El fallo de la Cámara Civil y Comercial, que extendió la medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del inmediato proceso de desinversión que dispone la ley de medios fue una lección para el Poder Ejecutivo. Pero la durísima declaración que, horas antes de ese fallo, emitió la Comisión Nacional de la Independencia Judicial, que nuclea a gran parte de los magistrados de todo el país, constituyó un hito en la relación entre el Poder Judicial y el gobierno kirchnerista.

Así como el 13-S y el 8-N representaron el hartazgo de buena parte de la ciudadanía ante un gobierno que comenzaba a acostumbrarse a la imposición del miedo como política de Estado, la jornada de ayer, el 6-D, podría ser definida como el símbolo del momento en que los jueces dijeron basta a las desmesuras del Poder Ejecutivo.

El límite a las presiones y a los abusos de poder llegó de la mano de la Justicia. Tarde, pero seguro.

Debieron soportar los magistrados toda clase de atropellos, por la vía de amenazas y recusaciones de parte de funcionarios gubernamentales. El colmo fueron las confesiones del propio ministro de Justicia, Julio Alak, y de conspicuos dirigentes del oficialismo, como el diputado Carlos Kunkel, cuando dieron a entender que cualquier fallo que contrariara la voluntad del Poder Ejecutivo debía ser interpretado como un "alzamiento" o como un "golpe institucional para romper la continuidad de la democracia en la Argentina".

Pareció hasta negarse de ese modo la facultad y el deber del Poder Judicial de juzgar la constitucionalidad de las leyes. Y lo más insólito fue que ese criterio emanara de la boca del ministro de Justicia, que por eso se ha hecho merecedor de varios pedidos de juicio político.

Claro que tales actitudes encuentran su justificación en afirmaciones públicas de la propia jefa del Estado, quien no hace mucho cuestionó a una Justicia que impide "el funcionamiento del Estado", como si los jueces no fueran parte del Estado y como si el Estado se agotara en el Poder Ejecutivo, es decir, en ella misma.

Desde hace mucho, la Presidenta habla de la "corporación mediática", popularizada desde el oficialismo como "la corpo". Ahora, ha sumado a su lista de enemigos a la "corporación judicial".

Tal vez no sería nada si se desconociera que, en muy pocos meses, Cristina Kirchner encontró duros cuestionamientos en la clase media, en buena parte del sindicalismo -incluidos los grupos que supuestamente le son fieles-, en fuerzas de seguridad como la Gendarmería y la Prefectura, en los jubilados a los que llamó "caranchos" y en la Iglesia. La incapacidad de la Presidenta para tender puentes con vastos sectores de la sociedad está quedando cada vez más en evidencia. Y no resulta descabellado aventurar que esa situación, sumada a la virtual imposibilidad de aspirar a su reelección, irá aislándola progresivamente de los líderes territoriales del justicialismo.

Las desequilibradas reacciones de los últimos días por parte del gobierno nacional frente a los reveses en la Justicia son el producto de una natural impotencia: la que dictamina que la pretensión de gobernar la Nación de la misma forma que el kirchnerismo manejó Santa Cruz, sin justicia ni prensa independiente y con un gobernador convertido en amo y señor, resulta una utopía cada vez más descabellada..