No obstante, es apenas una tregua no acordada, que coincide con que la decisión del oficialismo del congelar en el Congreso el proyecto de reforma judicial y poner entre paréntesis, por estos días al menos, la embestida contra el Procurador General interino Eduardo Casal. Nada es para siempre.

El conflicto entre los dos poderes fueron ejes centrales del debate entre los empresarios en IDEA y el propio presidente Alberto Fernández. En ese foro reclamaron al Gobierno y a la propia Justicia un Poder Judicial despolitizado. Lo pidieron con tanta vehemencia como la necesidad de seguridad (derivada la confianza) para hacer negocios. Fernández les contestó con la necesidad de la reforma judicial e insistió en la necesidad de dar marcha atrás con los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Nadie dejó de lado sus reclamos, solo que se canalizaron sin estridencias.

Está claro que lo de esta semana fue un impasse de calma, pero alcanza una chispa para que todo vuelva a arder si es que esta semana la Corte finalmente dicta un fallo que termine de resolver el conflicto por el traslado de Bertuzzi, Bruglia y Castelli.. Por lo pronto los jueces se presentaron el viernes a última hora ante la Corte para pedirles que extienda su licencia extraordinaria que se vence el lunes, pues están ante una situación de incertidumbre, acerca de dónde deberían ir a trabajar y la validez de las sentencias que eventualmente firmen. Esta circunstancia obligaría a la Corte a pronunciarse pronto.

El juez Carlos Rosenkrantz tiene una postura que ya hizo pública en su disidencia a la acordada 4 de 2018, firmada con su colega Elena Highton de Nolasco cuando sostuvo que los traslados de jueces eran mecanismos constitucionalmente válidos y que no era necesario instrumentar un nuevo procedimiento de designación ni requerir un nuevo Acuerdo del Senado, como ahora decidió el Consejo de la Magistratura y proclama el presidente Fernández, Cristina Kirchner y todo el oficialismo. Al abrir el per saltum por el reclamo de los camaristas, Rosenkrantz esbozó su postura y fue más allá, dijo que estaban en juego valores republicanos y la suerte de decenas de jueces trasladados en los últimos 20 años. Por el otro lado, avanzan en la redacción de una sentencia los jueces que firmaron la acordada 7 de 2018 donde dijeron que los traslados sin acuerdo del Senado son posibles para "desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar competencia material".

Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda avanzan con la redacción de un fallo que conversan con Ricardo Lorenzetti para acercar posiciones, donde está en juego la decisión de avalar completamente el reclamo de los camaristas o esbozar una solución intermedia, hasta tanto se terminen los concursos. La moneda está en el aire y hacen falta acuerdos, que no necesariamente tensionan hacia afuera. Nada está dicho, pero si se acercan posiciones podría haber un fallo esta semana.

El alivio de la falta de tensión política se hizo sentir en los despachos de la Corte donde aún no llegó la invitación de la Comisión Asesora del presidente Fernández, que trabaja en propuestas para mejorar el funcionamiento del máximo tribunal. Los 12 especialistas, entre los que se encuentra el abogado Alberto Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, acordaron invitar a los ministros -vía el presidente Alberto Fernández- para escuchar sus puntos de vista. Los expertos se vienen reuniendo dos veces por semana para acordar criterios y elaborar sugerencias sobre al funcionamiento de la procuración, de las defensorías, del Consejo de la Magistratura y de la Corte. Terminarán su tarea en noviembre y sus conclusiones pueden ser otro elemento que avive la tensión entre el Gobierno y la Justicia.

Atrás quedó esta semana la tensión de las anteriores cuando el Gobierno le vació a Rosenktrantz la reunión donde el juez invitó a los organismos de derechos humanos para avanzar con los juicios de lesa humanidad.

El único chisporroteo de esta semana entre el Gobierno y la Corte estuvo dado por la capacitación en cuestiones de género. La ministra de la Mujer Elizabeth Gómez Alcorta entiende que la ley obliga a que los cinco jueces de la Corte se sienten una hora en un zoom para que les dicte un taller sobre cuestiones de género. Los invitó por carta y no obtuvo respuesta. El presidente Alberto Fernández el 25 de septiembre pasado acusó directamente a Rosenkrantz de incumplir la Ley Micaela por. La respuesta la dio mediante un comunicado la jueza Elena Highton de Nolasco, a cargo de la Oficina de la Mujer, donde le contó todo lo que vienen haciendo desde hace 11 años.

En las últimas semanas hubo un acercamiento y pulieron diferencias el Gobierno y la Corte, pero cuando avanzaba el diálogo, la situación se volvió a tensar este jueves y los jueces y la ministra Gómez Alcorta cruzaron escritos flamígeros. La Corte le dijo que ellos se capacitaban a sí mismos y la ministra insistió con que es el Ejecutivo el que debe hacerlo. No quedaron en nada.

Los jueces de la Corte escucharon esta semana como la gente en el Obelisco se acordó de ellos para reclamarles que intervengan como último freno al avance de la impunidad y el cambio de reglas de juego. Leyeron sus nombres en los carteles manuscritos que escribieron con marcador los manifestantes, la mayoría votantes de Cambiemos.

Pero los jueces de la Corte prefieren el clima de distención, buscan asilarse de estas protestas para decidir y no están a gusto sometiendo cada decisión a la lupa de la política, pero saben al mismo tiempo que es cuestión de tiempo para que vuelvan a retumbar los tambores de guerra.

Por: Hernán Cappiello