A principios de mayo de este año, la titular de la Auditoría porteña, Sandra Bergenfeld, realizó una grave denuncia contra la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, que en ese momento estaba a cargo de Graciela Gerola: la acusó de promover un serio delito ambiental al acumular 10 toneladas de pilas usadas y determinar que, bajo la modalidad de licitación pública, la disposición final se hiciera en la provincia de Buenos Aires, acción que viola la constitución provincial.

Luego del rotundo no del gabinete comandado por Daniel Scioli, esa enorme cantidad de basura, altamente tóxica y que requiere un tratamiento especial, se encuentra varada en un depósito del Gobierno hasta el día de la fecha. El principal problema es la ausencia de una normativa que se ocupe de esta clase de residuos peligrosos.

Una salida posible, planteada en su momento, es que sean los propios fabricantes, bajo el concepto de responsabilidad extendida del productor, quienes se hagan cargo de su tratamiento y disposición final. Y luego de arduas negociaciones con el Gobierno porteño, las empresas Procter & Gamble (Duracell) y Energizer Argentina aceptaron.

Es por eso que mañana, martes, el propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, firmarán el acuerdo para que las empresas envíen las 10 toneladas de pilas y baterías al exterior para su tratamiento y reciclado. El acto se realizará, a las 11, en el Jardín Botánico, en Santa Fe 3951.

“Esto es una solución a futuro. Por eso, la rúbrica de este convenio es un gran paso adelante para que nuestros hijos vivan en un mundo más amigable ambientalmente”, indicó Santilli.

La polémica por la acumulación de este tipo de residuos fue el disparador de la salida de Gerola de su cargo, que actualmente está en manos de Javier Corchera. Además de la crítica de la Auditoría, la empresa ecologista Greenpeace realizó varias campañas.