Registrado bajo el número 8103/2010, la Cámara de Diputados tiene para su análisis, un proyecto de resolución solicitando al cuerpo exprese “su satisfacción por la decisión democrática evidenciada por el Pueblo de la Provincia de Tierra del Fuego, en relación a peticionar mediante la utilización de genuinas herramientas de participación democrática, como lo son la “Iniciativa Popular” y la “Consulta Popular”, para la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas relativas a los recursos naturales estratégicos y no renovables, y de esta forma proteger los intereses de todos los Fueguinos”, el que sin nombrarlo en su articulado, hace clara referencia a la iniciativa lanzada a principio de septiembre por la Diputada Liliana Fadul, de juntar firmas para que se plebiscite el Convenio Chino II, como lo sugiriera el legislador Manuel Raimbault.

De igual manera, exhorta al Gobierno y a la Legislatura de la Provincia “no desoír la expresión de un Pueblo cuando éste busca ser partícipe con su opinión, no sólo para la elección de sus representantes, sino también en temas trascendentes para el desarrollo económico provincial, valorizando así la esencia del sistema democrático”.

Redactado por “Chispita” Fadul en su carácter de presidenta del Bloque del Partido Federal Fueguino, y acompañado por Rosana Bertone del Frente Para la Victoria, el proyecto contó con la adhesión de cuatro miembros del bloque oficialista -Patricia Fadel, Gerónimo Vargas Aignasse, Luis Francisco Cigogna y Juan Mario Pais-, de Fernando “Pino” Solanas titular de Proyecto Sur, del Secretario General del Bloque de la UCR Rubén Lanceta, y de Eduardo Amadeo, Zulema Daher, Alberto Pérez, Enrique Thomas e Irma García, del Peronismo Federal.

En sus fundamentos, Fadul expresa que la comunidad Fueguina “ha demostrado en los últimos años una profunda vocación democrática mediante el empleo de herramientas de participación como el Petitorio, la Iniciativa Popular y la Consulta Popular”, y que “para la protección de los Recursos Naturales estratégicos y no renovables, ha desarrollado a partir del año 2007, tres iniciativas orientadas a evitar el manejo discrecional de esos recursos por parte de las autoridades.

“De esta manera y mediante la utilización de un proyecto de iniciativa Popular –relata Fadul-, los fueguinos lograron la derogación de la ley que en el 2007, generaba una sociedad anónima (RENASA) para la administración de esos recursos; en 2009, ante la decisión del gobierno de adjudicar mediante contratación directa la venta del gas de regalías a la Empresa Tierra del Fuego Energía y Química, de capitales chinos, en la que se establecía un valor inicial de 1,80 dólar el millón de BTU, en un contrato a 25 años, reaccionó requiriendo mediante una Iniciativa Popular, sostenida con la firma de más de 20.000 vecinos, “el rechazo del convenio respectivo”.

En tanto que ahora y ante “la insistencia gubernamental de concretar el contrato con la empresa mencionada, la sociedad fueguina respaldó con más de 30.000 firmas, el reclamo a las autoridades para convocar a una Consulta Popular a efectos que luego del correspondiente debate público, sea el Pueblo de Tierra del Fuego, el que determine si ese convenio debería ser aprobado o no por la Legislatura”.

Concluyendo que esta manera “la sociedad comprometida con la protección de sus recursos, ha logrado reiteradamente intervenir en decisiones trascendentes para el futuro comunitario; obteniendo además el acompañamiento de diversas fuerzas políticas y sociales, como así también declaraciones formales del Concejo Deliberante del Ushuaia tanto en el año 2009 como este 2010”.