Las pericias confirmaron las primeras sospechas: el incendio en la sede del Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín fue intencional. “Se encontró combustible y no hubo un cortocircuito”, confirmó anoche a Clarín el fiscal a cargo de la investigación, Paul Starc. Ahora se intenta identificar a los autores materiales. Hay dos personas en la mira. Una cámara de seguridad los muestra en el lugar a la hora del hecho. Pero las imágenes son de baja calidad y no permiten identificarlas.

Los investigadores ya lograron determinar que el fuego comenzó a las 5 de la madrugada del jueves, en el primer piso del edificio ubicado en la calle Yapeyu al 1900, de San Martin, donde funciona el TOF que integran los jueces Elbio Osores, Germán Castelli y Daniel Petrone. Minutos antes, dos personas salieron del inmueble. El dato surge de las cámaras de seguridad de un comercio cercano. Los mayores daños se generaron en el primer piso del edificio, mientras que en la planta baja se encontraron encontrado bidones con combustible que no se llegó a quemar durante el incendio.

El fiscal Starc dijo ayer en declaraciones radiales que los autores materiales "tenían logística y conocían el lugar bastante bien”. Se sospecha que ingresaron por los techos.

Ayer declararon los dos gendarmes que custodiaban el edificio. “Dijeron que no escucharon nada y no aportaron ningún elemento valioso para la causa”, confirmó anoche una fuente de la investigación.

Los dos efectivos prestaron declaración en el juzgado federal de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, quien ayer ordenó varias medidas de prueba. Se busca determinar qué antenas de celulares se activaron en la zona del incendio y también intentan encontrar huellas en la escena del hecho. Además, funcionarios judiciales trabajan desde ayer en el conteo y la identificación de los expedientes quemados. Una vez que concluya esa tarea, buscarán reconstruir el material dañado o perdido.

En el lugar del incendio, donde se tramitan causas sensibles de narcotráfico, apareció una amenaza contra la gobernadora María Eugenia Vidal. “Vidal andate de San Martín”, decía el mensaje escrito con letras recortadas de páginas de revistas y termina con la palabra “droga” y la foto de una pistola. El ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo vinculó ese mensaje con la pelea que dio el Gobierno contra las “mafias”. Y habló de “zona liberada”, lo que generó una respuesta del intendente local, Gabriel Katopodis.

El incendio generó preocupación en el mundo judicial. Ayer, casualmente, varios jueces federales se reunieron en San Martín para la jura como camarista de Juan Pablo Salas y hablaron sobre el episodio. Entre los asistentes se destacaron los jueces Sergio Torres, Sebastián Ramos, Sebastián Casanello y María Servini. También dijeron presente la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de la Policía Federal. Néstor Roncaglia. 

En tanto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación condenó "el mensaje mafioso implícito que conllevó ese acto contra la gobernadora provincial María Eugenia Vidal". Y pidió "un rápido esclarecimiento del hecho, que retrotrae a las épocas más oscuras que vivió la Argentina".

También se refirió al episodio el juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, quien advirtió que fue "un ataque institucional a los tres poderes del Estado". En declaraciones a la agencia DyN, el magistrado sostuvo que en el máximo tribunal el hecho "genera una profunda preocupación" y opinó que "el modus operandi repite lo que ha pasado en otros países con hechos mafiosos".