En un nuevo capítulo de la embestida judicial contra Uber, la Fiscalía de la Ciudad denunció a la empresa propietaria de la aplicación móvil que permite contratar viajes en autos particulares por evasión tributaria y posible lavado de activos de origen delictivo.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La denuncia fue presentada en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La impulsa el fiscal Martín Lapadú, a cargo de la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste del Ministerio Público porteño.

La decisión fue tomada después del análisis de documentación secuestrada en un allanamiento realizado en la oficina de Payment Collection SRL, que realiza los movimientos comerciales de Uber Argentina y ejecuta los pagos a sus choferes.

"La Unidad de Investigación Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Fiscalía realizó un estudio de los movimientos de dinero efectuados y detectó que la operatoria financiera constituiría evasión tributaria, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la Nación, y posible lavado de activos de origen delictivo previsto por el artículo 303 del Código Penal", explicaron las fuentes.

Y agregaron: "Según el informe hecho por el CIJ, la firma Uber Argentina SRL podría haber evadido los controles fiscales y, en consecuencia, el pago de tributos en la ciudad autónoma por un monto de $ 2.089.318,53, en concepto de Ingresos Brutos. Además, se detectó que la empresa debió haber declarado al menos en el ejercicio anual de 2016 la suma de $ 3.656.307,43 en concepto de valor agregado (IVA)".

Según la denuncia de la Fiscalía de la Ciudad, "los documentos financieros de Uber Argentina que fueron peritados permitieron confirmar que las sumas de dinero que maneja la empresa exceden acabadamente el monto de 300.000 pesos, por lo que se concluyó que las maniobras que realiza la compañía podrían configurar también lavado de activos de origen delictivo".

En septiembre pasado, el fiscal Lapadú ya había concretado una serie de allanamientos en las oficinas de Uber y en domicilios de gerentes y choferes por la "violación de clausura impuesta" y por "ejercer ilegítimamente una actividad al haber excedido los límites del registro de conducir".

A la nueva denuncia presentada por la Fiscalía de la Ciudad por evasión y lavado, la empresa la desestimó. "Uber contribuye a la economía local creando nuevas oportunidades económicas para miles de personas en el país. Además, la mayor parte de los ingresos generados se queda en la Argentina y va a los conductores. En términos impositivos, Uber paga todos los impuestos aplicables requeridos por las leyes y los acuerdos locales e internacionales -describió la compañía-. Por esas razones, carece de sustento fáctico y legal alguno la denuncia efectuada contra Uber por evasión tributaria y lavado de dinero."

Un día antes, el gerente general de la empresa, Mariano Otero, reconoció a LA NACION errores regulatorios cometidos por "apresuramiento" y definió a Uber como partidaria del diálogo y "pro regulación".