En la órbita del ministerio de Planificación de Julio De Vido subsisten varias cuestiones clave pendientes de definición que involucran a las privatizadas, petroleras y contratistas del Estado.

Combustibles, reclamos tarifarios, megaproyectos polémicos y atrasos en los contratos en marcha constituyen los principales ítems que aguardan alguna respuesta del Gobierno de cara a la nueva realidad.

En el área de Energía, sobresalen dos problemas centrales que los funcionarios no podrán esquivar en el corto plazo.

Uno de ellos gira en torno a los precios de los combustibles.

Tras el congelamiento que dispuso a fines de julio Guillermo Moreno, la empresa Shell obtuvo un fallo judicial favorable para seguir ajustando los precios. Las restantes petroleras esperan expectantes el próximo paso de Shell para volver a las subas graduales en los surtidores.

Los estacioneros también presionan por nuevos incrementos para mejorar sus ingresos.

El segundo desafío energético pasa por frenar la constante caída de la producción y las reservas hidrocarburíferas que se registra desde el inicio de la gestión kirchnerista. Para eso el Gobierno tiene que asumir el costo político de reconocerle a los productores de petróleo y gas mayores precios internos que permitan recuperar las inversiones.

Por el lado de las privatizadas, los planteos más urgentes tienen que ver las renegociaciones contractuales y los ajustes tarifarios que se habían comprometido y que nunca se aprobaron.

Desde hace más de un año, las compañías eléctricas y gasíferas están esperando la autorización oficial para aplicar los aumentos que les corresponden por los nuevos contratos y el reconocimiento de los mayores gastos operativos y laborales. Además del cepo tarifario, Metrogas y TGN conviven con interventores oficiales que siguen de cerca todos sus gastos.

En sector vial, se registra una situación dispar. Las operadoras de los accesos a la Capital tuvieron este mes un aumento promedio del 20% que recompuso parcialmente sus cajas. En tanto, las concesionarias de las rutas nacionales arrastran una demora de cinco meses en la aprobación de las obras que por contrato ya tendrían que tener en ejecución.

En el área de Transporte, la atención principal recae sobre los niveles tarifarios. La decisión política de no tocar los boletos (en la última década sólo subieron un 25% promedio) disparó en forma exponencial el pago de subsidios a las empresas de transporte.

Hoy los subtes, trenes y colectivos urbanos de todo el país se llevan unos $ 700 millones por mes.

Si persiste este criterio, en 2011 los subsidios compensatorios de los mayores costos y salarios podrían escalar hasta los $ 1.000 millones mensuales.