El ministro de Justicia Martín Soria expuso este lunes en la Cámara de Diputados y propuso modificaciones a la reforma del Ministerio Público aprobada en noviembre en el Senado, que otorgarían poder a los fiscales para participar de los procesos disciplinarios y le asignarían a Alberto Fernández la última palabra en la definición del sucesor temporal del procurador interino Eduardo Casal.

Los retoques surgieron de las reuniones de Soria con el presidente de la Asociación de Fiscales Carlos Rívolo; y el de la de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Marcelo Gallo Tagle. Se trató así de otro capítulo de la alianza tácita del Gobierno mantiene con la corporación judicial, que tuvo algunos episodios como el acuerdo en la Consejo de la Magistratura para que canjear pliegos de jueces. 

Aunque en esta oportunidad Soria sorprendió a diputados kirchneristas como Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, quienes advirtieron sobre el riesgo de empoderar a los fiscales o quitarle atribuciones a la bicameral de seguimiento del Ministerio Público.

De todos modos, no se modifican los dos aspectos centrales de la reforma con media sanción: el final del interinato de Casal, la posibilidad de elegir a su sucesor con la mitad más uno de los miembros del Senado (mayoría absoluta), que ostenta el frente de Todos; y el final de su rol vitalicio para tener un mandato de 5 años, con chances a reelegir por el mismo plazo. 

Para llevarlo a un juicio político se podrá iniciar un proceso con la mayoría simple de Diputados, pero para concluirlo será necesarios los dos tercios del Senado, aunque se garantizará el derecho a defensa. Con la ley actual esta mayoría se necesita para nombrar al procurador y hace cuatro años que no se reúne por el rechazo de las oposiciones de turno. 

"Si el mandato del Procurador ya no es vitalicio, las mayorías necesarias para su designación pueden y deben ser distintas", sostuvo Soria y recordó que esa fue la propuesta del ex ministro Germán Garavano. "Los únicos países que tienen procurador vitalicio en América Latina son Argentina y Cuba", destacó.

La principal modificación respecto al proyecto aprobado en el Senado e impulsado por Cristina Kirchner es que el Tribunal de Enjuiciamiento seguirá con 7 miembros, pero tendrá 2 y no 3 miembros del Congreso, uno por la mayoría y otro por la minoría. 

Si el mandato del Procurador ya no es vitalicio, las mayorías necesarias para su designación pueden y deben ser distintas.  

Se mantiene un representante del Consejo universitario nacional (CIN), un abogado de la matrícula referida al proceso en cuestión (nacional o federal), pero pasará de uno a dos la representación de fiscales, con la obligación de respetar la paridad de género.

Para la toma de decisiones en general alcanzaría una mayoría absoluta 4 miembros del Tribunal, pero para remover o suspender a un acusado se requerirán dos tercios, o sea, 5, un número que sería difícil de alcanzar por el oficialismo de turno. Además, la presidencia no será para un legislador sino que rotará semestralmente por sorteo. 

Cristina tiene en la mira este tribunal porque pretende que llegue al banquillo el fiscal Carlos Stornelli, quien nunca fue acusado pese a quedar procesado en una causa por espionaje ilegal y negarse ocho veces a declarar. Casal apeló a un consejo evaluador para pisar su expediente. 

"Me parece que si los fiscales tienen que sumar un lugar no deberían restárselo a los legisladores, sino a otros estamentos", sugirió Moreau, pero Soria no estuvo de acuerdo. "En la composición actual el Congreso tiene un miembro, en el proyecto 3, con esta medida logramos mayor consenso", explicó.

No fue el único gesto a los fiscales: mantendrán la actual conformación de los jurados y no la del proyecto, que preveía sumar a juristas invitados. Sí se sostendrá la publicidad de la selección mediante sorteo público, teniendo.

Las atribuciones que el proyecto le daba a a la bicameral de seguimiento del Ministerio público, que Cristina controla por su mayoría en el Senado, fueron motivo de quejas de fiscales y aliados, a quienes Soria tuvo en cuenta en su contrapropuesta. 

Por caso, le quitó a la bicameral el rol de definir los interinatos: sólo podría armar un terna para que elija el presidente. Ocupará el cargo por un máximo de 6 meses y alcanzará con tener 5 años de fiscal general y no 10, un requisito que excluía a las mujeres.

El paquete de modificaciones incluye más garantías a la perspectiva de género, como la paridad en las ternas, las temáticas referidas a ese asuntos incluidas en los casos del concurso y la capacitación de los postulantes. Una de las primeras acusaciones de Soria contra Casal al inicio de la exposición, fue por la resolución que firmó para pedirles a un grupo de fiscalas que no vuelvan a verlo. 

Justamente, lo habían visitado para pedirle más presencia en el Ministerio Público, que tiene sólo el 18% de los cargos ocupados por mujeres. "Lo vamos a tratar en la bicameral de seguimiento, que es la que nos permite seguir de cerca esos temas", destacó Tailhade, en un mensaje de cierto malestar por el nuevo texto de la ley que restringe en forma explícita sus atribuciones.

 Tailhade tuvo a cargo la coordinación del plenario por ser presidente de la Comisión de Justicia. Cambiemos no asistió, porque temían no poder repreguntar. "Eso es falso: nunca les dije que se les limitaría la palabra. Se trata de un nuevo episodio de sobreactuación de Juntos por el Cambio. Se ve que necesitaban usar tuiter y sacaron el documento que no está a la altura de la democracia".

Rodolfo Tahilade. 

La ausencia de Cambiemos no impidió que la reunión se extendiera por cuatro horas, cargadas de críticas del ministro al procurador y a la oposición ausente. "Tal vez la solución era simplemente dialogar. Por eso es que llama la atención, yo lo lamento, lo tengo que decir, que los mismos que querían modificar esta ley que hoy estamos analizando, los mismos que querían modificar esta ley allá en el Gobierno anterior, en los años 2016 y 2017, hoy no quieran participar de esta reunión", lanzó. 

 "Es el interinato más grande que se haya visto. Una falta de conducción que termina repercutiendo sobre todo el organismo y el sistema de justicia. Pero que nadie se confunda: este proyecto de reforma no tiene que tener nombres propios. El procurador interino más temprano que tarde tendrá que irse", aclaró Soria y destacó las reuniones con Rívolo, Gallo Tagle y la defensora general Stella Maris Martínez.  

En la ronda de preguntas no hubo cambiemistas pero sí aliados y posibles ayudas para alcanzar la mayoría como el mendocino José Luis Ramón, jefe del bloque unidad para el desarrollo, quien pidió dejar explícita la presencia de abogados de la matrícula federal en el Tribunal de enjuiciamiento y aventuró con una futura elección de fiscales por voto popular.

Diego Sartori, del Frente de la Concordia de Misiones (cuyos tres miembros integran el bloque de Ramón), preguntó sobre cómo mantener la autonomía del procurador elegido por mayoría simple. "Esta ley, con todas estas modificaciones, viene a proteger la garantía autonomía e independencia tres cuestiones: primero, en materia de financiamiento: vamos garantizar la autarquía financiera del Ministerio Público devolviéndole el financiamiento que Macri le quitó", respondió. 

También intervino Moreau. "Es importante que el ministro se reúna con los gobernadores y les explique que esta reforma es una garantía del federalismo".  Sartori no era parte de las comisiones reunidas (Asuntos Constitucionales y Justicia) pero pidió hablar. Con los 6 del bloque de Ramón, el aporte de un trío que suele ayudar (el santacruceño Antonio Carambia, el riojano Felipe Álvarez y la neuquina Alma Sapag), el Frente de Todos queda a dos votos de la mayoría.

Necesita escarbar entre los federales, 11 diputados divididos en 4 cordobeses, 3 lavagnistas, 2 socialistas santafesinos y dos peronistas sin jefes: Eduardo Bucca y el salteño Andrés Zottos. Soria y Sergio Massa buscarán captar a algunos de ellos con las modificaciones propuestas.