Antes de partir a Rusia, Cristina Fernández recibió al gobernador Scioli en una reunión privada en la que terminaron de acordar el desembarco del –todavía- intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, en el lugar que, aún, ocupa Ricardo Casal. Fue la segunda fase que diseñó el oficialismo en la búsqueda de revertir la magra cosecha electoral de las PASO focalizando en la Seguridad, luego de (re)anunciar una nueva etapa del Operativo Centinela que desparramó Gendarmes en las zonas más críticas del mapa del delito provincial.

Malparida, la unificación de Justicia y Seguridad que impulsó Scioli hace cuatro años atrás, jugada que en el sciolismo le atribuyeron a una ‘exigencia’ del propio Casal para asumir en reemplazo de Carlos Stornelli, debutó de una manera particular: apenas unas horas después de que el Gobernador anunciara la unificación, Cristina Fernández de Kirchner recorrió el camino inverso, separando las áreas que funcionaban juntas hasta ese momento en la órbita nacional. El sciolismo que defendió en la Legislatura la reforma de la Ley de Ministerios impulsada por el Ejecutivo, será, paradójico, quien tenga que fundar en el recinto, ahora la marcha atrás.

Con la jugada que terminará de coronarse en las próximas semanas con la aprobación del nuevo organigrama ministerial, la Provincia, que a los efectos del calendario electoral está, como nunca antes, fusionada en términos de pertenencia con el Proyecto Nacional, retoma el protagonismo del debate público acerca de la Inseguridad que le había arrebatado, hábil estratega, el tigrense Sergio Massa.

Un sector del sciolismo interpretó el anuncio como un claro retroceso, privilegiando la urgencia electoral que significa retomar el protagonismo en el debate público sobre las cuestiones vinculadas con la inseguridad.

Granados, el designado futuro ministro de Seguridad, forma parte de la camada de viejos caudillos del peronismo con buena llegada a la Policía. Otro acuerdo con los intendentes con peso territorial que emula, en la fórmula, el que selló el propio Scioli, también en épocas de sequía electoral, con Baldomero Álvarez de Olivera al frente de la cartera de Desarrollo Social. Un intendente caudillo del peronismo, patilludo pelo largo y con cara de malo que, además, pregona el discurso de la mano dura en materia de Seguridad. De manual en época electoral: el kirchnerismo abraza un discurso más bien alejado de su declamada posición habitual en materia de Seguridad, y opta por apartarse de su discurso más bien garantista con el que esmeriló, en público y privado, la gestión del ahora removido Ricardo Casal.

El intendente de Ezeiza tiene, además, un valor agregado de cara a la pulseada electoral que se avecina con Sergio Massa. Estratega, el tigrense supo regar en el electorado la idea de un gestor experto sobre todo en materia de Seguridad. Defensor del sistema de prevención del delito con cámaras de Seguridad e impulsor de la creación de una nueva fuerza comunal. Granados fue, de hecho, uno de los primeros alcaldes del oficialismo que experimentó esas herramientas. Impulsó la instalación de Cámaras en su propio distrito, y defendió públicamente la creación de una Policía Comunal, aún cuando algunos de sus pares de la populosa tercera electoral tenían objeciones sobre la nueva fuerza.

La marcha atrás en la unificación y división de Justicia y Seguridad, demuestra, además de la decisión política del oficialismo de recuperar el protagonismo en un área sensible, el fracaso que significó la reunificación. Llevado por las urgencias que siempre impone Seguridad, la cartera de Justicia que supo tener un importante protagonismo, incluso con el propio Casal, en términos de la gestión del Ejecutivo Provincial, había quedado relegada ante las urgencias permanentes que florecen en el área de Seguridad.