercado negro que acecha al país de norte a sur y que pareciera no tener un techo, al menos en el corto y mediano plazo. 

Cinco cuadras separan la avenida Pueyrredón de la avenida Rivadavia, en la zona de Once. En 500 metros, alrededor de 70 vendedores ambulantes copan las veredas. Una mujer que comercializa calzado conversa con otra que tiene un puesto de venta de frutas y jugos exprimidos. Más allá, un señor cuelga sobre la baranda de la escalera de la línea H de subte una manta con ropa interior femenina. Contra el lateral del puesto de flores, un senegalés despliega un paraguas cubierto de bijutería y relojes.

Es jueves, la Selección argentina de fútbol ya clasificó a la final del Mundial de Brasil, esto explica por qué la gente se amontona en los espacios que exhiben merchandising y camisetas réplicas del equipo de Lionel Messi y compañía.

Nada parece alterar el normal funcionamiento de los manteros. Pero de repente, todos al mismo tiempo comienzan a guardar la mercadería en bolsas de consorcio. "Escenas como la que describe son normales dentro de la estructura mafiosa de este negocio, le falta la imagen del delegado que es el encargado del pago de la coima; el de seguridad; el punga, que está al acecho esperando algún distraído para robarle el celular que luego comercializa en negocios de la zona; y tantos otros personajes de estas organizaciones que dominan la actividad comercial de muchos barrios porteños de manera excluyente", cuenta la fiscal de Cámara Verónica Guagnino. "En términos generales estas mafias no están compuestas por un 'Master Man' que digita los hilos. Son organizaciones no triangulares, sino con un diseño multifoco, con muchos intermediarios donde cada uno tiene un rol definido. Uno se dedica a entrar la mercadería ilegalmente, otro administra los depósitos de acopio, otro se encarga de cobrarles a los puesteros, etc.... Antes, hace unos años, era más vertical, el vendedor le pagaba al policía y con eso estaba cubierto. Ahora el negocio adquirió una estructura empresaria asombrosa. Hay un recaudador cada tantas cuadras, quien es el encargado de pagarles a la Policía y al resto de los que participan de la organización. Lo curioso es que lo hace bajo ciertas formas 'legales', por ejemplo, amparándose en la figura de un sindicato, muchos de los cuales ni siquiera están registrados", amplía Guagnino y concluye: "A la mayoría de los vendedores se les exigen pagos en concepto de 'afiliados de agrupaciones y sindicatos', dinero que muchas veces se utiliza para cubrir gastos de abogados ante posibles requerimientos judiciales".

EL FÚTBOL QUE NO ES NEGOCIO

La buena performance de la Selección argentina en el Mundial no causó solamente satisfacciones a los argentinos. Los comerciantes autorizados a vender el merchandising y otros productos oficiales vinculados al equipo nacional todavía se lamentan por no haber cumplido con las metas de recaudación estipuladas. ¿El motivo?, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la mediana Empresa (CAME), el vendedor ambulante que más invadió las calles durante junio y julio fue precisamente el que comercializó artículos apócrifos de la Selección Nacional .

Pasando a un plano más general, y según el informe de la CAME, durante el mes de junio, se detectaron un total de 56.785 vendedores ilegales en 406 ciudades relevadas de la Argentina, con ventas mensuales por 2.227 millones de pesos. El relevamiento monitorea la evolución de la venta ilegal, tanto de vendedores fijos en la vía pública como en aquellos predios que, siguiendo el modelo "La Salada", continúan instalándose por doquier y compitiendo deslealmente con el comercio minorista.

Con un récord absoluto de 116 "Saladitas", la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo la ciudad del país que mayor concentración de esos predios tiene (ver infografía). Hay 5.815 puestos de venta ilegal en esos espacios, donde el 81% se dedica a la venta de indumentaria, provocando un alto impacto sobre los comercios formales de ese rubro. Las "Saladitas" de CABA están altamente concentradas en dos barrios: Floresta, con 79 establecimientos y Once, con 22. Los partidos de Lomas de Zamora, La Matanza y Florencio Varela, La Plata, Escobar y San Salvador de Jujuy completan el triste ránking de las regiones del país con mayor presencia de puestos ilegales. En ellos, sumando a la city porteña, se concentra el 48,2% de los puestos de venta ilegales.

Las "Saladitas" y los manteros son las dos modalidades más frecuentes en que se presenta la venta ilegal, pero las únicas. También abundan los vendedores ambulantes, los que venden a domicilio, los que recorren oficinas públicas y privadas, los que venden en sus casas, en clubes, por Internet o por catálogo. Bajo nombres como "bolseros", "timbreros", "vagalleros" o "valijeros", cada ciudad los tiene y los identifica de alguna manera.

En promedio, un trabajador ilegal que opera en un puesto callejero o de feria cobra por jornada $150, mientras que la recaudación diaria oscila entre los $16.000 y $45.000 en función del tipo de mercadería que comercialice y la ubicación del puesto.

A diferencia de lo que cree el común de la gente, estas organizaciones no están lideradas por extranjeros sino por argentinos, mientras que los trabajadores sí son extranjeros, mayoritariamente peruanos, y en menor medida bolivianos. También están los africanos, aunque -según las fuentes consultadas- tienen una estructura mas independiente y manejan sus propios códigos callejeros. Responden a un jefe que también es argentino y quien fue, probablemente, el encargado de conseguirle los pasajes y la documentación para entrar al país. 

Otra particularidad de estas organizaciones es que, en muchos casos, los dueños de las mantas son los mismos dueños de los negocios formales. Esto se da fundamentalmente en Flores, Retiro, Once, y en menor medida en Liniers. No en cambio en la peatonal Florida. "También hay consorcios y porteros de edificios involucrados, que cobran una cuota mensual por cuidar la mercadería por las noches para que los vendedores no la tengan que llevar a sus casas. Por guardar un carro con dos bolsas, un portero cobra aproximadamente $500 mensuales", cuenta Guagnino. 

Osvaldo Cornide, titular de CAME y FECOBA, opina que "Para combatir el flagelo de la venta ilegal es imprescindible la decisión política de las autoridades, quienes deben tomar las medidas necesarias para erradicar la ilegalidad, la falsificación y el robo, porque la mercadería que venden los puestos es de dudosa procedencia y además están ocupando las veredas y calles públicas".

"Estamos evaluando realizar una campaña nacional de concientización para que la gente entienda que no ahorra cuando compra mercadería a los manteros, porque al no pagar impuestos habrá menos seguridad, educación, salud, es decir, inversión pública, y a la vez está favoreciendo a mafias organizadas que producen mercadería a través del trabajo esclavo en talleres clandestinos, destruyendo no sólo al comercio ante la competencia desleal al no poder competir, sino también al país", afirma el empresario.

Según los relevamientos realizados por CAME y FECOBA, el comercio clandestino ya alcanza ventas por 2.000 millones de pesos en la Argentina. Con un agravante: mientras las ventas del comercio legal vienen cayendo profundamente desde enero, las que realizan esos puestos, se incrementan mes a mes.

OTROS ÁMBITOS

La ilegalidad no sólo es potestad de la industria del calzado o textil. Hace poco, el dueño de una verdulería de Las Cañitas fue procesado por gestionar 30 puestos ilegales de venta ambulante de frutas y verduras en las esquinas de esa zona. Este empresario, de nacionalidad peruana, pagaba un jornal de entre 120 y 200 pesos y recaudaba por día alrededor de 31.000 pesos. Los puestos informales estaban ubicados en puntos claves de gran afluencia de consumidores: puertas de supermercados, cadenas de farmacias y comercios de comidas rápidas.

El mercado de los juguetes tampoco es ajeno al conflicto. Matías Furio, titular de la Cámara del Juguete, opina al respecto: "Con los juguetes vemos mucho fraude marcario. Concretamente hablaos de marcas, licencias y productos de fabricación local o importados falsos. No pagan licencia ni impuestos y entran en forma ilegal al país", resume Furios. "Un juguete ilegal cuesta entre un 30 % y un 40% menos que uno legal. Pero lo que se vende en la via pública, además de ser de menor calidad y terminación, no pasan ningun control. Nosotros en la Cámara tenemos un laboratorio y posteriormente el INTI emite un certificado de calidad. La empresa ilegal se ahorra ese costo, entre tantos otros como impuestos, tasas, etc.... Los juguetes que se venden en el mercado informal tampoco tienen número de CUIT, dirección de fabricación ni estampilla", agrega Furios, quien afirma que el negocio ilegal le quita a la indutria del juguete un 20% de total de las ventas, "aunque en nuestro caso el mercado informal viene decayendo, sobre todo porque la gente tomó conciencia y hoy hay otro perfil de consumidor. La gente ya no compra cualquier cosa; busca un juguete didáctico, que estimule, que deje algo positivo al niño, un aprendizaje", relata Furios.

DIFICIL DE CUANTIFICAR

Una coincidencia entre las fuentes consultadas radica en que la pérdida económica de la industria regulada es muy difícil de cuantificar, dado que al ser ilegal el negocio, no existen registros estadísticos oficiales que puedan ayudar a ponderarlas. "Sí existe una cuantificación económica cualitativa que tiene que ver, con perdida de mercado formal, negociantes inescrupulosos cada vez más poderosos, esfuerzos de generación de diseños y marcas que se dilapidan, y al no recaudar tributos y tasas por parte de los gobiernos, la presión tributaria sobre los que pagan se hace mayor e insostenible", sostiene Jorge Sorabilla, presidente de la Fundación Pro Tejer. "Como todo negocio ilegal, el mismo corre por carriles paralelos, donde convive y compite deslealmente con el esfuerzo que realizan miles de pequeñas y medianas empresas textiles de toda la cadena de valor, que pagan al día sus obligaciones tributarias, cargas e impuestos que en la argentina esta muy lejos de ser bajos, ya que es la suma de lo que cobra el Estado Nacional, los Gobiernos Provinciales, y los Municipales", amplía. 

Precisamente gran parte del aumento en la carga tributaria que sufrió el comercio durante los últimos años se explica en los tributos que cobran las provincias y los municipios. Para el sector comercio, existe el impuesto a los Ingresos Brutos (a nivel provincial) y la tasa municipal a las actividades, que adopta diferentes denominaciones según la ciudad, siendo algunas de ellas la Tasa de Seguridad e Higiene, la Contribución de Inspección del Comercio, el Tributo Económico Municipal y la Tasa p or Registro, Inspección y Servicios de Contralor.

"Asimismo si encaramos el tema desde el punto de vista de la Seguridad Social vemos que se agravan las diferencias, ya que mientras las empresas formales pagan los impuestos y cargas sociales, dándole a sus trabajadores los beneficios que por ley les corresponde y tienen un sistema de salud que se hace cargo por toda su familia, la contraparte informal evita dejar rastros de trazabilidad de la mercadería vendida ilegalmente evitando el 99% de los tributos y cargas sociales antes señalados. Como ambas ofertas luego se vuelcan al mismo mercado de consumo, es lógico entender que se compite deslealmente, y que siendo el precio de la mercadería ofrecida ilegal inferior, sucede dos fenómenos indeseables: por un lado los emprendedores ilegales se hacen cada vez más poderosos al quedarse como renta propia una parte importante de los impuestos evadidos, y por otro lado este mercado que se las arregla para sobrevivir y convivir con el combate a la evasión de los organismos recaudadores, es cada vez más grande y vigoroso, desplazando una parte importante de la demanda de bajos y medios ingresos a su mercado, en detrimento del mercado de las empresas formales", explica Sorabilla. 

En lo que respecta a la industria textil, un tema que no es menor en las ferias ilegales, es el robo y abuso de la propiedad intelectual de los diseños y desarrollos de las marcas. Muchas realizan esfuerzos para crear su propias líneas de ropa, con la intención de generar un valor agregado diferencial que les permita competir virtuosamente, ganar mercado y aumentar sus ingresos, "y ven como se les escurre el agua entre los dedos cuando se copia en forma descarada sus creaciones y marcas, ofreciendo además un producto de inferior calidad que desprestigia la prenda original", dice el titular de Pro Tejer. 

"La solución pasa por una decisión política de atacar los motivos por el cual se genera este negocio informal que resumiendo lo dicho hasta ahora sería: Combatir el contrabando y fomentar un sistema de incentivos fiscales, financieros y de normativa laboral que termine con la lógica de los talleres de confección ilegales y permita por primera vez en la Argentina una infraestructura industrial que por aumentos de productividad les permita alcanzar niveles de competitividad en relación a importaciones leales y absorber los costos que significa estar dentro de la normas legales en nuestro país. Por último, es necesario un Plan Oficial de regularización del mercado informal que los obligue a demostrar la trazabilidad de la mercadería comercializada, y el correspondiente pago de todos los tributos y tasas correspondientes. Es una gran oportunidad para generar decenas de miles de puestos de trabajo formales en la Argentina, volcados en un Plan de Parques Industriales de la Confección, que involucre a empresarios, trabajadores y Gobierno y sus Ministerios de Industria, Trabajo y Economía, trabajando en forma coordinada" concluye Sorabilla.

PROBLEMAS FRONTERIZOS

La venta ilegal al estar asociada al contrabando hace que las provincias limítrofes sean potencialmente mas propensa a este tipo de practicas. Para Ignacio Sadir, titular de la Unión Empresarios de Jujuy, esa provincia "sigue estando en los primeros puestos de informalidad. Para poder combatirlo tiene que existir una fuerte decisión política no solo municipal sino también provincial y nacional". En estos días, la Unión de Empresarios de Jujuy presentó un anteproyecto de Ley para la conformación de centros comerciales a cielo abierto, que busca combatir al comercio informal. Sadir explicó que el proyecto "prevé la creación de un Consejo de Centros Comerciales a Cielo Abierto que cuente con un fondo para su desarrollo y promoción. 

CONCLUSIÓN FINAL

Como características generales, se puede observar: el aumento del vendedor ambulante que camina y no se queda en el mismo lugar. Eso responde a varios motivos, entre ellos: que de esa manera evitan los controles. Las tradicionales ferias artesanales están cada vez más invadidas por manteros en desmedro de los artesanos, cuyas creaciones se pierden entre los productos apócrifos.

Sin embargo, y a pesar del avance de la venta ilegal, son muchas las ciudades del país que vienen trabajando junto con las cámaras empresarias locales para regular el comercio informal, erradicar el comercio clandestino e incluir a esos vendedores dentro del mercado formal.