Al tren chapa 16 le faltaba mantenimiento y tenía manifiestos problemas en el sistema de frenado. No obstante, ningún funcionario público evitó que esa formación saliera de la estación de Moreno con 18 minutos de retraso aquel fatídico 22 de febrero de 2012. Hacinado de pasajeros, el convoy llegó a Once y provocó una tragedia: 51 muertos, más de 700 heridos y el dolor inconmensurable de las familias de los damnificados.

Ayer, en una nueva jornada del juicio, el fiscal de la causa, Fernando Arrigo, pidió en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 penas de hasta once años de prisión para los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y para los empresarios de TBA Sergio Claudio y Mario Cirigliano, por las  muertes de 51 personas y la "defraudación" en el manejo de subsidios estatales.

A la vez, reclamó la pena de tres años y ocho meses de prisión para el motorman Marcos Antonio Córdoba, así como inhabilitación de ocho años para conducir trenes.

Los alegatos incluyeron el pedido de diez años y seis meses y de diez años para los exinterventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, respectivamente.

Arrigo pidió diez años y diez meses de prisión para los dos exsecretarios, pero en el caso de Jaime solicitó que se le imponga una pena única de once años, a raíz de una condena previa por sustracción de prueba durante un allanamiento en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Además, reclamó la sentencia de diez años y once meses para Sergio Cirigliano y de 10 años y seis meses para su hermano Mario. Para los exfuncionarios y empresarios el fiscal pidió penas por la defraudación en el manejo de subsidios, así como por el estrago culposo por la muerte de las 51 personas y más de 700 heridos, en tanto que para el motorman sólo por el accidente.

Ministro complicado

El fiscal Fernando Arrigo aseguró que pidió que se investigue la responsabilidad penal del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012, porque el funcionario kirchnerista "no podía desconocer lo que arreglaban" sus colaboradores. "El desastre era evitable. Los funcionarios lo sabían y no hicieron nada para detenerlo", aseveró.

Arrigo sostuvo que De Vido "no podía desconocer lo que arreglaban" Jaime y Schiavi con los empresarios del grupo Cirigliano, a cargo de la línea Sarmiento, por lo que solicitó que prosiga la investigación sobre el ministro de Planificación. El representante del Ministerio Público recordó que "de hecho De Vido estaba imputado en la causa, pero no fue requerido a juicio ni por ninguna querella ni por la fiscalía de primera instancia".

Los cuantiosos subsidios que manejaba De Vido en su ministerio eran una presa codiciada por los empresarios del transporte, lo que llevaba a que mucho de ese dinero turbio se fuera a la corrupción que roza a gran parte del gobierno kirchnerista.

El nivel de inmoralidad reinante en la dirigencia nacional es tan grande y trepa hasta lo más alto del poder. Lo sucedido en Once dejó en evidencia que toda la tragedia pudo haberse evitado si las instituciones hubiesen funcionado como se debería. Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi eran hombres que reportaban directamente a Julio De Vido, mientras que el ministro de Planificación respondía sólo ante el matrimonio Kirchner. Es dable preguntarse entonces si los jueces se atreverán a ir hasta el fondo de la corrupción oficial o si sólo se contentarán con sancionar a funcionarios menores sin ir por la cabeza de aquellos que realmente toman las decisiones y son los responsables de la hecatombe ferroviaria nacional.

Irregularidades crecientes

El fiscal Fernando Arrigo en su alegato final para solicitar penas de prisión para altos funcionarios K, dejó en claro el lamentable estado en que se encontraba el tren chapa 16 que chocó en la fatídica mañana del 22 de febrero del 2012.

El magistrado presentó, entre otras pruebas, los certificados de habilitación pública del tren de la exlínea Sarmiento, revelando detalles que marcan la complicidad de la empresa y de los funcionarios nacionales en la tragedia.

Algunos de los hechos que muestran la desidia empresarial y oficial, dan cuenta de que en el coche Nº 3772, identificado con la chapa 16 existía una "falta de compresores", que había "compresores inoperantes" y hasta un "vagón no operable" el día del choque.

Esto es lo que llevó a Arrigo a denunciar un "círculo vicioso" entre los exfuncionarios del gobierno que debían controlar a la empresa y los hermanos Cirigliano que conducían TBA, mostrando hasta qué alto grado llega la putrefacción en el gobierno kirchnerista, y dejando en claro lo que viene sosteniendo Hoy desde hace años, que la corrupción mata y afecta a los más desposeídos.