Por Cecilia Devanna

 

En menos de 90 horas, Alberto Fernández pasó de decir que el fallo de la Corte Suprema de la Nación en el marco del conflicto por la coparticipación era de “imposible cumplimiento” a instruir “a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

En la Casa Rosada reconocieron que si se mantenía la decisión inicial, funcionarios de distinto rango iban a quedar alcanzados por la negativa a cumplir con el fallo e iban a tener tener problemas judiciales. La preocupación trepó hasta las alturas del Gobierno. “Planteaban serias objeciones, que eran completamente atendibles”, completan. “Había un impedimento imposible de saltear y a partir de ahí se empezaron a ver alternativas”, detallan en defensa de la decisión de pagar.

La necesidad de cambiar de estrategia se consultó con el ministro de Economía, Sergio Massa. En las conversaciones con Hacienda se decidió avanzar con el pago con bonos. En la Casa Rosada argumentan que existe un antecedente del gobierno de Mauricio Macri, en la cancelación de una deuda con la provincia de Córdoba.

Mientras funcionarios del Ejecutivo asignaban a Massa un papel central en la estrategia de pagar con bonos, en el Ministerio de Economía relativizaron el impacto de su intervención. Fuentes del Palacio de Hacienda aseguran que “solo planteó la contracautelar en la apelación y la propuesta de una ley para pagar”. “Eso fue todo”, enfatizan. Y aseguran que “quien decidió la diagonal fue el presidente”. También celebraban la “encerrona” en que, según interpretan, quedó Horacio Rodríguez Larreta.

Massa, que mantuvo silencio público sobre el tema, quedó alcanzado públicamente por la polémica cuando el viernes, desde las filas del Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro, se lo señaló como de quien dependía o no la efectivización del pago al gobierno de Rodríguez Larreta. La mención ameritó una respuesta desde Hacienda, en la que aludieron a todos los pasos en el procedimiento. Fue la primera muestra de tensión entre ambos, quienes figuran como eventuales candidatos a presidente del Frente de Todos, desde que Cristina Kirchner anunció que descartaba presentarse en las próximas elecciones.

Cerca de Fernández aseguran que todos los diálogos por el tema se dieron durante todo el fin de semana y como muestra de “consenso” señalan que hasta De Pedro, distanciado con el Presidente, fue el encargado de firmar en reemplazo de Juan Manzur, jefe de Gabinete, quien se encuentra de viaje por Israel.

Con los gobernadores, por otro lado, que el jueves tuvieron un rol preponderante, no se habló de forma directa en el último giro. En Balcarce 50 explican que fue porque, a su entender, “no se violó lo que charló el jueves” por que la decisión que se toma, “no es contradictoria con lo que se pensó originalmente”. En esa línea, insisten, en que lo que se tomó fue “otro camino legal”. E insisten que el resto de los planteos y recusaciones a los jueces se mantendrá tal cual estaba planeado

Pero las lecturas no son unívocas y también están quienes aluden a que la decisión de ejecutar el pago se dio a conocer en la víspera de la apertura de los mercados este lunes. Tanto en la órbita de la justicia como de la política, incluso dentro del propio oficialismo, apuntan a que el momento elegido para publicar los tweets de Fernández tuvo que ver con la apertura del universo financiero y a tranquilizar los mercados.

En esa línea se ubican los reclamos que se sucedieron el mismo viernes, apenas horas después de conocerse la decisión de Fernández y los 14 gobernadores, cuando se sumó el impacto de los comunicados de entidades económicas que plantearon en distintas ocasiones su preocupación por la postura de incumplimiento desde el Ejecutivo de lo ordenado por la Corte.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) hasta la Asociación Empresaria Argentina (AEA) pasando por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) el Foro de Convergencia, el Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), entre otras, fueron solo algunas de las que habían hecho saber la preocupación.

“En el medio talló una repercusión no solo judicial e institucional sino también económica. Fijate por la hora, lo hacen antes de que abra todo. Era una hecatombe”, resumió una fuente al tanto de los pormenores de los efectos que podrían sucederse a nivel económico. . Para graficar el impacto de la situación si se mantenía lo acordado el jueves, se apeló a la figura del juego de mesa Jenga. “Lo que iba a pasar era como sacar los tres bloquecitos de abajo”, aludió en referencia a que se caería todo lo demás.